CSA: el censor superior de lo audiovisual

Hasta ahora, el derecho de expresión era el mismo, fuese cual fuese el soporte escogido (prensa escrita, audiovisual, internet): la publicación era libre, y el insulto y la difamación podían dirimirse a posteriori en los tribunales. No obstante, se estableció una excepción para las radios y televisiones hertzianas en la medida en que, al estar limitado el número de frecuencias disponibles, una autoridad para-administrativa era la encargada de asignar estas frecuencias, o sea, de dar las autorizaciones de publicación.

Poco a poco, el Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA) había ido utilizando su poder de asignación de frecuencias para ejercer presiones en los contenidos de los programas. Mediante el juego de las «exigencias», el Consejo había comenzado a ejercer una censura a priori.

Desde hace un mes, esta estructura se vino abajo. La libertad de expresión en que se basa la democracia ha sido limitada y un nuevo régimen de censura previa se ha implantado en el campo audiovisual. La mayoría parlamentaria, que con razón se vanagloria de haber integrado internet al derecho general, ha creado discretamente dos regímenes jurídicos distintos según las formas de expresión: uno para las actividades comerciales y otro para las actividades políticas.

De este modo, ha complacido al lobby de la industria cultural, que ha obtenido medios represivos para continuar percibiendo un diezmo sobre todos los productos, especialmente los difundidos vía internet. Simultáneamente, se ha adueñado de un poder de control exorbitante sobre la radio y la televisión.

Todo comenzó hace un año y medio. Cuando era ministro de Economía y Finanzas, Francis Mer presentó a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley; en enero de 2003, el de la confianza en la economía numérica y, más tarde, en julio de ese mismo año, el referente a las comunicaciones electrónicas y a los servicios de comunicación audiovisual. Ambos textos fueron aprobados a finales de junio-principios de julio de 2004 sin que la opinión pública comprendiese bien sus objetivos. Dichos textos completan y prolongan modificaciones legislativas que se han venido multiplicando desde hace cuatro años.

De ahora en lo adelante, el CSA tiene el poder de prohibir cualquier programa de radio y televisión sea cual sea su modo de difusión (hertziano, pero también por cable, por satélite, por internet). Todos los editores deben contar con una autorización previa de difusión. Dispondrán de varios meses para solicitarla y ajustarse a las nuevas disposiciones. A partir de ahora, el CSA podrá, en cualquier momento, retirarles esta autorización y prohibirles expresarse.

El Consejo substituirá a los tribunales: censurará de manera soberana lo que considere contrario al «respeto de la dignidad del ser humano, del carácter pluralista de la expresión de las corrientes de pensamiento y de opinión», o todo lo que perturbe «la salvaguarda del orden público y las necesidades de la defensa nacional». Asimismo, podrá establecer enmiendas. El conjunto de este dispositivo se opone, obviamente, al artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, que aparece como preámbulo de la Constitución francesa.

En el pasado, un editor de periódico o de televisión por satélite que difamara a alguien o que perturbara el orden público debía rendir cuenta de ello posteriormente ante los tribunales. Hoy nada ha cambiado en cuanto al editor de la prensa escrita, pero el editor de televisión se expone a una prohibición de emitir, a discreción del CSA, sin aprobación judicial.

El medio de comunicación considerado como un «paria» es libre de apelar esta decisión ante el Consejo de Estado, que se tomará todo el tiempo que estime conveniente para pronunciarse.
Como es obvio, todo esto es tremendamente ridículo: sea cual sea su voluntad, el CSA no tiene ningún poder coercitivo sobre los satélites extranjeros ni posee medio alguno para impedir que los internautas se conecten con programas extranjeros. Es sobre todo injusto porque la regla varía respecto de un mismo propósito en dependencia de que haya sido escrito o dicho.

La segunda ley fue publicada en la Gaceta Oficial el viernes 9 de julio. Ese mismo día, el Comité Interministerial de Lucha contra el Racismo y el Antisemitismo recordó al CSA que le correspondía «velar por que los programas no incluyesen ninguna incitación al odio o a la violencia por razones de sexo, costumbres, religión o nacionalidad».

A solicitud del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF), el Consejo Superior de lo Audiovisual inició, desde el lunes 12 de julio, un procedimiento de censura contra la cadena iraní Al-Alam y contra la cadena libanesa Al-Manar, ambas difundidas por el satélite Eutelsat.

Si bien se ignora en detalle lo ocurrido con Al-Alam, se conoce, sin embargo, el caso de Al-Manar. Esta cadena, que realiza esencialmente programas informativos y de debates políticos, llena su espacio con novelas árabes baratas. De este modo, en noviembre de 2003 difundió un serial sobre los fundadores del sionismo que incluía pasajes antisemitas. Los responsables de la cadena reconocen el error y admiten no haber visto el serial completo antes de difundirlo. Además, interrumpieron la programación cuando se les alertó acerca del contenido.

En un pasado reciente, varias emisiones de televisión francesas fueron condenadas por los tribunales por incitar al odio racial. El CSA no consideró, ni por un instante, prohibir las emisiones de las cadenas implicadas. Por tanto, posee «dos tipos de pesos, dos tipos de medidas». En realidad, Al-Manar es la cadena del Hezbollah y sus emisiones critican la ocupación israelí en Palestina, el Líbano y Siria, y Al-Alam es una cadena políticamente cercana a Al-Manar. En lugar de tratar de sancionar un programa con errores, se trata de censurar la expresión de opiniones.

En el Líbano, todos los partidos políticos se han movilizado. El ministro de Relaciones Exteriores, Jean Obeid; el ministro de Información, Michel Samaha, y el presidente del Consejo Nacional de lo Audiovisual, Abdel Hadi Mahfouz, han brindado su apoyo a Al-Manar. El Primer Ministro Rafic Hariri se ha comprometido a intervenir ante Francia.

El presidente de la «Red Voltaire por la libertad de expresión», Thierry Meyssan, ha brindado su apoyo a la cadena. En especial ha sostenido conversaciones con Ibrahim Mousawi, director de la Información, y con Naim Qassim, secretario general adjunto del Hezbollah.

Los libaneses se han sorprendido aún más al saber que el presidente del CSA, Dominique Baudis, vivió mucho tiempo con una libanesa y que con frecuencia va de vacaciones a ese país. En tales circunstancias, recordaron que el Sr. Baudi es miembro del Comité de Honor de la Asociación Francia-Israel y que ha representado en Francia los intereses del Carlyle Group, el fondo de inversión de las familias Bush y Bin Laden.

También supieron que en abril de 2002 el Sr. Baudis había abusado de sus poderes de presidente del CSA para disuadir por correo a France-Télévision de presentar en lo sucesivo al Sr. Meyssan debido a que este propagaría «informaciones evidentemente falsas».

El asunto devino comedia cuando el operador de satélite Eutelsat informó que, técnicamente, no podía interrumpir la difusión de Al-Manar sin interrumpir al mismo tiempo la de otras nueve cadenas árabes del mismo satélite, una de las cuales tiene un acuerdo con el CSA. Por su parte, Denis Garreau, abogado de Al-Manar, señaló ante el Consejo de Estado que la interrupción por Eutelsat no tendría ninguna consecuencia para el público francés debido a que la cadena es también difundida por Arabsat, sobre el cual el CSA no tiene autoridad alguna, y que es accesible por internet desde cualquier computadora conectada a una línea de alta capacidd.

El verdadero objetivo del procedimiento sería, en verdad, impedir la recepción por satélite de programas de crítica hacia Israel, no en Francia, sino en la costa estadounidense donde Al-Manar sólo puede captarse vía Eutelsat.