Mentiras y malquerencias de un régimen

En primer lugar, la desmovilización y entrega de armas por parte de un grupo de 70 guerrilleros de Compañía Gaitana de las Farc[1] -con avioneta incluida- en el municipio de Alvarado (Tolima); avioneta que según el gobierno, pertenecía a los comandos elites de esta organización armada. La completa puesta en escena de esta entrega, con la presencia del Alto Comisionado para la Paz y del comandante del Ejercito, así como la presentación del hecho como un golpe estratégico a la estructura militar de las Farc debido la jerarquía de dos de los comandantes desmovilizados, fue ratificado en su momento por la medios de comunicación, insistiendo en las bondades de la política de desmovilización del gobierno.

Desarrollos posteriores se encargaron de sembrar serias dudas sobre la versión gubernamental, ya que el asunto sobre la avioneta que entregaría este frente resulto falsa[2]. Luego se dieron a conocer versiones que permitían dudar de la importancia jerárquica y militar de los comandantes desmovilizados, e incluso trascendió que uno de ellos había sido detenido con anterioridad a la desmovilización.

En síntesis, un montaje con guión preestablecido y su correspondiente manejo mediático con el objetivo de magnificar la actual política de desmovilización del Presidente. Es decir, una mentira oficial con objetivos políticos: sin duda una de las características de los regímenes autoritarios.

Luego, los hechos políticos desencadenados alrededor de la liberación de los dos policías que mantenían retenidos las Farc desde hace 5 meses, permitió revelar otra de las facetas que autoritarismo del Presidente: su posición refractaria y negativa ante las posibilidades de acción de la comunidad internacional en el conflicto colombiano. Es pertinente mencionar este hecho porque nuevamente se le dijo al país una mentira, que además tiene implicaciones muy grandes en los futuros escenarios de negociación.

La acción humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja –Cicr-, fue impedida en primer lugar, por los operativos militares que se realizan en la zona rural de Puerto Asís, ante lo cual el Comandante de las Fuerzas Armadas y el Alto Comisionado de Paz afirmaron que no habían sido informados de esta acción humanitaria. Sin embargo la realización de este hecho se conocía públicamente, y más allá, se sabe que el Circ por mandato y en función de mantener su neutralidad como garantía para su acción humanitaria, informa con anterioridad a las partes de las gestiones que emprende. Lo que resulta grave es que las autoridades nacionales se permitan, en aras de cálculos políticos y electorales generados por la intervención del candidato Álvaro Leyva y del candidato-presidente, colocar en duda la credibilidad de una institución como el Circ.

Si bien posteriormente se produjo la liberación de los policías, no se debe pasar por alto que el hecho reedita una de las constantes de este gobierno: ver siempre en la comunidad internacional una amenaza para desarrollar su política de seguridad democrática. Un caso emblemático lo constituyó el congelamiento o suspensión temporal de la figura de buenos oficios de la Secretaria General de Naciones Unidas para la paz en Colombia. Esta instancia de carácter político, cuyo objetivo era buscar acercamientos entre las partes, nunca tuvo las mejores relaciones con el alto gobierno, debido a que el diplomático encargado -James Lemoyne- tenía serias diferencias sobre el dialogo con los paramilitares, los fallidos contactos con las Farc, y últimamente, sobre la caracterización de la guerra en Colombia, ya que para Lemoyne hay un conflicto armado, en tanto que para el gobierno existe solamente una amenaza terrorista.

Esta actitud de resistencia a la comunidad internacional, que en el caso de las organizaciones de derechos humanos se transforma en abierta hostilidad, sin duda comparte rasgos de los regímenes políticos autoritarios, en particular esa combinación entre descalificación y deslegitimación, sustentada en un discurso que apela al nacionalismo, al igual que lo hace Hugo Chávez en Venezuela.

Pero no sólo se puede advertir esta caracterización en episodios recientes en el mediano plazo, para algunos sectores de opinión, el carácter autoritario de este gobierno se expresa a través de la insistencia de Uribe en considerar que la derrota militar en única vía ante el fenómeno guerrillero, así como en el énfasis en la seguridad como condición necesaria y suficiente para la gobernabilidad y el desarrollo económico; así mismo, en los intentos -aun no conjurados totalmente- de realizar una contrarreforma regresiva a la constitución de 1991, y en el cambio de las reglas de juego políticas e institucionales en beneficio propio generadas por la aprobación de la reelección inmediata. Lo anterior sumado a: el estilo mesiánico con que se maneja la agenda comunicativa del Presidente, el alinderamiento de importantes medios de comunicación a favor de Uribe, y al estilo personalista que le imprime a la gestión gubernamental, expresado en los concejos comunitarios.

Estos aspectos permiten concluir que nos hallamos ante un cambio y un viraje más hacia la derecha con respecto a los presidentes que le antecedieron, quienes gobernaron dentro de los límites impuestos por el tradicional republicanismo de centro derecha que ha caracterizado el régimen político colombiano. Uribe ha decidido rebasar y romper tres “reglas de oro” de ese acuerdo republicano: el manejo por consenso de las relaciones internacionales, la consulta permanente a las fuerzas políticas en materia de procesos de paz, y por ultimo, tal vez sea el asunto que marca la diferencia, mantenerse dentro los parámetros de la democracia formal sin propiciar cambios institucionales de gran envergadura de manera unilateral.