El sistema electoral norteamericano en tela de juicio

La prensa extranjera presta a la campaña electoral estadounidense más atención que la población misma. Es evidente que todos esperaban que el sufragio popular ponga fin a la era de Bush y que las relaciones extranjeras de Estados Unidos se tornen más pacíficas.

El sistema político estadounidense se basa en conceptos políticos muy alejados de los que se practican en el resto del mundo. La Constitución de 1787 se proclama republicana, no democrática: fue redactada por los padres fundadores para defender el interés general «contra la tiranía de la mayoría».

No reconoce la soberanía popular sino la de los Estados federados, que tienen cada uno su propia constitución y reglas políticas propias. Con el transcurso de la Historia, al ser adoptado el sufragio universal por todos los Estados federados e ir extendiéndose este a todas las categorías étnicas, la elección del presidente se convirtió en definitiva en una elección en segundo grado que se realiza por intermedio de un colegio de grandes electores designados por la población en cada Estado.

Inspirándose en el análisis de Montesquieu, los padres fundadores se ocuparon de organizar una estricta separación de poderes. Sin embargo, durante la elección del 2000 fue el poder judicial, la Corte Suprema en ese caso, quien, al pronunciarse sobre un litigio en particular, designó de facto al presidente. Y, como se sabe, la mayoría de los miembros de la Corte que designó a George W. Bush habían sido nombrados por George H. Bush, el padre.

Para resolver el caso Gore versus Bush, la Corte Suprema simplemente constató que, teniendo en cuenta los problemas inesperados que se produjeron en la Florida, no era posible establecer el resultado en ese Estado respetando al pie de la letra el reglamento local. A partir de lo cual, la Corte Suprema no deseaba conocer dicho resultado ya que lo importante, para ella, no era expresar la voluntad popular sino respetar reglas formales permitiendo así la manifestación de la Providencia. El voto no tiene aquí nada que ver con el concepto de contrato social establecido por Rousseau sino que se acerca más bien a la ordalía medieval.

James Madison, uno de los principales redactores de la Constitución, afirmaba que esta había sido concebida «para proteger a la minoría pudiente ante la mayoría». Por esa razón, las elecciones no debían hacerse en base a un programa sino a un balance de resultados. Para Thomas Jefferson, las elecciones debían «corregir los errores y abusos de quienes ejercen el poder». El presidente no es, por consiguiente, el elegido del pueblo sino que se elige por obra y gracia de Dios y puede ser sancionado por el pueblo si comete errores. Puede ser incluso sancionado durante su mandato por el Congreso si sus faltas obstaculizan la realización del proyecto divino sobre América.

Fue así, entre dos plegarias, que los parlamentarios se plantearon la pregunta sobre si la vida privada de Hill Clinton afectaba al país y si debían sustituirlo para que «la mano invisible» reactivara la economía.

Las exigencias religiosas que se aplican al inquilino de la Casa Blanca se aplican también a los electores. Es por ello que numerosos Estados privan de sus derechos cívicos a los electores que han cometido alguna infracción penal. Según el caso, esta sanción puede ser de una duración determinada o para toda la vida. Dada la relación existente entre condena penal y condición social, este tipo de sanciones afecta prioritariamente a los pobres y, entre estos, a los negros.

En este contexto político-religioso, la elección está sometida a la menor cantidad de reglas posibles. Existen así cifras que limitan las donaciones destinadas a financiar las campañas, pero basta con entregarlas a asociaciones periféricas para sortear este obstáculo. Y no hay, en todo caso, nada que imponga límites al gasto de los candidatos.

En enero de 2004, George W. Bush acumulaba ya oficialmente donaciones por más de 110 millones de dólares, mientras que su principal adversario alcanzaba a penas los 40 millones. Esta diferencia seguirá aumentado en los meses siguientes. Los expertos estiman que Bush podría gastar directamente más de 300 millones de dólares en total, suma inalcanzable para sus competidores.

Ya que la elección no tiene como objetivo la expresión de la soberanía popular, sino permitir cuando más un arbitraje popular, el conteo de los votos no pertenece al pueblo.

Las autoridades locales encargadas de la organización del voto rivalizan en astucia para abaratarlas al máximo. Teniendo en cuenta la gran cantidad de mandatos y referendos que dan lugar a un voto, se busca agrupar los escrutinios. La elección presidencial coincide con un importante número de votaciones. De ahí que se haya recurrido sucesivamente a la utilización de empleados temporales en el conteo, después a sociedades privadas y, finalmente, a las máquinas de votar.

Las primeras máquinas utilizaban tarjetas que los electores debían perforar. Pero ese sistema provocó numerosos errores: según el tamaño de la perforación, la máquina la registraba o no.

El progreso técnico permite actualmente el uso de máquinas electrónicas en las cabinas electorales y de Internet para el voto por correspondencia. Los estados de Georgia y Maryland acaban de adoptar estos métodos modernos, que se extenderían progresivamente a gran parte del país. Sin embargo, estos no ofrecen ninguna garantía de sinceridad ni de confidencialidad. Resulta extremadamente fácil modificar o piratear los programas utilizados.

A partir de ahí, es posible votar varias veces, modificar los votos de otros y conocer la identidad de los votantes. De las tres sociedades presentes en ese mercado, Diebold Inc. parece ser la empresa llamada a obtener los pedidos públicos. Sin embargo, se ha demostrado lo fácil que resulta «hackear» sus máquinas. Y, «the last, but not the least», se ha sabido que el director general de Diebold, Walden O’Dell, fue uno de los principales responsables de la búsqueda de fondos a favor del candidato Bush. Incluso presidió la reunión de los Rangers and Pionneers, benefactores de la campaña, que tuvo lugar en agosto pasado en el rancho presidencial de Crawford.

En tales condiciones, y si llegara a utilizarse ese sistema, la elección presidencial estadounidense sería más digna de una república bananera que de una democracia, incluso imperfecta.

Según un sondeo reciente de Zogby citado por el New York Times, el 32% de los electores norteamericanos de los Estados que votaron por Bush en el 2000 piensa hoy que aquella elección estuvo «arreglada». Esta cifra se eleva al 44% en los Estados que votaron por Gore. Sin embargo, el fraude presentaba, en aquel momento, más dificultades que en noviembre de 2004: solamente hubo entonces un 7% de votos electrónicos y un 20% de votos perforados.

En el 2000, a la administración Clinton-Gore no se le ocurrió recurrir a la asistencia de observadores electorales extranjeros. Fue un error. ¿La administración Bush-Cheney, que no fue elegida sino designada, aceptará ahora observadores electorales y se arriesgará a ser derrotada?