Bolivia inicia el 2005 con violencia y movilizaciones

Un día antes que concluya el año 2004, el gobierno de Carlos Mesa determinó dar un duro golpe a la economía popular de los bolivianos y las bolivianas al incrementar el precio de los hidrocarburos, ocasionar una especulación en los productos de la canasta familiar y originar la reacción popular.

La gasolina especial y premium, el jet fuel internacional, el diesel, el agro fuel y fuel oil fueron incrementados en sus precios en porcentajes que oscilan entre el 10 y 23 por ciento.

La respuesta de las organizaciones sociales fue contundente: rechazo al denominado “gasolinazo”, movilizaciones pacíficas en la mayoría de los departamentos pero con extrema violencia en Santa Cruz y exigir al gobierno la reversión de esa medida.

Mientras los sectores populares anuncian bloqueos y otras medidas de presión, el autotransporte se encuentra en la encrucijada de acatar la protesta o incrementar los pasajes del servicio urbano y rural.

Santa Cruz -la otrora ciudad ejemplo de progreso, según los gobernantes y la que demanda la autonomía, según sus dirigentes- fue la protagonista de una jornada violenta de protesta con el enfrentamiento entre manifestantes y policías, el saldo de seis heridos y destrozos considerables en el edificio de la prefectura departamental y de la sede sindical de los transportistas.

Los manifestantes son contrarios al alza de los carburantes y del costo de vida, rechazan la política gubernamental.
El principal dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Abel Mamani, a tiempo de anunciar que desde el lunes 10 de enero, esa ciudad que es la puerta de ingreso a la sede de gobierno protagonizará un paro general e indefinido con bloqueo de caminos, sentenció que sólo se levantarán las medidas cuando se derogue el incremento de los hidrocarburos.

“Mesa es la continuidad del goñismo...el alumno ha resultado mejor que el maestro”, afirmó.

Representantes de Fejuve, la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpaj Katari, la Cámara de Transporte Pesado de El Alto, la Federación de Transporte Interprovincial, la Federación de Gremiales y la Organización de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, firmaron un pacto para iniciar desde el próximo lunes movilizaciones en forma conjunta.

El secretario ejecutivo de los campesinos de La Paz, Rufo Calle, advirtió que si el gobierno no retrocede en la medida de elevación del precio de los carburantes, el paro cívico se podría radicalizar “hasta exigir la renuncia del presidente Carlos Mesa, por ser fiel seguidor de las políticas neoliberales del ex presidente Sánchez de Lozada y porque defiende a las transnacionales en desmedro de la economía de la mayoría de los bolivianos”.

En Cochabamba, la Coordinadora de Defensa del Gas y los Recursos Naturales, convocó a protestas hasta revertir la medida antipopular; mientras que en otros departamentos del territorio nacional también se extiende el rechazo a la política neoliberal.

El dirigente fabril y portavoz de la Coordinadora, Oscar Olivera, dijo que las movilizaciones se deben realizar hasta que el gobierno y el parlamento asuman la responsabilidad de sus demandas.

Los productores de coca del Trópico de Cochabamba convocaron a una asamblea general para asumir medidas este fin de semana.

El diputado nacional, Evo Morales, a tiempo de exigir soluciones estructurales a este tema como la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos y la eliminación de los contratistas mayoristas de combustibles, anunció que el gobierno está en la obligación de rectificar sus medidas a favor del pueblo y no de las transnacionales ni los empresarios. “Es urgente la revisión del gasolinazo, porque parece que el mismo gobierno quiere tumbarse o ¿será un grupo del gobierno que quiere derrocar a Carlos Mesa?”, se preguntó.

Guerra del agua y del gas

El Alto de La Paz que se ha constituido en una especie de vanguardia de los movimientos sociales bolivianos por su protagonismo en la “Guerra del Gas” de octubre de 2003 y la expulsión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, no sólo iniciará sus demandas por los hidrocarburos sino también en defensa del agua.

Cinco son las demandas de los alteños y alteñas:

1. Reversión del alza de los carburantes.
2. Expulsión de la empresa Aguas del Ilimani por haber prestado un deficiente servicio.
3. Rechazo a la inmunidad de los súbditos estadounidenses. —# La instalación de gas a domicilio.
4. Encarcelamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores.

Es bueno apuntar que en septiembre de 2003, las organizaciones de El Alto iniciaron las medidas de presión contra el gobierno de Sánchez de Lozada casi en forma similar a las que convocan hoy; un mes después de esa convocatoria, con un saldo de más de 79 muertos y cerca de 500 heridos de bala, fue derrocado el tirano.

A diferencia de la respuesta violenta, los representantes del actual gobierno ya iniciaron conversaciones con los representantes alteños; sin embargo, las demandas son concretas y contrarias a la política gubernamental.
La Central Obrera Boliviana (COB), aunque no tiene convocatoria, se sumó a la protesta con el paro general y el bloqueo de caminos hasta conseguir la renuncia del presidente Carlos Mesa.

Ante el conflictivo panorama, el ministro de la presidencia, José Galindo, expresó en las últimas horas: “Si la ciudadanía pensara en que el Presidente debe irse, él no se va a aferrar al poder”.

Carlos Mesa, accedió al poder el 17 de octubre de 2003 luego de una revuelta popular sin precedentes en la historia democrática del país, no tiene respaldo congresal ni partido que lo apoye, continúa la política gonista, pone trabas a la agenda de octubre y su popularidad va en descenso.

Afanes conspirativos

Mientras diferentes sectores sociales se unen en las movilizaciones, también se escuchó desde un coro desafinado - porque lo constituyen los sectores más reaccionarios de la oligarquía y grupos sindicales radicalizados- algunas voces que exigen la renuncia del presidente Carlos Mesa.

Representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la expresión más nítida de la oligarquía cruceña, la Central Obrera Boliviana (COB), así como voceros del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) el partido de Sánchez de Lozada o de la Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Manfred Reyes Villa, el socio de Goni, pidieron públicamente la renuncia del presidente.

El ministro de gobierno, Saul Lara, acusó de conspiradores y de pretender desestabilizar al actual sistema a quienes realizan ese tipo de pronunciamientos y además identificaron a algunos dirigentes cívicos, políticos y sindicales de ser los responsables de la violencia en las jornadas de protesta.

“Entendiendo que es un hecho aislado yo tengo el convencimiento de que la gran mayoría del pueblo boliviano no tiene esa postura, ni esa posición y se debe entender que allá subyace una intencionalidad política que va más allá de una situación de pedido y que podemos entender que se trata de una conspiración”, aseguró el ministro.
Más allá de las declaraciones de unos y otros, lo cierto es que Bolivia ha empezado este año con un regalo al mejor estilo neoliberal: el incremento de los carburantes y las consecuencias que contrae, pero también con una respuesta popular: movilizaciones y acciones conjuntas.

A la urgente aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, este año, se debe sumar la convocatoria a la Asamblea Popular Constituyente, el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Sánchez de Lozada y sus ministros, el rechazo a la pretendida inmunidad de los soldados norteamericanos, una solución integral al tema de la tierra y el territorio y otras demandas populares...