El triunfo electoral de Uribe y el énfasis que su gestión de gobierno ha realizado en la Seguridad Democrática, es sin duda resultado del fracaso del proceso de negociación mantenido entre las Farc, el ELN -en menor medida-, y el gobierno de Pastrana en el periodo de 1998-2002.

La política de Seguridad Democrática ha consistido en desatar una ofensiva militar, política y judicial sin antecedentes contra los denominados factores de violencia, los cuales se supone, impiden el crecimiento económico y social del país en el corto y mediano plazo y amenazan la viabilidad de Colombia como nación.

Sin embargo, en la práctica, esta política se ha reducido a implementar una estrategia militar contra las FARC, y en menor medida contra el ELN. Esto se ha hecho en gran medida a través del Plan Colombia, el cual cuenta con la ayuda la técnica y financiera de la Estados Unidos, y consiste en desarrollar el mas grande operativo militar contra las zonas de retaguardia de las la Farc, ubicadas en los departamentos del Meta y Caquetá, al suroriente del país.

Existen opiniones diversas y contradictorias sobre los efectos e impactos de la aplicación de la política de Seguridad Democrática en este período, las cuales, expresan las profundas diferencias que en la sociedad colombiana se tiene sobre el tema de la paz y el desarrollo.

De un lado, el gobierno nacional insiste en presentar como un éxito la reducción de indicadores de violencia, es decir, la baja en la tasa de homicidios, secuestros y desplazamientos forzados; además, enfatiza que como producto de la ofensiva militar, la guerrilla se ha replegado y se ha logrado disminuir las acciones de ésta contra la infraestructura nacional y la población civil, generando así seguridad y confianza para la inversión nacional y extrajera.

Entre tanto, las organizaciones de derechos humanos indican que existe un agravamiento de la crisis humanitaria en Colombia, especialmente en las zonas donde se desarrollan los operativos militares. Y lo que es aún más grave, la situación de hostigamiento, persecución judicial y militar de la que son victimas la organizaciones políticas y sociales que se oponen al actual gobierno nacional e insisten en la necesidad de buscar una salida negociada al conflicto armado interno.

Otro objeto de debate ha sido el proceso de negociación con las autodefensas que adelanta el actual gobierno, que contrasta con la voluntad de guerra frente a las guerrillas. Los temas críticos de este proceso se relacionan con: la desmovilización de los combatientes “rasos” de lo paramilitares, en la medida en que se han detectado grades fallas en los programas de reinserción a la vida civil de los jóvenes paramilitares; igualmente ha sido un factor de polarización política el instrumento jurídico aprobado en el congreso para facilitar la negociación, ya que sólo conduce a la impunidad y no permite la debida reparación moral, material y simbólica de las victimas.

Por último, las estrechas relaciones entre el narcotráfico y estos grupos armados, sumado a su creciente injerencia en la vida política local y regional, no aseguran que la actual negociación conduzca al desmonte del paramilitarismo, entendido como modelo de dominación económico, social y político de carácter regresivo; al contrario, para muchos sectores se trata de legalizar e institucionalizar el fenómeno paramilitar.

Teófilo Vásquez