Rosita Helena Manobanda camina lentamente por una de las calles del centro moderno de Quito. Una multitud grita: “luchando, creando el poder popular”. Rosita es una de las jubiladas que tiene más tiempo en huelga de hambre. Diez días sin comer. A los 75 años podría ser fatal. Otros 14 huelguistas no consiguieron soportarlo y murieron en diversas partes de Ecuador.
La protesta, de amplitud nacional, reivindica un aumento en sus pensiones y el cumplimiento, por parte del presidente Lucio Gutiérrez, de la directiva constitucional de reajustar las jubilaciones.
Rosita, como la mayoría de los indígenas de Quito, no vive en el centro moderno. La capital ecuatoriana, comprimida entre las cordilleras andinas, no se escapa a la regla de las metrópolis latino-americanas, que esconden y segregan a sus pobres. Rosita vive en una comunidad al Norte de la capital, en medio de los cerros que cercan la ciudad. El centro moderno, con sus lujosos hoteles, bares, cybercafés y decenas de posadas, es un área casi exclusiva para los turistas, o para quien tiene dinero.
Con sus vestimentas típicas y sombrero negro, Rosita es apoyada por sus compañeros. “Trabajé 45 años pavimentando calles. Hoy mi jubilación no basta para pagar mis cuentas y comprar comida”, explica la ecuatoriana, ex-trabajadora de una empresa pública. Los jubilados en Ecuador no reciben lo suficiente para sus gastos mínimos mensuales. Algunos reciben apenas 6 dólares. “Gasto 50 dólares mensuales incluyendo la luz, la energía y el agua. Sólo consigo comer porque mi hijo me da dinero. Y mi otro hijo emigró a España y me manda ropa”, comentó Rosita Manobanda.
Neoliberalismo
La lucha de los jubilados ecuatorianos es más que un conflicto particular o local. Y talvez sea obra del destino para el gobierno de Lucio Gutiérrez que su desesperada protesta ocurriese en las vísperas del Foro Social de las Américas. El conflicto, que se arrastra desde hace meses sin solución, ganó rápidamente repercusión internacional. “Nuestro dinero está siendo entregado al Fondo Monetario Internacional (FMI). El Congreso Nacional aprobó salario el salario mínimo de 100 dólares y reajustes escalonados para quienes ganan más. Pero el presidente Gutiérrez vetó el proyecto porque dice que no fueron definidas las fuentes de recursos”, explica Vicente Vargas, jubilado integrante del Comité de Huelga.
Más que un hecho aislado, la experiencia de los jubilados dio rostro, sudor y rabia a las reivindicaciones de un movimiento global que lucha contra el neoliberalismo. “Las políticas sociales y económicas de los países de América Latina son definidas por el pago de la deuda externa", decía Bervely Keene, de la Campaña Jubileo del Sur, en una mesa de discusión del Foro Social de las Amèricas. Como dijo Edgardo Lander en una conferencia en el mismo foro: “La idea de que el estado tenga responsabilidades sociales, como los servicios de agua, educación y salud, es corrompida por el neoliberalismo, que privatiza las relaciones sociales”. O, como defendió José Nuñez, de la República Dominicana, en un debate sobre migración: “El libre mercado disocia la posibilidad de desarrollo económico del desarrollo humano”.
Propuestas
Lo cierto es que, después que comenzó el Foro Social de las Américas, el gobierno de Lucio Gutiérrez prometió retroceder y atender las reivindicaciones populares. Claro, todavía no se sabe si va a cumplir la promesa, pero Rosita Manobanda podría volver a comer. La presión popular ha surtido efecto, como había dicho Edgardo Lander:”hoy está abierta la posibilidad de repensar el mundo. La resistencia y la creación atraviesan el país.” O como resumió el sociólogo peruano Aníbal Quijano, sobre la búsqueda de una alternativa: “igualdad entre iguales, y una redistribución equitativa de los recursos humanos.”
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