Conflicto armado: una mirada a mediano plazo

Este artículo enfatiza una mirada estructural, teniendo en cuenta las causas del conflicto y los hechos de la coyuntura de paz y de guerra en Colombia. Es fundamental considerar la complejidad y las consecuencias estructurales de la crisis generalizada en nuestro país para no perdernos en el seguimiento de los acontecimientos cotidianos.

Los factores de mediano plazo que serán tratados a continuación son: el dilema de la paz y el desarrollo; la caracterización de la guerra en Colombia y sus consecuencias prácticas; la internacionalización del conflicto y el papel de la comunidad internacional; y la contrarreforma política agenciada por el fenómeno paramilitar.

¿Paz o desarrollo?

Durante mucho tiempo el país ha arrastrado el dilema sobre la paz y el desarrollo, el cual tiene el siguiente movimiento pendular: para algunos gobiernos, el logro de la paz es condición o requisito para la consolidación del desarrollo, es decir, primero la paz y después el desarrollo. Sin embargo, para otros es precisamente al revés, el desarrollo por si sólo ha de conducir a la paz.

Pero, las diferencias de cómo se obtiene la paz son otro motivo de discusión. Algunos creen que para lograr la paz se requiere de una negociación con los diferentes actores de la violencia, incluyendo, también, la formulación de un nuevo modelo de desarrollo. Otros consideran que, es el caso de este Gobierno, la paz es condición necesaria y suficiente para la consolidación del desarrollo, entendida como el sometimiento militar de los factores de violencia, o mejor, cabría preguntarnos: ¿la derrota militar es clave para no negociar el actual modelo de desarrollo? En conclusión, los primeros son tiempos de negociación y expectativas de cambio social. Los segundos son tiempos de guerra y confrontación social y política generalizada.

El actual gobierno de Álvaro Uribe entiende la paz como sinónimo de seguridad, al tiempo que implementa un modelo de desarrollo donde está ausente lo social. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es poco probable que el Gobierno resuelva, sustancialmente, ese dilema que tiene a los colombianos en un movimiento pendular.

La «naturaleza» de la guerra

Otro factor a tener a cuenta son las consideraciones tácticas y estratégicas de la guerra en Colombia y las decisiones militares y políticas que los actores armados toman a partir de tales consideraciones.

El Gobierno, los sectores sociales del establecimiento y la cooperación internacional, especialmente la de Estados Unidos, manifiestan que la guerrilla está derrotada estratégicamente. Es decir, es muy difícil que la guerrilla se tome el poder por la vía política y militar en las actuales circunstancias, y eso le da una ventaja al Gobierno porque le permite concentrarse sólo en los aspectos tácticos de la confrontación.

La política de seguridad democrática está basada en ese supuesto. Por ello, gran parte del esfuerzo militar se encamina ha neutralizar esa ventaja táctica que tiene la guerrilla. En concreto, se trata de asegurar los corredores centrales del actual modelo de desarrollo, recuperar permanentemente el control del territorio e involucrar la población civil en ese empeño para que no sea un esfuerzo solitario de las Fuerzas Armadas y el Estado, sino la guerra de la sociedad contra “los terroristas”. En esa lógica se inscribe la red de informantes, la colaboración activa de la población con las Fuerzas Armadas y los soldados campesinos.

Este esfuerzo del Gobierno por consolidar una alianza entre la sociedad y las Fuerzas Armadas se enfrenta a varias contradicciones. De un lado, es muy difícil creer que con unas Fuerzas Armadas que tiene altos niveles de corrupción y que están relacionadas con lo paramilitares y el narcotráfico, conciten el apoyo nacional y la cooperación internacional necesarios para ganar confianza y legitimidad en su tarea de enfrentar política y militarmente a las guerrillas. Por otra parte, el liderazgo carismático y personalizado de Uribe y su afán por conseguir resultados militares inmediatos pueden generar tensiones y confrontaciones públicas con el estamento militar, el cual no estaría dispuesto a asumir los costos políticos de los afanes del Ejecutivo.

Sin embargo, para las guerrillas aún es posible una victoria militar y estratégica, acompañada de un manejo “eficaz y eficiente” del malestar económico y social generado por el actual modelo de desarrollo, hecho que permitiría construir un fuerte respaldo popular a sus propuestas insurgentes. Por ahora, las guerrillas “aguantan” la ofensiva militar y esperan el desgaste de la política de seguridad democrática para recuperar la iniciativa. Pero, las FARC y el ELN no han calculado que el “repliegue táctico”, tan costoso militar y políticamente como una ofensiva, aplaza indefinidamente un posible acercamiento para los diálogos con el Gobierno Nacional.

El resultado, en el mediano plazo, es que hasta tanto estos actores armados no cambien sustancialmente dichos supuestos las lógicas guerreras se fortalecerán en desmedro de las salidas negociadas.

La política formal y la guerra en Colombia

La profunda relación existente entre el conflicto armado interno, la política partidista y las reglas de juego que sustentan nuestra democracia formal son elementos que no se pueden ignorar tras 40 años de conflicto armado.

La apuesta por la reelección de Uribe expresa con nitidez esa intima relación entre la guerra y la política formal en Colombia. El consenso sobre la reelección se sustenta a partir de la derrota a la guerrilla porque consideran que es necesaria una política de Estado y de gobierno de largo aliento, para la cual cuatro años son insuficientes.

Esta premisa, se basa, al realizar un examen retrospectivo, en que los resultados operacionales y efectivos de la Fuerza Pública, en el terreno militar, son negativos. Sostienen que no ha existido una acción militar táctica y estratégica firme y permanente para derrotar el fenómeno guerrillero, sino que ha estado sujeta a las diversas y complejas relaciones entre lo civil y lo militar como por ejemplo, las establecidas por el gobierno de turno y los militares, y las dadas entre el poder judicial y los militares. Factores percibidos como un escollo para la acción política, militar y jurídica en la guerra contra la insurgencia.

En esa lógica se inscriben la reelección, el debilitamiento del poder judicial, el estatuto antiterrorista, la actitud de cero tolerancia a la oposición política y a la acción de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. En síntesis, el Gobierno actual insiste en sus pretensiones de continuidad porque considera que la guerra sólo se puede ganar si se sacrifica hasta la democracia formal que ha regido la nación durante los últimos 30 años.

Internacionalización del conflicto

Hasta hace poco tiempo uno de los grandes ausentes en la crisis colombiana era la comunidad internacional. Para finales de los noventa, ante «la narcotización» del conflicto y la profundización de la crisis humanitaria, el país pasó de ser un punto olvidado en la agenda internacional a ser una de las prioridades de Estados Unidos y Europa en el hemisferio occidental.

Asistimos a un veloz e irreversible proceso de internacionalización. Sin embargo, dicho proceso no se ha acompañado del análisis político y de las consecuencias prácticas que tiene para el país. Hecho que implica que, no pocas veces, los modelos de cooperación o intervención de los estados, de los organismos multilaterales, de las organizaciones internacionales de derechos humanos, en lugar de aliviar la crisis humanitaria y jugar un papel de facilitador en la reconciliación nacional, se convierta en un factor más de discordia y polarización interna, promoviendo más la internacionalización de la guerra y no la cooperación para la paz y el desarrollo.

En este sentido, también, se pueden generar efectos negativos sobre el contexto colombiano, debido a las expectativas y el rol exigido por los actores nacionales a la comunidad internacional. Reforzar esa tendencia implica ceder el manejo interno de la crisis al papel de la comunidad internacional. Lo anterior, conduce a la militarización y profundización de la guerra. Caso concreto, el modelo de intervención acordado entre el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Uribe.
Por otro lado, depositar y abrigar demasiadas esperanzas en que las Naciones Unidas y la Unión Europea puedan forzar la negociación, la paz y el desarrollo, como parece ser la tendencia de la sociedad civil, producen un descalabro total del papel de la comunidad internacional en el país.

La contrarreforma política

La contrarreforma política, agenciada y apuntalada por los paramilitares en el ámbito local y regional, es, sin duda, un fenómeno que puede perder de vista sus orígenes y consecuencias por estar centrado en los aspectos coyunturales de la negociación con las autodefensas en Santa fe de Ralito.

La contrarreforma política de los “señores de la guerra”, que operan desde hace más de 15 años, no es otra cosa que la tensión entre una clase urbana que quiere la modernización del país dentro de los términos de las democracias liberales -hecho que implicaría la negociación del conflicto armado interno y cambios en el modelo de desarrollo-, y unas nuevas élites rurales, aliadas con el narcotráfico, que serían las grandes perdedoras si el campo se abre a la economía y a las reglas de juego de la democracia.

Este modelo público y privado de dominación indirecta, es decir, de dominación estatal por vía de poderes preestablecidos que imponen las condiciones en un territorio, hace imposible cualquier proceso de modernización desde el Estado central y de democratización regional y local, que es uno de los ejes centrales para construir una negociación y una paz estable y duradera con las guerrillas de izquierda.