Arriesga Chile represalias por acción de mercenarios

Centenares de ex soldados y policías actúan en colaboración con invasores yanquis. Aunque el gobierno del presidente Ricardo Lagos se opuso en Naciones Unidas a la invasión estadounidense de Iraq, la acción de mercenarios chilenos armados junto a las tropas ocupantes podría provocar represalias en forma de atentados en el territorio del país austral, según advertencias de analistas.

La presencia en Iraq de unos 600 ex militares y ex policías chilenos se hizo evidente cuando luego de materializarse la ocupación, Washington recurrió al método de privatizar la guerra al estilo de cualquier empresa del libre mercado. El objetivo ha sido el de evitar bajas estadounidenses con el traspaso a mercenarios de diversas tareas tales, como la búsqueda de armas y la ubicación de minas explosivas.

La participación de chilenos en Iraq es la mayor y junto con colombianos son los únicos contratados en la región latinoamericana. Muchos de ellos, miembros del ejército y de la policía uniformada en los tiempos del dictador Augusto Pinochet que permaneció hasta 1990, han sido enrolados por la empresa del también chileno Manuel Zapata, “Zapata Engineering”, instalada en la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte, EE.UU.)

La firma del ingeniero Zapata funciona bajo el lema de “ingeniería de apoyo a los combatientes de guerra” y se ha especializado en la búsqueda y destrucción de armamentos de la resistencia. Es un ente con carácter de subcontratista del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos de modo que es clara su connivencia con la fuerza invasora.

En plan tragicómico de “benefactor”, el l6 de junio este mismo Zapata declaraba al diario “El Mercurio” (Santiago de Chile): “Estamos muy orgullosos de la labor realizada, porque hemos contribuido a la paz en Iraq. Cada bomba que destruimos fue una bomba que no cayó en manos insurgentes". Lo que no dijo, empero, es que otras bombas podrían explosionar en territorio chileno.

En una enredada madeja de contratistas y subcontratistas surgen los nombres de disímiles empresas enfiladas a emplear a los mercenarios, aunque todos dependen financiera e instructivamente del aparato castrense norteamericano. En esa selva provista de infinitas cantidades de dólares que paga el pueblo estadounidense, figura José Miguel Pizarro, oficial del ejército chileno hasta 1995 y quien oficia como operador del antes mencionado Zapata.

Pizarro es el principal enganchador de mercenarios para Iraq y una vez intentó entregar entrenamiento militar a sus “soldados” en Chile, pero se lo impidió la Dirección General de Movilización Nacional, organismo estatal que junto con los cuerpos castrenses son los únicos autorizados para tales fines. Este sujeto es el mismo a quien la cadena televisiva CNN ha presentado en sus noticiarios como “experto en guerras” aunque en la vida real no es más que un comerciante de las armas.

Pizarro ha protagonizado asimismo un episodio singular cuando fue acusado por mercenarios chilenos que regresaron a Chile del no cumplimiento en el pago de salarios, además de recibir malos tratos en Iraq. Para proteger a esos quejosos, los diputados chilenos Alejandro Navarro y Antonio Leal, ambos de la coalición gobernante, han presentado ante los tribunales una querella por “asociación ilícita”, sin percatarse entonces del peligro mayor que representa el contingente mercenario.

La miope visión de los parlamentarios que sólo reconocen en el tema un asunto laboral, se extiende a los entes estatales, a los medios de comunicación predominantes y a los círculos políticos, a todos los cuales no parece importarles el carácter criminal que es inherente a esa guerra privada. Para ejemplo, la constancia de que los contratados, supuestamente civiles, han participado incluso en las torturas de Abu Ghraib.

¿Cómo explicarse esta actitud contemplativa ante la manifiesta violación de los derechos humanos que se practica cotidianamente por los ejércitos privados? Chile no es un desconocido para Iraq pues en la guerra contra Irán (1980-1988) y cuando regía la dictadura militar compró abundante armamentos en fábricas privadas y estatales chilenas y de manera especial, bombas de racimo. (Recuérdese que entonces el Iraq de Sadam Hussein contó con el decidido respaldo de Washington).

Si la acción bélica estadounidense ha sido y es un escarnio moral, la ilegalidad de la guerra privada es también notoria. Como escribió Eduardo Febbro, la pasividad de las organizaciones multilaterales es escandalosa, pues ninguna institución internacional se ha pronunciado de manera firme contra el empleo de asesinos privados. [1]

En estos días y hasta el 22 de junio se realizan en Chile unos llamados “Ejercicios militares antiterroristas Comando 2005” a los cuales concurren delegaciones de l7 países de Latinoamérica. Mas, es dudoso que se remitan al terrorismo real pues a cargo de la dirección de los ejercicios se encuentra el Comando de Operaciones Especiales Sur de los Estados Unidos.