Ciudad Juárez: asesinatos en serie de mujeres

En mayo de 1993 la niña Gladys Janeth Fierro, de doce años de edad fue raptada y luego estrangulada. Su cuerpo sin vida fue encontrado en el Lote Bravo, al sur del aeropuerto de Ciudad Juárez. Con este asesinato comenzó una verdadera pesadilla para una de las mayores ciudades del norte de México que se hallan a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Se trataba del primer eslabón de una serie de asesinatos de mujeres que sigue hasta la fecha.

A lo largo de los diez años transcurridos desde que comenzó la serie de asesinatos, Ciudad Juárez se consolidó como centro de maquila. En ella se establecieron multitud de empresas norteamericanas que daban trabajo seguro y un sueldo muy bajo para aprovechar la habilidad manual de las mujeres mexicanas, muchas de ellas indias.

La maquila se vio en dificultades cuando la recesión de Estados Unidos comenzó hace dos años. El milagroso repunte económico norteamericano de los últimos meses,en que su economía se desarrolló a más de 7 por ciento, no repercutió favorablemente en el mercado de trabajo mexicano. Al contrario, las cifras de desempleo siguen arrojando decenas de miles cada trimestre y la maquila limitó sus establecimientos. No es de dudar que muchas mujeres desempleadas decidieran arriesgar la vida atreviéndose a cruzar la frontera por la zona desértica para buscar empleo en el vecino país. En este marco de desplazamiento de trabajadoras se ha denunciado la crifra de más de 4 mil desaparecidas; la cifra no es segura porque no incluye a las emigrantes ilegales. Sin embargo, desde el sur de México miles de mujeres siguen llegando a la zona fronteriza, a Ciudad Juárez.

Los asesinatos de mujeres, que en los años transcurridos parecen no obedecer a un patrón criminal porque los cuerpos hallados tienen características diversas, denuncian la actividad de un grupo responsable. El Frente Mexicano pro Derechos Humanos señala a los juniors o hijos de las familias prominentes de Ciudad Juárez. Puede ser, pero puede no ser. Se habla de tráfico ilegal de órganos susceptibles de se trasplantados. Puede ser y quizá no. Lo que es un hecho es que las autoridades policiacas del Estado de Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez, demostraron a lo largo de muchos años una indiferencia y un descuido sospechoso a la hora de investigar los crímenes.

Podría ser un dato mayor el hecho de que a lo largo de los diez años transcurridos desde que comenzó la cadena de asesinatos, es cuando se comenzó a consolidad el poder del Partido Acción Nacional en Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua y luego en todo el país. La figura fundamental del progreso panista es Francisco Barrio, quien fuera alcalde de Ciudad Juárez, gobernador de Chihuahua y recientemente secretario de la Contraloría de la Federación, donde lejos de combatir a la corrupción se dedicó a protegerla.

Finalmente, una vez que las autoridades federales se convencieron de su propia ineptitud para al menos diagnosticar el asesinato seriado, pidió la asistencia de un grupo de expertos de Naciones Unidas, que se dedicó al estudio de los hechos. Hace unas semanas la comisión entregó su informe cuya conclusión es: la ineficiencia y posible corrupción de las autoridades judiciales en Chihuahua han determinado la impunidad generalizada de los responsables de los crímenes.

La comisión de la ONU centra su investigación jurídica y judicial en la deficiente actuación de los jueces de Chihuahua, lo cual, según la ONU, ha multiplicado la multiplicación de las víctimas desde que empezaron los asesinatos "en el gobierno estatal de Francisco Barrio", ahora coordinador de la minoría panista de la Cámara de diputados, después de haber sido tres años el inepto contralor del país.

"La ineficaz procuración de justicia, la consiguiente sospecha de corrupción y el miedo generalizado de la población de Ciudad Juárez, dice el informe, han sido los factores determinantes del divorcio entre la sociedad civil y las instituciones, que ha beneficiado a los resposables de los crímenes". Esta conclusión de la comisión de la ONU partió del análisis exhaustivo, con los pocos elementos que existen en las actuaciones practicadas sobre el asesinato de 358 mujeres, 86 con violencia sexual, entre 1993 y 2003.

Fue a partir de este informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por José Luis Soberanes, que tomó varios años para intervenir y que sólo lo hizo porque de por medio está la ONU, emitió un Informe especial en el que pide la cooperación de la Procuraduría General de la República a las autoridades encargadas de la investigación. Otra propuesta de la CNDH es que se deslinden las responsabilidades de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría general de justicia, del estado de Chihuahua, derivadas de las omisiones en que han incurrido al no realizar las investigaciones adecuadas a los homicidios y desapariciones de mujeres.

Esta actuación llevará al banquillo de los acusados a autoridades del PAN, preludio de la gran exigencia de responsabilidades que tendrá que hacerse al partido político que ha fracturado de manera indeleble al Estado y a la nación.