La ampliación del fenómeno paramilitar en Medellín no es nuevo. Tal vez existía la esperanza, de parte de algunos sectores, de su control a partir de la famosa desmovilización del Bloque Cacique Nutibara –bcn-. Pero los meses pasan y las dudas y las evidencias contrarias se multiplican. Las últimas elecciones a Juntas de Acción Comunal en la ciudad así lo confirman. Miguel Restrepo subsecretario de Participación Comunitaria precisó "Aún no tenemos estadísticas, pero es un hecho que en la comuna 8 los reincorporados tuvieron una presencia casi total" y agrega "que también se dio, en distintas zonas, un notorio incremento de inscritos para votar" En el mismo artículo, al consultarse a un integrante del Bloque Cacique Nutibara este expone: "No tenemos estadísticas, pero le puedo decir que así como sacamos el 90 por ciento en una localidad o el 30 por ciento en otra, también en algunas nos barrieron (…) la ganancia política la tenemos desde que éramos Bloque. No podemos perder la base social que construimos y que es la que blinda este proceso".

Un analista político de la ciudad amplió el análisis: "en la gran mayoría de barrios ellos establecieron listas, muchos votaron más por miedo que por convicción, ésta es la nueva democracia que se está imponiendo en la ciudad". Al respecto un alto funcionario de la administración municipal planteó: "en público se muestran como unos adalides de la democracia, pero cuando las ideas van en contra de ellos, vienen las presiones en privado (…) las denuncias han llegado a la administración de la ciudad, pero nadie quiere hacer nada (…) El propio alcalde conoce lo que está sucediendo, él ha reconocido en círculos privados que no tiene el poder en la ciudad, él no cree en este proceso, pero la presión viene desde presidencia, el poder real en ésta ciudad lo tiene el Bloque Cacique Nutibara (…) hay que mirar el Plan Operativo de Inversiones del 2004, allí hay una partida presupuestal asignada para ellos". Continúa: "Es muy difícil para los líderes comunitarios debatir desde las ideas cuando ellos están acompañados del poder de las armas, pocos líderes se atreven a contradecirlos y quienes lo han hecho han sido presionados bajo amenazas o intimidaciones, sutiles en algunos casos (…) Han asignado una especie de promotores comunitarios para cada comuna, que hacen parte de la Corporación Democracia, con las que más que estar al tanto de las discusiones populares, obligan a adoptar la agenda que ellos traen".

¿Las cosas están mejorando?

El mágico mundo de las estadísticas oficiales devela que en la ciudad de "La eterna primavera", el índice de asesinatos y detenciones ha descendido con respecto a años anteriores, pero cuando se analiza el por qué, los investigadores coinciden en afirmar que el año 2002 sobresale con relación a otros años. En ése año, muchos integrantes de comunidades organizadas fueron asesinados o detenidos, resquebrajando y en muchos casos rompiendo el tejido social existente en barrios de la ciudad. Estos asesinatos dispararon las cifras por encima del promedio histórico. «Al comparar los homicidios en la ciudad en el 2003 con ese año de exacerbada persecución política da la impresión que las cosas estuviesen mejorando, cuando lo que se está reduciendo es el número de contradictores qué matar o detener», afirma una de las investigadoras y subraya, «fuera de ejecutar o detener personas contrarias al régimen, se alteró la vida social en las comunidades y el espacio abierto es el que hoy están capitalizando los paramilitares del bloque Nutibara".

Un sacerdote que conoce por dentro el proceso de ’desmovilización’, expresó: «Ellos se han apropiado de la distribución de narcóticos en los barrios, estableciendo calles en donde es permitido su consumo, incrementándose éste notoriamente (…). Al mismo tiempo han dispuesto un sistema de préstamo que han llamado «presta diario», un miembro de su organización administra hasta cinco millones de pesos por barrio, que presta para ser pagados el mismo día a un interés del 10 por ciento, lo que equivale a una ganancia de un millón de pesos diario, que multiplicados por al menos 200 barrios en donde opera este sistema equivale a 200 millones de ganancia al día, que en un mes significa $6.000 millones más de lucro».

Agrega el religioso: «A la vacuna le han cambiado de nombre, ahora la llaman «cuota de seguridad», la cual oscila en los barrios entre $1.000 por vivienda y $30.000 por local comercial. No se cuánto pueda ser esto mensual, pero a los celadores les pagan $30.000 por semana, que no es nada en comparación con lo que logran recoger. Aunque han disminuido la venta de gasolina robada, la siguen trayendo del corregimiento de San Cristóbal y la distribuyen en los barrios. Además, controlan buena parte de las rutas de buses, dándole prioridad a los transportadores que les colaboran. A manera de ejemplo: un autobús hace siete recorridos en un día normal, como ellos asignan el orden de salida le dan prioridad a sus adeptos, multiplicando sus recorridos, o simplemente les otorgan las rutas en las horas claves, lo que hace que hagan hasta doce recorridos diarios, aumentando sus ganancias, una parte de las cuales van para ellos.

«También establecen sanciones, que van desde multas hasta golpizas con bates de aluminio, varias personas han quedado a punto de morir. Algunos de sus integrantes tienen viviendas de los cuales se han apoderado, nosotros conocemos el caso de unas 120, sin embargo la realidad es muy superior. Hay lugares como en el barrio San Pablo donde están apoderados de casi media manzana. Producen y distribuyen licor, controlan juegos de azar en los barrios, prostitución, en fin es un gran negocio demasiado rentable que opera con pleno conocimiento de las autoridades civiles y militares. ¿A dónde está yendo esta plata? y ¿para qué sirve?, son preguntas que uno se hace, las cosas no están mejorando y aunque no hay guerrilla moralmente la ciudad se está desmoronando».

Paramilitares en pie de lucha

El 19 de julio, una orden de traslado se iba a cumplir para algunos detenidos de la cárcel Bellavista de esta ciudad, el Bloque Cacique Nutibara ordenó parar el transporte público y realizar en la noche la mayor cantidad posible de actos de delincuencia. Según fuentes oficiales el 70% del transporte público urbano se interrumpió. Según los medios masivos de información es un grupo armado el que ha dado la orden de detenerlo, posteriormente alias «Giovanny», vocero de esta organización precisó el por qué: «estamos protestando por los trasladados». Funcionarios se desplazan a la cárcel, a las 4:00 p.m. la administración da parte de tranquilidad, se llega a un acuerdo. El servicio público de transporte vuelve a funcionar, la orden de actos delictivos es suspendida.

Alonso Salazar, secretario de gobierno municipal, afirmó en rueda de prensa del 3 de agosto, que paramilitares de las AUC patrullan la comuna centroccidental, lo que confirma la versión de que aún hay presencia paramilitar en la misma, que la desmovilización no es real.

Un investigador de derechos humanos presenció en el municipio del Dovio –Valle del Cauca-, el 28 de abril pasado a varios paramilitares del bloque Cacique Nutibara supuestamente ya «desmovilizados», actuando al servicio de las AUC, en la guerra que adelantan los carteles de la droga en el norte de ese departamento.

Sobre el particular, vale la pena recordar que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAAP/OEA), en su segundo objetivo señala: «…verificar las iniciativas de cese al fuego y de hostilidades, de desmovilización y desarme, y de reinserción…». El literal a, numeral 2.1 y el literal a, numeral 2.2, ambos del artículo II, que hace referencia al mandato y funciones, confirman como fundamento de la misión, el papel verificante. Por su parte el jefe de la MAAP/OEA, Sergio Caramagna precisó el 11 de marzo sobre las inquietudes de la Alcaldía de Medellín: «…si nos referimos a plenitud en el proceso de verificación estamos iniciándonos, así que es legítimo el reclamo de ellos...».

Llama la atención, en este contexto, la declaración del 5 de agosto anterior, del Secretario General de la OEA, Cesar Gaviria Trujillo, 196 días después de firmado el convenio entre esa organización y el gobierno nacional para verificar el proceso con los paramilitares, al precisar que su labor de «verificación» se circunscribe a Santa Fe de Ralito. Deja aún más dudas la razón de este pronunciamiento, si se tiene en cuenta que se da en momentos que múltiples organizaciones nacionales e internacionales denuncian las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos por parte de las AUC. Es importante tener claro que no exime a ninguna persona del mundo u organización, inclusive a la OEA y al gobierno nacional, el deber de vigilar este proceso cuando lo que se está negociando entre otros, es la impunidad de delitos contra la humanidad, en donde todos y todas somos de forma solidaria víctimas.

¿Dónde está la autoridad?

Un miembro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) de Medellín afirmó: «aquí todo el mundo sabe lo que está sucediendo, el alcalde, el arzobispo, las ONG, pero nadie quiere hacer nada». A la pregunta ¿Ustedes como oficina de la ONU quieren hacer algo?, la respuesta fue evasiva.

La impunidad crece. Algunos miembros de organizaciones de derechos humanos, señalaron que pese a las denuncias, las autoridades omiten su deber investigativo, «es como si existiera la decisión de un unanimismo generalizado, de no hacer nada ante las denuncias». Los defensores de derechos humanos se quejan del papel de la OACNUDH, por no adoptar una postura más activa, negándose a visitar comunidades bajo el argumento de seguridad, cuando su responsable es visto todos los fines de semana en lugares públicos hasta altas horas.

De igual manera cuestionan el papel de la Iglesia Católica por ambiguo: en un momento fue defensora de los operativos de la Fuerza Pública y de apoyar el proceso de «desmovilización», pero hoy se abstiene de denunciar los vejámenes que están ocurriendo. «Su silencio se ha convertido en el mejor de los casos, en el antídoto para encubrir la responsabilidad en lo que está sucediendo», concluye un defensor.

Un funcionario de la Personería de Medellín relata: «es poco lo que se puede hacer». Pone como ejemplo a una comisión de la Defensoría del Pueblo que se dirigía hacia la Comuna 13 para averiguar sobre unas denuncias de fosas comunes en el sector conocido como Terrígeno, la cual fue obligada por los paramilitares a no proseguir. La denuncia no pudo ser cotejada. «Preocupa que no se haya hecho público el hecho, expresa con desánimo el funcionario».

El mismo funcionario relata otro caso: «el 24 de marzo, luego de salir dos jóvenes de la cárcel de Bellavista, llamaron a sus casas del barrio 20 de Julio, los familiares les dijeron que no fueran, por lo que se quedaron de encontrar en la estación del metro de San Javier, allí llegaron varios civiles y los raptaron. En ese lugar hay cámaras de televisión, se encuentra la policía y sin embargo estos no impidieron nada. Luego se supo que los vecinos llamaron a las autoridades porque enseguida de la Parroquia de este barrio, se escuchaban gritos toda la noche, la Fiscalía fue al lugar y encontraron a los dos jóvenes en un sótano, en bolsas de polietileno, los habían cortado en pedacitos con motosierra. Los miembros de la Fiscalía, sin embargo, no quisieron informar a los medios sobre el estado en que se encontraban los cadáveres».

Para los entrevistados, en general, es imposible estar en Medellín y no saber que aún están los paramilitares operando. A pesar del quite que hace el ex presidente Gaviria sobre el papel de la OEA, es importante tener en cuenta la opinión de la senadora Piedad Córdoba en su Constancia presentada al Congreso el día 3 de agosto «Nos sorprende sobremanera la actitud silenciosa del señor Caramagna, delegado de la OEA en este proceso con los paramilitares. Los colombianos no hemos podido entender a cabalidad cuál es su papel en este caso...»

Medellín escenario de prueba para-Colombia

Queda un temor entre los investigadores: que Medellín sea un modelo de prueba de la paramilitarización de la sociedad, que pueda ser reproducido en Colombia. Señala uno de ellos «si bien el paramilitarismo es una estrategia militar de las elites colombianas para defender su status quo y una de las formas utilizadas históricamente como ejercicio práctico de la combinación de todas las formas de lucha, la «negociación» en curso permite concluir –a partir de la experiencia de Medellín con el Bloque Cacique Nutibara–, que ya no solo busca controlar los asomos de protesta y organización social, sino hacerse parte de un sentir popular que les es ajeno, por lo que el paramilitarismo más que un violador de derechos se convierte en un usurpador de los mismos».

Las evidencias en Medellín crean preocupaciones y dejan algunas preguntas: ¿Cuál es el papel de la OEA en las negociaciones con los paramilitares?, ¿por qué las autoridades civiles y militares en especial el gobierno nacional tienen una política de dejar ser y dejar hacer a los paramilitares?, ¿cómo se controlará para que los paramilitares no presionen las elecciones a espacios del poder político institucional, inclusive la posible reelección presidencial?, ¿es real una democracia representativa con condicionamientos a los electores primarios?

Actitudes que nos hacen recordar de otros silencios y de otras comportamientos complacientes con afirmaciones, como la realizada –pocos días después de las últimas elecciones al parlamento– por Salvatore Mancuso al afirmar «...ya controlamos el 35% del Congreso Nacional». El Representante a la Cámara Gustavo Petro, al terminar los discursos los tres voceros de éste grupo en el Congreso el pasado 28 de julio, afirmó que la reelección presidencial pasaba por el visto bueno de Mancuso. Igual apreciación realizó la senadora Piedad Córdoba, que en su constancia antes citada, aludió a Fernando Londoño ex ministro del interior: «No señor Londoño, en manos de Mancuso puede estar la suerte de la reelección presidencial, pero no la historia de Colombia...». Sin duda es así, pero todo depende de la suerte que corra en toda Colombia el modelo de control social implementado desde hace años en Medellín.

Jaime Sorín