Tres de julio. Treinta mil ciudadanos marchan por el centro de Buenos Aires hasta la plaza de Mayo. Caminan bajo la lluvia con tiempo frío y desapacible para condenar la violencia policial que causó la muerte de los jóvenes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Ambos fueron abatidos por la policía en la jornada de protesta del 26 de junio contra el desempleo y el hambre convocada por el Bloque Piquetero Nacional de desempleados y jubilados, algunos sindicatos y grupos de izquierda. Hubo más de 160 detenidos y más de cien heridos, algunos fueron llevados a servicios de urgencias con impactos de bala y tres tuvieron que ser operados de inmediato.

El Gobierno, incapaz de sacar al país de la severa crisis económica, tras anunciar que «las fuerzas de seguridad prevendrían la violencia», permitió o alentó que la policía la utilizara desproporcionadamente durante esa jornada. El diputado Luis Zamora acusó a las fuerzas de seguridad de haber secuestrado a jóvenes manifestantes que eran atendidos en un hospital «como en la época de la dictadura» y que furgonetas policiales persiguieran sañudamente a manifestantes aislados.
Ante la feroz represión con heridos y muertos, Eduardo Duhalde se escabulló de cualquier responsabilidad: «Nuevamente quienes deben custodiar el orden han llevado a cabo una atroz cacería». Pero esto lo dijo tres días después de los hechos, cuando la televisión mostró a la policía disparando proyectiles de plomo contra manifestantes que huían. Hasta que hubo pruebas, los responsables de muertos y heridos eran los propios manifestantes según el gobierno. Tres ministros de Duhalde (los de Exteriores, Interior y Jefe de Gabinete) pidieron ’mano dura’ contra los piqueteros en la jornada de protesta.

La gravedad de la represión no oculta, sin embargo, la situación de desesperación social que se incrementa semana a semana. Más del 40% de ciudadanos argentinos en edad laboral no tiene empleo y ya hay más de 18 millones de pobres: un 51% de la población. En los últimos cinco meses, el número de pobres se ha incrementado en casi cuatro millones más, es decir, 25.000 argentinos pobres más por día. El INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) considera pobre al que gana menos de 625 pesos al mes: unos 5 dólares diarios.

Y, entre tanto, el Gobierno de Duhalde suplica al Fondo Monetario Internacional (FMI) que se demoren pagos de vencimientos de este año y del próximo por la cantidad de 9.000 millones de dólares; el 16 de julio próximo vencen ya pagos de 5.000 millones. El FMI, a cambio de su ayuda nada desinteresada, exige reformas económicas con gravísimas consecuencias sociales, algunas de las cuales, en el mejor de los casos, perjudican a grandes grupos de población. La famosa teoría neoliberal de que el pastel ha de crecer para repartirlo. Lo malo es que siempre hay grandes sectores de la ciudadanía que nunca llegan a catar ni un trocito de ese famoso pastel.

Sobre lo que busca el FMI con las reformas exigidas, da que pensar que el presidente Duhalde, cumpliendo las exigencias del Fondo, haya vetado recientemente un artículo de la Ley de Subversión Económica que imponía de 6 meses a dos años de prisión a los responsables financieros cómplices por acción u omisión de la organización o encubrimiento de fugas de capital. Más de 105.000 millones de dólares de patrimonios argentinos están fuera del país; esa es una de las causas de la actual situación, junto con una corrupción galopante y descomunal, como hemos denunciado en más de una ocasión. El FMI no muestra demasiado interés por atajar esos problemas y sí por recortes presupuestarios, sobre todo sociales.

Pero, como no solo de economías desiguales e injustas viven las minorías dirigentes, Duhalde ha aprovechado la conmoción de los últimos días para anunciar la anticipación de las elecciones presidenciales al mes de marzo y ha anunciado la salida del gobierno de los ministros de la Unión Cívica Radical, que accedieron a la formación de un ejecutivo de concentración nacional. Sospechan los radicales que su salida del gobierno pudiera ser para que éste, ya monocolor, pueda apoyar sin trabas y sin rubor al candidato peronista en las elecciones presidenciales anticipadas.
Eduardo Camaño, presidente del Congreso de los Diputados, ante tanto malpensado ha echado un capote a su correligionario Duhalde explicando que, si ha convocado elecciones anticipadas, es porque «ha cumplido con su palabra; se está yendo ahora que está resolviéndose la crisis que vive el país». Al margen de que no se sabe qué datos maneja para decir que se esta resolviendo una crisis que incorpora diariamente 25.000 pobres más a la desigualdad nacional. No opina lo mismo la diputada y presidenta del ARI (Argentinos por una República de Iguales), Elisa Carrió, que acusa a Duhalde de que la convocatoria de elecciones anticipadas es fruto del pacto entre él y Menem para, entre otras cosas, asegurar la impunidad de los nueve magistrados de la Corte Suprema que se enfrentan a un juicio político por corrupción.

A la vista de todo, cabe temer que Argentina no va a poder salir de la crisis que hace sufrir a millones de ciudadanos porque los responsables de la bancarrota del país (anteriores y actuales) continúan malgobernando, mangoneando y asegurándose los lugares de privilegio.

Xavier Caño Tamayo