A la reunión concurrieron líderes de las comunidades víctimas de la acción criminal del Estado y los grupos paramilitares en diversas regiones del país. Asistieron los delegados de organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de las llamadas «zonas aseguradas». Igualmente, se hicieron presentes familiares de personas desaparecidas y miembros de asociaciones de desplazados; organismos de derechos humanos que acompañan a las comunidades en las regiones; así como voceros de organizaciones políticas y sindicales sometidas a campañas de eliminación sistemática.

Silenciar o estigmatizar públicamente a las víctimas y a los sobrevivientes de los crímenes contra la humanidad hace parte de las estrategias de impunidad que se ha querido imponer en Colombia. En esta medida, las exigencias de justicia y reparación de quienes han sido gravemente lesionados por la violencia son desconocidas o tratadas como demandas desmesuradas de grupos movidos por sentimientos de venganza, que impiden la reconciliación de la sociedad. Como parte de esos mismos mecanismos de exclusión, dentro del universo de personas y sectores víctimas de la guerra se han establecido estratificaciones claramente delimitadas. Dependiendo de la condición social y de las afinidades políticas, el Estado da un tratamiento preferencial o discriminatorio a quienes han sufrido el impacto de los crímenes atroces en el marco del conflicto armado. Con estos procedimientos se persiguen múltiples fines. No solo se logra invisibilizar a la mayoría de quienes son perseguidos, sino también se les coloca, a través de la deslegitimación de sus reivindicaciones, en situaciones que propician nuevos actos de victimización. La pronta satisfacción de las demandas de justicia y reparación de sectores privilegiados es utilizada como argumento para intentar demostrar el cumplimiento de las obligaciones estatales en este campo.

Por todas estas razones, el propósito del encuentro realizado en Bogotá fue abrir un espacio de expresión y deliberación para las víctimas, cuya posición es intencionalmente excluida del debate público. Esta deliberación tiene especial pertinencia en momentos en que se están tomando medidas que de hecho implican perdón y olvido para crímenes atroces perpetrados por miembros de los grupos paramilitares y agentes del poder estatal. En consecuencia, las dos jornadas de la reunión estuvieron consagradas fundamentalmente a la presentación de los testimonios y puntos de vista de los participantes.

El evento abordó tres temas centrales. En primer lugar, hizo una valoración de las nuevas realidades que están emergiendo a la sombra del llamado «proceso de negociación» con los grupos paramilitares. Dicha valoración mostró que mientras se habla de «negociaciones de paz» entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el Gobierno Nacional, vienen enraizándose dinámicas de consolidación del dominio paraestatal en diversas regiones del país. En segundo lugar, se abordó el debate sobre los criterios, las condiciones y los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. Finalmente, el encuentro reiteró que sin la participación activa de las víctimas todo proceso de reconciliación social será ficticio. Con el objeto de potenciar esa participación en la controversia pública, el evento aprobó la decisión de avanzar hacia la construcción de un movimiento nacional de víctimas de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Para este fin, adoptó el «Manifiesto por la verdad, la justicia y la reparación integral» y un plan de acción estratégico conducente al desarrollo de procesos organizativos regionales que converjan en la convocatoria de un encuentro nacional a mediados del año 2005.

Iván Cepeda Castro