Cuando en 1998 el ex-paracaidista del ejército Hugo Rafael Chávez Frías fue electo presidente, con el mandato de reestructurar completamente la “democracia” elitesca venezolana, la oposición andaba casi a rastras. Tan contundente fue su derrota que los dos partidos tradicionales que se habían alternado en el poder desde 1958, ni siquiera postularon sus propios candidatos.
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Al cabo de seis años, luego de un golpe de Estado, dos fracasadas -aunque devastadoras- huelgas generales, y una campaña mediática internacional para presentar a Chávez como un cruel dictador sin apoyo, la oposición venezolana a la “revolución bolivariana en democracia y libertad” de Chávez, ha llegado al punto de no retorno: el referéndum revocatorio. Como último recurso, la oposición se ha apoyado en una estrategia constitucional con la esperanza de lograr lo que no pudieron mediante la fuerza y el chantaje.
No obstante, las cosas nunca están claras con la oposición, y hasta a aquellos que ahora a regañadientes aceptan una vía institucional para revocar a Chávez, les resulta a menudo difícil deslindarse de quienes no se han comprometido, siquiera de mala gana, a respetar la constitución. Junto a la estrategia no-violenta de la oposición también se cierne la macabra amenaza de la violencia: la presencia de paramilitares colombianos recientemente detectada en un campo de entrenamiento en las cercanías de Caracas, es tan solo el ejemplo más preocupante hasta la fecha.
Las encuestas se difunden a diario; pero en lugar de informar mejor a 1a la opinión pública y brindarle mayores perspectivas de opinión, refuerzan en ambos bandos la creencia en la victoria. Sin embargo, la campaña opositora parece decaer ante una movilización chavista sin precedentes, particularmente después de que el lanzamiento, por parte de la oposición, de un proyecto para una Venezuela “post-Chávez” fuese opacado por la revelación del hecho de que tal proyecto fue parcialmente financiado por el National Endowment for Democracy (Fondo Nacional para la Democracia), que a su vez es financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
De hecho, entraron en un callejón sin salida. El haber exigido un referéndum desde el primer día, les permitió cuidar su imagen de comprometidos con la democracia ante los señalamientos por haber apoyado golpes militares y paros empresariales, así como por haber instigado a la violencia callejera. Pero ahora que se va a llevar a cabo, no están preparados; o lo que es peor, están sin apoyo.
Ante una potencial derrota, la estrategia oposicionista parece sustentarse en cómo perder lo menos posible, que en cómo ganar. Desde que Chávez fue electo por primera vez en 1998, ha sido descalificado por los medios internacionales como un populista Latinoamericano más con tendencias autoritarias. De ganar Chávez este referéndum, les será muy difícil vender esta caracterización que han hecho de él. Teniendo esto en cuenta, la estrategia opositora se centrará en menoscabar cualquier potencial mejora del prestigio internacional de Chávez, en caso de que triunfe en las urnas electorales.
Con este propósito, se están valiendo de medios y de organismos internacionales, a fin de abonar el terreno para formular acusaciones de fraude en caso de que Chávez no sea revocado. Para los planes neoliberales de EE.UU. en la región, una victoria de Chávez el próximo 15 representa un precedente muy peligroso, un mal ejemplo para los demás países. En consecuencia, los medios internacionales han venido desarrollando una campaña de desprestigio en contra del mandatario desde el anuncio de la consulta en junio. Junto a la ofensiva mediática, cada vez surgen más acusaciones de seudo organizaciones de derechos humanos de abusos por parte del gobierno.
Los medios internacionales y la cadena de desinformación
Gran parte de la cobertura en Venezuela que han hecho los medios estadounidenses el mes pasado ha hecho énfasis en el uso de las máquinas de votación para el venidero referéndum. Siendo consecuentes con la premisa de que son las primeras 50 palabras en un reportaje las que cuentan, Juan Forero y John Schwartz del New York Times, sin perder el tiempo, comenzaron su artículo así: “Se utilizarán máquinas de ‘votación por tacto en la pantalla’ (touch-screen)... para el voto revocatorio del presidente Chávez, lo cual lleva a sus adversarios y a diplomáticos extranjeros a argumentar que su gobierno izquierdista podría utilizar el equipo para manipular la votación”.
Luego prosiguen citando a un experto, “una computadora totalmente electrónica puede programarse para producir cualquier resultado que se desee.”
Pero la realidad de las máquinas de votación es infinitamente más complicada: el software de votación está al alcance del público y del escrutinio profesional; la información se enviará a siete lugares distintos para asegurar que pueda detectarse cualquier intento de fraude, además de que habrá un conteo manual de los comprobantes impresos por la misma máquina.
Organizaciones de derechos humanos: reciclaje de mal periodismo
Human Rights Watch (HWR) emitió recientemente un comunicado criticando a Hugo Chávez y al gobierno venezolano por amenazar los derechos legales de los ciudadanos al intentar inclinar a su favor el peso de la distribución política en el poder judicial. Puede que tengan razón: esa ley le permitiría al sector chavista en la Asamblea Nacional, utilizar su escasa superioridad numérica para llenar el Tribunal Supremo con sus candidatos. Pero si bien es cierto que politizar el Poder Judicial puede ir en detrimento de los derechos de los ciudadanos, no es menos cierto que esto constituye una práctica común en muchos países, principalmente en Estados Unidos.
El hecho de que se haya escogido a Venezuela para formular una crítica, lo “oportuno” del reporte, además del tono y contenido del mismo, sugieren que las intenciones de HRW podrían ser menos que altruistas. Al analizar el reporte, se puede constatar una estrategia similar a la de la cobertura mediática nacional e internacional -esencialmente diseñadas para montar el escenario propicio para emitir acusaciones post-referéndum de fraude.
– Paso1: Crear la imagen de Chávez como un caudillo latinoamericano más.
El reportaje hace repetidas comparaciones entre las supuestas intenciones por parte de Chávez de acaparar el sistema judicial y el éxito que tuvieron Carlos Menem en Argentina y Alberto Fujimori en Perú en “reestructurar sus sistemas judiciales a su gusto”. La comparación de Chávez con Menem y Fujimori, es quizás la parte más parcializada del reportaje.
– Paso 2: Culpar a Chávez de la polarización
“El consenso en torno a las reformas judiciales se ha perdido en gran parte, a medida que el país se ha ido polarizando como resultado de las políticas y del estilo de gobierno de Chávez.” Este argumento es uno de los favoritos de la oposición. Sin embargo, la idea de que el país no estaba polarizado durante el Caracazo del 27 de febrero de 1989 -durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez-, cuando fueron asesinadas entre 327 (cifra gubernamental) y 3000 (cifra estimada por organismos internacionales) personas, a manos del ejército y de la policía de Venezuela, resulta una idea ofensiva, en el mejor de los casos, para las víctimas y sus familiares.
– Paso 3: Establecer un paralelismo entre el acaparamiento del Poder Judicial y el referéndum
Al señalar que la decisión final en cuanto al referéndum del 15 de Agosto estará en manos del Poder Judicial, el reportaje sugiere explícitamente que Chávez tiene la última palabra sobre los resultados. En este sentido, el reportaje argumenta lo siguiente:
“Es posible que el primer blanco de cualquier intento de purga o de acaparamiento sea la sala electoral de del Tribunal Supremo...Al designar dos nuevos magistrados a la sala, la coalición gubernamental estará en capacidad de inclinar la balanza a su favor.”
De este modo, concluyen que Chávez ha puesto al Poder Judicial de su lado, que el país está dividido de manera violenta por sus actitudes temerarias y que si el resultado refrendario no le resulta favorable, es capaz de aplicar su músculo judicial para torcer el resultado según su voluntad.
Utilización de la democracia para socavar la democracia
En el caso de una victoria de Chávez el próximo domingo, la única respuesta de Venezuela a los intentos de la oposición de deslegitimar los resultados será clara, declaraciones contundentes por parte de la OEA y del Centro Carter sobre la libertad y justicia del proceso. Es lamentable que el proceso democrático venezolano tenga que apoyarse de manera tan dependiente sobre los hombros de dos instituciones cuya imparcialidad ha sido cuestionada en el pasado.
El monitoreo de los procesos electorales por parte del Centro Carter, se circunscribe al proceso electoral en sí mismo. Por consiguiente, al observar las elecciones en Nicaragua en 1990 y recientemente en El Salvador, dos procesos en los cuales Estados Unidos ejerció increíbles presiones para asegurar votaciones “amistosas” (anti-FSLN y anti-FMLN), el Centro Carter no hizo mención alguna de la repercusión política que tuvieron estas presiones en dichos procesos.
Por su parte, la OEA tiene una concepción más amplia del papel que desempeña “al promover y consolidar la democracia representativa”, sin embargo, también se ha demostrado su renuencia en abordar el flagrante intervencionismo por parte de los EUA en los procesos electorales latinoamericanos. Todo esto, arroja serias dudas sobre la independencia de estos dos organismos con respecto a la influencia ejercida por los EUA.
Algunas afirmaciones recientes tanto de la OEA como del Centro Carter sugieren que se están cuidando de que sus declaraciones no sean utilizadas en disputas partidistas con miras al referéndum. Pero lo cierto es que si ceden ante la presión de EE.UU., se le estará dando a la oposición la carta blanca que necesitan para minar una victoria de Chávez.
“No hay nada más imparcial que lo que estamos haciendo aquí.” Acotó Valter Pecly Moreira, jefe de la delegación de la OEA, en una entrevista reciente. “Ambas partes tienen cifradas expectativas y sabemos que nuestra responsabilidad es enorme. El equipo en su totalidad estará trabajando de manera técnica y profesional; sin tomar partido, como debe ser.”
Durante una reciente interpelación gubernamental sobre Venezuela, Jennifer Mc Coy, jefa de la misión del Centro Carter en Venezuela, señaló: “Yo, de manera personal, junto a un equipo completo, incluyendo un ingeniero y un estadístico... asistí a una presentación pormenorizada de las máquinas... Nos impresionaron mucho las medidas de seguridad que se nos mostraron, así como el funcionamiento de la máquina que vimos. El hecho de obtener el comprobante ó recibo de papel que proporcionan estas máquinas representa un proceso muy importante”.
Su informe recibió una respuesta promisoria de parte del senador Bob Nelson: “el estado de Florida ni siquiera está haciendo lo del comprobante de papel. Así que a lo mejor Venezuela le enseñará algo al estado de Florida”
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