Proceso de negociación con los paramilitares: ¿hacía una "Caguanización" de derechas?

Sin embargo, son muchos los aspectos coyunturales, estructurales y de largo plazo que generan y mantienen dudas fundadas acerca del éxito y conveniencia para sentar las bases de una paz estable y duradera, según lo afirman importantes sectores de la opinión pública nacional e internacional.

En el corto plazo, el acto formal de apertura de las negociaciones, su lanzamiento oficial y varios de los episodios que lo rodearon, dejan en evidencia que aún existen aspectos de la agenda que las partes no han acabado de esclarecer, e incluso sobre los cuales no existe ni transparencia, ni claridad frente al país. El narcotráfico, la tregua o cese al fuego, la justicia y el papel de la comunidad internacional son algunos de ellos.

En cuanto al narcotráfico, el diario El Tiempo informó sobre la presencia en Santa Fe de Ralito de dos reconocidos narcotraficantes, pedidos en extradición por Estados Unidos: «Víctor Manuel Mejía Múnera, uno de “los Mellizos”, es la verdadera identidad del comandante “Pablo Mejía” o “Pablo Arauca”, del Bloque Vencedores de Arauca, perteneciente al Bloque Central Bolívar. Además, que Francisco Javier Zuluaga Lindo, “Gordito” o el “Gordo Lindo”, es el mismo comandante “Gabriel Galindo”, jefe político del Bloque Pacífico, que depende de “Adolfo Paz” o “Don Berna”, Inspector General de las Auc» [1]. Este hecho, confirma una vez más las íntimas relaciones entre el narcotráfico, especialmente en las etapas de producción y comercialización, y los jefes paramilitares, lo cual se constituye en un cuello de botella estructural para adelantar con normalidad las negociaciones con estos grupos armados.

Sin duda, resulta sorprendente, que se haya generado una polémica a nivel nacional por la presencia de estos dos negociadores en la zona de concentración, por dos razones básicas:

Que al país le ocasione alarma las relaciones entre el narcotráfico y los paramilitares, equivale a desconocer la historia y el origen de estas agrupaciones armadas, quienes no alcanzaron a hacer su aparición en los ochenta, cuando fueron, prácticamente, captados por los narcotraficantes para colocarlos al servicio y defensa de sus intereses económicos, lejos de las pretensiones políticas que Carlos Castaño les quiso imprimir a finales de los noventa, de lo cual ahora, se reclama heredero Salvatore Mancuso. Todo parece indicar que más que comandantes de autodefensas, en el sentido de un grupo armado de derecha para contener y neutralizar el accionar de las guerrillas en sus zonas o regiones de origen, se trata de capos de la mafia que compraron al estado mayor de los paramilitares, la seguridad necesaria para mantener sus actividades ilícitas y la franquicia del presunto acumulado político de las AUC, potenciado a propósito de las actuales negociaciones con el Gobierno nacional.

En segundo lugar, se constituye en un acto de ingenuidad o de cinismo, el hecho de que el Gobierno no haya establecido la identidad de los comandantes paramilitares con los que está negociando desde hace más de año medio. Actitud que contrasta con la celeridad que se imprime para establecer la identidad y la situación judicial de los comandantes guerrilleros, capturados en desarrollo de la política de seguridad democrática. Pero más desconcertante es la respuesta del Alto Comisionado de Paz sobre el acontecimiento de los narcotraficantes, quien al ser interrogado sobre la identidad de sus interlocutores en Santa Fe de Ralito, afirmo:«...no me pidan eso por que no hace parte de mis funciones» [2]

Además, el secuestro del ex senador José Gnecco por parte del frente paramilitar que en la Sierra Nevada de Santa Marta dirige el comandante «Jorge 40», días antes de la inauguración de los diálogos en Santa fe de Ralito, expresa con claridad la fragilidad de la presunta tregua o cese al fuego que esta organización a prometido y no ha cumplido. Tregua que el Gobierno exige como requisito para el inicio de una eventual negociación con los otros grupos alzados en armas. Pero más alarmante resulta las diferencias sustanciales de las partes con respecto a este tema, de entrada el comandante Mancuso exigió como uno de los puntos de la agenda a discutir: «.... la redefinición y la verificación del cese al fuego» [3], en tanto que el Gobierno exigió su cumplimiento inmediato. Aún más cuando este aspecto de la negociación, su cumplimiento y verificación son centrales para permitir una participación más activa de la comunidad internacional en el proceso.

Igualmente, el problema de la justicia, debe ser objeto de mayor deliberación pública. Por un lado está el tema de la extradición, sobre el cual ejerce una gran presión Estados Unidos, pero el Gobierno no ha establecido una opinión clara y los paramilitares pretenden sacarle el bulto. Y por otro está el tema de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la guerra sucia, adelantada por los paramilitares en desarrollo de su confrontación con las guerrillas. En esta materia, nuevamente las distancias parecen ser enormes. Mancuso indicó que era otro de los puntos de la agenda, pero al señalar que se trata de «... seguridad jurídica, derechos civiles, políticos y garantías de reincorporación a la vida civil» [4]. Es decir, pretender cambiar los términos de la responsabilidad que tienen los paramilitares y trasladarla a la sociedad y al Estado.

Otro asunto es la escasa participación del cuerpo diplomático en el acto formal de instalación de las negociaciones, debido a que sólo asistieron los embajadores de Panamá y El Salvador, el nuncio apostólico Benlarmino Estella, el agregado militar de la embajada de Estados Unidos, William Greiff, y un agregado del gobierno de Costa Rica; además de la delegación de la OEA, quien ha acompañado el proceso de tiempo atrás. Hecho que expresa los escollos de legitimidad internacional que tienen los paramilitares, especialmente por su relación con el narcotráfico y su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, puntos centrales de la agenda de la comunidad internacional. Sin duda, esta escasa participación se constituye en la “silla vacía”, de la negociación con los paramilitares, equivalente a la silla vacía de Marulanda en los diálogos entre las Farc y Pastrana.

En síntesis, el reto de las partes es lograr acuerdos parciales y creíbles en los aspectos sustanciales de la negociación para legitimar el proceso en el ámbito nacional e internacional, y no esperar que pasen cuatro años, para que el país asista a una especie de “Caguan de derechas”.