¿Cuánto vale el trabajo de la mujer?

Hemos enterrado todos nuestros sueños. Nuestra única preocupación para el futuro, es asegurarnos que no les pase lo mismos a nuestras hijas Ana, trabajadora de la confección hondureña.

Mientras que una trabajadora de flores en Colombia corta o empaca flores en un cultivo de la sabana de Bogotá, una trabajadora de textiles en la provincia de Guandong, China cose la ropa que venderán marcas como Tomy Hillfiger o Levis, en Europa y Estados Unidos.

Un estudio realizado por la organización Oxfam Internacional: Más por menos, el trabajo precario de las mujeres en las cadenas de producción globalizadas, recogió evidencias a través de más de 1000 entrevistas en 12 países acerca de dos sectores de las exportaciones mundiales: las agroindustrias y los textiles. Su principal conclusión: entre el 60 y el 90% del personal que se desempeña como operario en fábricas de textiles y productos agrícolas son mujeres. Su vinculación como mano de obra no calificada se utiliza para reducir costos de producción.

Las mujeres están dispuestas a trabajar por menos ingreso, especialmente si está de por medio la subsistencia de sus familias, temen más a la organización por la amenaza del despido y son sometidas a prácticas de acoso sexual bajo amenaza de perder sus puestos de trabajo. Esto significa que el tipo de empleo al que están accediendo las mujeres, no garantiza la superación de la inequidad y no contribuye a reducir su pobreza.

Estas reflexiones suscitaron la campaña "Comercio con Justicia: Mis derechos no se negocian" lanzada en el primer semestre de 2004 en 12 países de Asia, África, Europa, Norte y Sur América.

En Colombia, y con la participación de 50 organizaciones nacionales y regionales, el tema escogido fue la reforma laboral y los efectos diferenciados que tuvo en el ingreso y el bienestar de las mujeres. Esta reforma ha sido una clara evidencia de cómo las legislaciones nacionales privilegian los criterios de competitividad y crean climas favorables para algunos sectores, principalmente exportadores, aún cuando esto signifique retroceder en los derechos y el bienestar de la mayoría de la población.

Quién manda aquí

En el 2002, el Fondo Monetario Internacional FMI, condi- cionó los nuevos préstamos por parte de esta entidad al Estado colombiano, a que este se comprometiera a la reducción de los costos de mano de obra, alargando la jornada laboral y recortando el recargo que reciben las y los trabajadores por dominicales y festivos, así como el valor de las indemnizaciones por despido sin justa causa. La adopción de esta medida se tradujo en la más reciente reforma laboral.

En los últimos 14 años del proceso de adaptación de las leyes nacionales a las demandas del comercio internacional, las y los trabajadores colombianos han ido perdiendo varias certezas: la de un contrato a término indefinido que permita ahorrar y planear el futuro, la de una pensión que al final de la vida compense el aporte a la construcción de un país, la de un ingreso con el que sea viable educarse y educar a las familias, acceder a una vivienda digna y a la recreación.

Esta ola de recortes coincide con otro fenómeno: el ingreso de miles de mujeres al mundo del trabajo. Entre 1990 y 1998, la incorporación femenina al mercado laboral colombiano pasó del 47 al 52%.

Hoy, hay más mujeres que quieren trabajar, más mujeres que lo necesitan porque contribuyen o sostienen la economía familiar, pero al mismo tiempo es mayor el desempleo femenino. Entre 1994 y 2000, creció 12 puntos porcentuales mientras que el masculino creció 8. Es así como la pérdida de garantías laborales, unida al incremento de los hogares con jefatura femenina, ha puesto a las mujeres entre la espada de aceptar un trabajo en condiciones precarias y la pared del desempleo.

Más horas, menos pesos

La reforma laboral redujo en 25% el pago por dominicales y festivos, y aumento la jornada diurna en cuatro horas. Esto significó para las y los trabajadores, una reducción en el ingreso mensual de $50 a $60 mil.

Esta realidad, sensible para todos los trabajadores, tiene unas afectaciones más profundas en el caso de las mujeres que se derivan de las siguientes realidades:

Las mujeres ganan menos que los hombres. Como lo indica el Dane-Pnud, el salario promedio femenino es 14,28% inferior al masculino, y el 80% de las mujeres colombianas ganan menos de dos salarios mínimos mensuales.

Esta discriminación en el ingreso se debe, principalmente, a que aún hoy las mujeres trabajan en actividades u oficios subvalorados y considerados típicamente femeninos. Un caso específico en Colombia es el servicio doméstico. Según cifras de 1999, 95% en el área urbana y 92.5% en el área rural de quienes se ocupan en esta categoría son mujeres.

Datos de 2001, muestran que las mujeres se ocupan más en el sector servicios, el comercio y la industria. La ecuación se invierte cuando se trata del sector financiero, el que concentra mayor riqueza, donde la participación masculina es mayoritaria.

Por grupos de ocupación se mantiene la tendencia de las mujeres en áreas administrativas. En cuanto a la ocupación de profesionales y técnicas, a nivel rural el 56% son mujeres y a nivel urbano 47%. Para el caso de personal directivo se aprecian diferencias significativas. En la zona rural las mujeres sólo ocupan el 28% del total de puestos directivos y, a nivel urbano, el 38%.

Siguen siendo responsables del trabajo no remunerado para la sobrevivencia diaria y generacional de sus familias. Según la CEPAL, las mujeres dedican mayor tiempo que los hombres a estas actividades no remuneradas lo que les significa jornadas de trabajo más largas, en detrimento de sus niveles de salud, nutrición, participación ciudadana y recreación1. Se calcula que las mujeres emplean entre 5 y 6 horas diarias en las labores domésticas.

Su ingreso contribuye de manera importante o sostiene la economía familiar. El estudio Más por menos..., muestra cómo, por ejemplo, el 95% de las mujeres trabajadoras de las flores, aportan con su salario a la economía familiar de la cual dependen en promedio 4 o 5 personas. En el 39% de los casos, su salario es el único sostén económico familiar.

Tienen mayores dificultades para la organización Formas inestables y flexibles de contratación, reducción de salarios, ampliación de jornadas y carga doméstica traen como consecuencia una limitación real para que las mujeres se organicen en defensa de sus derechos y obtengan protección. La afiliación sindical de las mujeres es mínima, según lo indica la CUT.

¿Y dónde está el empleo?

La reforma laboral fue presentada como una política de generación de empleo que será sometida a una evaluación sobre su eficacia en diciembre. El balance, hasta el momento, indica que bajo la fórmula de recortar salarios y promover la alta rotación de personal, no se avanza en la generación de nuevos puestos de trabajo.

Un estudio del Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, concluye que, sólo 1.7 % del total de empleos generados son efecto de la reforma laboral.

Por otra parte, el reciente informe de la Contraloría señala que los empleos formales que pueden atribuírsele a la Reforma Laboral ascienden "como máximo a 81.000 puestos de trabajo en áreas urbanas".2

En cuánto a la pregunta de qué ha pasado con las mujeres en materia de generación de empleo, el interrogante sigue abierto: las evaluaciones citadas no incluyen cifras ni análisis desagregados por género.

Con base en estas realidades la campaña en Colombia ha hecho las siguientes peticiones que respaldará con 20 mil firmas que ya están en proceso de recolección:

Que la comisión de seguimiento y verificación de las políticas de generación de empleo que creó la Ley 789 de 2002, evalúe los impactos negativos de la reforma laboral en la profundización de la discriminación y la pobreza de las mujeres, y para ello consulte a las organizaciones de mujeres.

Y que el Congreso de la República legisle en concordancia con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en materia de derechos laborales y superación de la discriminación contra las mujeres3.

Después de tanto trabajar....

Hoy, sólo el 40% de la población femenina está afiliada a un sistema de salud y de cada 100 mujeres que trabajan sólo 39 están el algún fondo de pensiones.

En este sentido, surgió la segunda preocupación de la campaña en Colombia: La reforma constitucional que cursa en el Congreso y que busca modificar el régimen de pensiones.

El acto legislativo se propone introducir el pilar de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Para ello apunta a los siguientes recortes: eliminación de regímenes especiales -con excepción de las Fuerzas Armadas- y de las pensiones por encima de 25 salarios mínimos, supresión de la mesada 14, y prohibición de pactar acuerdos pensionales dentro de las Convenciones Colectivas por encima de la Ley.

El régimen pensional ya excluye al 80% de la población colombiana, es decir a quienes no cuentan con estabilidad laboral e ingresos que les permita reunir los aportes necesarios para un ahorro individual.

Para quienes aún cuentan con un trabajo estable y posibilidades de organización, el acto legislativo propuesto limita en la práctica el derecho de asociación reconocido por Colombia en Convenios Internacionales de la OIT, al impedir que se pacten condiciones de pensión más favorables que las de ley.

En el caso de las mujeres, su mayor propensión a estar en el sector informal, sumada a mayores interrupciones en su vida laboral y bajas remuneraciones, limitan aún más su posibilidad de contar con una pensión o hacen que el monto de sus mesadas sea proporcionalmente menor que las de los hombres.

En cuanto a la desaparición de los regímenes especiales, tres de los sectores "privilegiados" con condiciones que facilitan de algún modo el acceso a la pensión son ocupados mayoritariamente por mujeres: la educación, los hogares comunitarios y el servicio doméstico.

Recientemente, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, declaró ante los medios de comunicación que estaba a favor de la igualación de la edad de pensión entre hombres y mujeres. Como lo estableció la Corte Constitucional en su sentencia de 1994, la diferencia de edad que permite a las mujeres pensionarse 5 años antes, es una medida de discriminación positiva que compensa, y contribuye a corregir una situación de inequidad.

Con base en estas conclusiones, la campaña ha llevado al Congreso las siguientes propuestas en materia pensional:

– Aprovechar el debate actual para que toda la propuesta de reforma pensional sea revisada aplicando el criterio de equidad de género.

– Aplicar un régimen especial para las mujeres con carreras laborales interrumpidas.

– Promover que los fondos privados de pensiones no calculen el monto de la pensión sobre la expectativa de vida. Dado que es mayor para las mujeres, esto ocasiona que reciban mesadas menores.

Mediante acciones de movilización, foros públicos, acciones regionales e incidencia en el Congreso, la campaña "Comercio con Justicia: Mis derechos no se negocian" espera recoger como frutos, una opinión pública y unas instituciones más conscientes del aporte de las mujeres a la construcción de la sociedad desde su rol público y privado, y de las respuestas que demanda esta realidad.

De igual manera, busca llamar la atención sobre la relación que existe entre las dinámicas del comercio internacional y los derechos laborales de las mujeres, como uno de los indicadores de la oferta de trabajo, vida y sociedad que nos hacen los defensores del mismo modelo de economía que hoy pretende renovarse con el TLC.

Como afirma la Contraloría en su informe sobre Política Social, «la postergación laboral y la inserción de los trabajadores (y trabajadoras) en empleos precarios y de mala calidad son fuente inagotable de conflictos. Por el contrario, la garantía de empleo, ingresos suficientes para la población económicamente activa contribuyen a la reducción efectiva de la violencia. La seguridad de un ingreso permanente eleva los grados de participación social y profundiza la democracia».

1 CEPAL "Panorama social de América Latina 2002-2003".

2 Contraloría General de la república, Informe de Gestión Social 2004.

3 Dichos compromisos se consagran en los diferentes Pactos de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, y de manera particular, en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) que de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, son de imperativo cumplimiento y se entienden incorporados a la Constitución misma.

Una flor para mascar...

Un caso específico de crecimiento en las exportaciones que no se traduce en mejores condiciones de trabajo es el sector de la floricultura, primer renglón de exportaciones no tradicionales del país y uno de los privilegiados del modelo aperturista. Hoy el sector representa 3% del PIB. En el último año las exportaciones de flores llegaron a 670 millones de dólares. Dos de cada tres flores vendidas en Estados Unidos son colombianas.

Las flores son la principal fuente de empleo en los municipios de la Sabana y Oriente Antioqueño donde se concentra la mayor parte de la producción nacional. Esta actividad ocupa cerca de 90.000 personas, 65% de las cuales son mujeres y su ingreso promedio es el salario mínimo. Son frecuentes la subcontratación, el empleo temporal y recientemente la incorporación de personal a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, como formas de reducir aún más los costos laborales.

Este sector es uno de los que ha manifestado su respaldo a la firma del Tratado de Libre Comercio, TLC, que le significa obtener permanentemente las ventajas que obtuvo en los últimos 14 años, gracias a la Ley estadounidense de preferencias arancelarias, ATPDEA, que le permite al sector ingresar sus productos sin pago de arancel.