-¿Económicamente va bien el primer año de Kirchner?

-Este gobierno ha tenido sus mejores definiciones en materia de política de derechos humanos y en el plano de las relaciones internacionales. Pero en el terreno económico no se observa ninguna reversión orgánica seria que apunte a reformular el régimen. Y esto se expresa en dos puntos: el trato con los acreedores y la relación con las privatizadas. Primero, compartimos que el gobierno haya señalado la corresponsabilidad entre el FMI y los anteriores gobiernos de nuestro país. Pero en la práctica el gobierno reconoce al FMI, los acreedores privados y los acreedores multilaterales como el Banco Mundial y el BID, como los privilegiados para el país. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado el compromiso ya asumido de asegurar el 3 por ciento del PBI como superávit fiscal que será el fondo de transferencia que Argentina garantiza para pagar deuda. Eso implica que Argentina se compromete a transferir montos superiores a los transferidos durante la década de la convertibilidad y el promedio en estos últimos cuatro años. Apenas es un límite sólo si se lo compara con los pedidos de los acreedores. El gobierno le otorga al FMI capacidad de inmiscuirse en las decisiones internas de política económica. Esto supone la imposibilidad de modificar el régimen económico que viene heredado del neoliberalismo.

-¿No hay modificaciones pese a la devaluación?

-En primer lugar sigue la apertura de la economía, que sólo se ve alterada por la modificación del tipo de cambio, pero no hay una estrategia que garantice la puesta en marcha de la industria nacional con integración en lo regional. Falta una serie de definiciones del régimen fiscal puntualizando algunas medidas de carácter impositivo que el país necesita, y falta ponerle límites al FMI para poner en marcha un programa social de carácter universal que restituya los derechos básicos a los argentinos.

El otro tema está vinculado a las privatizaciones, donde de hecho el FMI ha actuado como un "lobbysta" limitando la capacidad de negociación del gobierno que en un primer momento planteó una serie de gestos importantes como haber dado de baja la administración del correo por parte de Macri, o haber establecido una suerte de congelamiento de las tarifas, o en todo caso la reestatización del espacio radioeléctrico. Gestos muy relevantes pero que a la postre no pasaron de buenas intenciones. El régimen monetario no se ha alterado porque la moneda de referencia sigue siendo el dólar.

-¿Y con la deuda externa?

-El error es establecer al FMI como acreedor privilegiado girando transferencias que superan históricamente el promedio girado por Argentina. Posponer la discusión sobre política económica con el FMI implica cuestionar lo que serían los instrumentos económicos indispensables para poner en marcha una estrategia de reindustrialización y de redistribución del ingreso.

-¿Cómo entender el supuesto crecimiento que plantean algunos sectores?

-El hecho de que la economía crezca como ha crecido desde una situación de pozo a partir de mediados de 2002 es un tema objetivo. El tema central es que mientras Argentina crece, de cada cien pesos del nuevo crecimiento el 30 por ciento más rico captura 65 pesos y el otro 70 por ciento vive con los 35 pesos restantes. Hay crecimiento sobre la base de la herencia dejada por el neoliberalismo que es lo que no ha sido puesto en cuestión. Y esa herencia supone desindustrialización y afirmación de un patrón distributivo fuertemente injusto. Para abordar el debate sobre cómo se crece y para quién se crece hay que poner en la agenda la reindustrialización y redistribución del ingreso, cuestiones que este gobierno aún no ha puesto en marcha y son las que se dan de patadas en el debate permanente con el Fondo acerca de cuál es la política económica. Y por otro lado el hecho de que se haya purificado el tipo de cambio yendo de uno a tres pesos, no implica que se haya modificado el régimen económico.

Lo que hay es una suerte de modificación de una de las variables, pero el régimen en sus definiciones centrales sigue igual. El régimen de alta concentración de los mercados sin regulación, sigue presente. Y eso se ve en la crisis energética, donde el oligopolio representado por Repsol, YPF y Petrobras logra retener el gas para obligar a un aumento de tarifas y el precio del gas en boca de pozo.

El debate argentino no es crecer o no crecer, sino cómo se crece y para quién se crece. Y el problema más grave que tiene el gobierno es que habiendo avanzado con definiciones políticas importantes como los derechos humanos, en la justicia y en las relaciones exteriores, mostrando actitudes interesantes como es no reprimir la protesta social, si no avanza sobre la matriz económica del modelo, a la larga los actores que protagonizaron el proceso económico argentino, los grandes grupos, volverán a presionar sobre el Estado en función de sus propios intereses y objetivos.

-¿Qué opinión le merece la nueva empresa nacional de energía?

-Es positiva. Pero creo que debe inscribirse en el marco de un nuevo esquema regulatorio para el sector, que debería transformar lo que ha sido hasta hoy el papel del petróleo y el gas, convertido por la vía privatista del menemismo en un bien de exportación, cuando debería ser un bien estratégico para el desarrollo argentino.

-¿Y la posibilidad de una "Petroamérica"?

-Me parece bien, pero eso sólo puede crecer en Argentina si hay un sistema regulatorio que revierta el esquema de ganancias que hay en el sector petrolero. Me preocupa quién la componga. Por un lado se habla de la venezolana Petróleos de Venezuela sa, pero por otro lado aparece Petrobras, con lo cual la situación ya es más compleja porque es uno de los actores líderes en el mercado y está gestionada en parte por el grupo Pérez Companc. Me resulta extraño que una empresa así pueda compatibilizarse con una estatal latinoamericana.n