Gobierno de Lagos cuestiona que la prensa trate «temas que se encuentran en Tribunales de Justicia»

El gobierno de Ricardo Lagos despidió al director del diario gubernamental “La Nación” y argumentó que la decisión “dice relación con el hecho de tratar, editorialmente, temas que actualmente se encuentran en conocimiento e investigación por parte de los Tribunales de Justicia”.

El Sindicato de Periodistas de la publicación aclaró que “para decirlo sin eufemismos”, la administración de Lagos se refiere a reportajes y notas investigativas que “involucran a personajes tan poderosos como el presidente de la UDI (partido pinochetista de la derecha), Jovino Novoa, y el alcalde democratacristiano Hernán Pinto”. Ambos han sido afectados por procesos judiciales por casos de abuso sexual de menores y pedofilia.

En una declaración de varios parlamentarios chilenos que condenaron el despido del director del diario, Alberto Luengo, se indicó que “todo hace pensar que detrás de esta medida hay enormes presiones de personas y grupos que se han sentido afectados por el periodismo de La Nación” y específicamente por las investigaciones en torno de Novoa y Pinto. De hecho, el periódico aumentó sus ventas en gran medida por su cobertura transparente y seria de esos sucesos. “No es nada nuevo ˆdijeron los legisladores- porque en Chile existe una enorme tradición de presiones a la prensa y de imposición de criterios fácticos por sobre los periódicos”.

La salida de Luengo de la dirección del diario se la comunicó el Presidente del Directorio, el socialista Mahmud Aleuy Peña y Lillo cuestionando que se hubieran tratado temas alojados en Tribunales y respaldado en el hecho de que el gobierno es “el accionista mayoritario de la empresa”. En un tono más tácito que explícito, el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, calificó la decisión como “razonable y civilizada” porque expresa “la voz del propietario”. Después de cuestionar al diario cubano “Granma” por seguir los lineamientos del gobierno isleño, el mismo Vidal dijo, contradictoriamente, que “la línea editorial de un diario que es de gobierno tiene que coincidir con el gobierno”. En otro contrapunto de las declaraciones oficiales, Vidal aseveró que “esto, bajo ninguna circunstancia significa ni la menor señal de restricción a la libertad de prensa” y que “no hay intento de que haya temas que no se toquen. Todos los temas son tratables en un Chile democrático y libre”. Sin embargo, el argumento oficial para prescindir del director de “La Nación” indicó, a la letra, que “dice relación con el hecho de tratar, editorialmente, temas que actualmente se encuentran en conocimiento o investigación por parte de los Tribunales de Justicia”. ¿Hay o no hay temas tratables y no tratables para la administración de Ricardo Lagos?.

Una declaración del Programa de Libertad de Expresión del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile señaló que pretender, como lo señalaron Aleuy y Vidal, que la prensa no informe sobre procesos judiciales en curso es desconocer que la labor periodística tiene funciones y derroteros distintos a los que tienen los tribunales. Agregó que ver a “La Nación” como “boletín de palacio” es desconocer la necesidad de que existan medios con vocación pública que rompan la agenda impuesta por aquellos que responden a la lógica privada y empresarial.

No es la primera vez que el directorio encabezado por Mahmud Aleuy juega el rol de mensajero del gobierno para despedir a periodistas del diario al no compartir el trabajo reporteril abierto, veraz, autónomo y contrahegemónico. Hace un tiempo obligaron al despido de Juan Pablo Cárdenas con el cierre del diario electrónico Primera Línea que pertenecía a la misma empresa y descabezaron la edición dominical por reportajes que no gustaron al gobierno.

Condenas.

El Colegio de Periodistas emitió una declaración en la que señaló que “en este caso hay antecedentes que parecen atentatorios contra la función de la prensa en una sociedad democrática” y que “más grave aún, es la presión que dos partidos (la UDI y la DC) habrían ejercido para condicionar la forma de cobertura” de los casos en que aparecen involucrados Jovino Novoa y Hernán Pinto. Además, la entidad de los periodistas chilenos no pasó por alto que “La Nación representa un contrapunto editorial en un sector extremadamente restringido del periodismo nacional”.

De hecho, los otros diarios nacionales pertenecen a dos empresas monopólicas de grupos empresariales y financieros fuertemente vinculados a los partidos de la derecha, al pasado régimen militar y a sectores fácticos.

El Sindicato N° 3 de Periodistas de “La Nación” calificó como “de extrema gravedad los términos en que se solicita” el alejamiento de Alberto Luengo y, haciendo una analogía con la época de la dictadura, manifestó que “nos sentimos casi tan censurados como en los peores tiempos”. Indicó el sindicato en una declaración que “jamás lo habríamos esperado de un gobierno de la Concertación y menos de aquel encabezado por el Presidente Ricardo Lagos”.

Los periodistas dijeron que “con Alberto sentimos que hicimos periodismo de verdad, que investigamos...que nunca temimos a la censura y que nos atrevimos a desenmascarar a los intocables de Chile”. Añadieron que “no es difícil imaginarnos qué tipo de periodismo vamos a realizar de aquí en adelante si no se pueden cubrir los temas que están radicados en los tribunales, porque hasta los choques caen en esa categoría”.

Un numeroso grupo de parlamentarias y parlamentarios de la oficialista Concertación por la Democracia repudiaron el despido del director de “La Nación” y advirtieron que como militantes concertacionistas “no estamos dispuestos a hacernos parte de esta práctica y por eso creemos que es urgente que el gobierno rectifique su decisión y reafirme su compromiso con una prensa libre y pluralista para Chile”.

La declaración señaló que “en un sistema de medios de comunicación escritos bastante uniforme y carente del pluralismo más elemental, La Nación ha cumplido un papel fundamental en el último tiempo, sirviendo como contrapeso a la mirada que reflejan los demás diarios de circulación nacional”. Indicó el escrito que “el argumento usado para cursar este despido es inaceptable”.

En coincidencia con principios universales de la prensa, los parlamentarios aseveraron que “muchas veces el punto de vista de La Nación no coincide con el gubernamental, enhorabuena, porque eso demuestra que es posible tener un diario de propiedad estatal que no sea un simple vocero del gobierno, sino que funcione con criterios periodísticos”. Argumentaron que “a los directivos de La Nación no se les puede pedir que sigan los lineamientos del gobierno” en temas sensibles como el de abuso sexual y pedofilia supuestamente cometidos por dirigentes políticos. En esa línea expresaron que “se les debe pedir, en cambio, que hagan buen periodismo, que informen de manera profesional e investiguen con seriedad como, en efecto, lo han hecho”.

Los legisladores firmantes fueron Enrique Accorsi, Sergio Aguiló, Isabel Allende, Gabriel Ascencio, Víctor Barrueto, Juan Bustos, Guillermo Cernoni, Camilo Escalona, Fidel Espinoza, Guido Girardi, Rodrigo González, Patricio Hales, Antonio Leal, Juan Pablo Letelier, María Eugenia Mella, Fernando Meza, Carlos Montes, Adriana Muñoz, Carlos Olivares, Iván Paredes, Aníbal Pérez, José Pérez, Jaime Quintana, Edgardo Riveros, Alberto Robles, Fulvio Rossi, María Antonieta Saa, Eduardo Saffiro, Rodolfo Seguel, Carolina Tohá, Esteban Valenzuela y Ximena Vidal.

El Partido Humanista de Chile emitió un comunicado donde señaló que “es lamentable que el continuo deseo del gobierno de cogobernar con la derecha sea el elemento que determine las políticas públicas, que tiene hoy como corolario, censurar la línea editorial” de “La Nación”. Indicó que la medida “atenta contra el derecho de la ciudadanía a un libre acceso a la información consagrado en la Constitución”