Agresiones ocurridas en los últimos meses dan cuenta de la zozobra y las limitaciones a derechos como el de libre asociación, libertad de expresión y libre desarrollo del trabajo social y comunitario que enfrentan las organizaciones sociales.

Organizaciones como la Corporación Picacho con Futuro, la Corporación Convivamos y la Fundación para la Educación Popular y la Pequeña Industria reciben presiones desde comienzos de año por parte de grupos armados ilegales que buscan deslegitimar el trabajo comunitario que realizan, creando una sombra de duda entre la población en cuanto al origen y el manejo de los recursos económicos que reciben.

El Instituto Popular de Capacitación (IPC) denunció el pasado 20 de junio la intimidación de grupos armados sobre líderes dentro del proceso que se lleva en las comunas y barrios de la ciudad para la concertación y ejecución del presupuesto participativo, un programa del Municipio de Medellín que busca democratizar la inversión de más 60.000 millones de pesos en 2005.

Dos hechos más causaron la intranquilidad de quienes trabajan en el campo social y comunitario: el primero de ellos fue el ataque con explosivos, el pasado 10 de junio, contra la sede de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades). Si bien la carga explosiva no detonó en su totalidad, sí alcanzó a dañar parte de la fachada y a crear zozobra entre quienes se encontraban en el lugar.

El segundo hecho ocurrió el pasado 29 de junio, cuando en la Corporación Nuevo Arco Iris incursionaron tres hombres armados, quienes redujeron a la secretaria y procedieron a preguntar por algunos de sus integrantes, luego hurtaron uno de los computadores donde se encontraba toda la información de la Corporación y el celular de la oficina.

¿Qué está pasando en la ciudad?

Medellín vive desde hace poco más de un año el proceso de desmovilización y desarme de 855 integrantes del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, iniciado el 25 de noviembre de 2003, en el marco del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado del 15 de julio de ese año entre el Gobierno nacional y esa organización ilegal armada.

Este proceso, el primero de esa magnitud en el país, no ha sido fácil, pese a que cuenta con el seguimiento y verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se teme que aún desmovilizados, los ahora reinsertados sigan ejerciendo presión armada en los barrios de la ciudad.

Al respecto, la Red de Hermanamiento Pueblos Hermanos - Lazos Visibles, que agrupa a más de 50 organizaciones no gubernamentales, sociales y comunitarias de Medellín, Antioquia y Colombia, y trabaja por la defensa de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales, advierte que la supuesta seguridad que vive la ciudad “es aparente, no es tan clara. Las organizaciones y los mismos líderes barriales saben que la estructura militar de las autodefensas está en los barrios, se continúa con la vigilancia barrial, y hay una relación muy directa con el narcotráfico. Por ello lo que viene ocurriendo no son hechos aislados”.

“Por ejemplo, Corpades tiene un análisis constante de lo que pasa en la ciudad en materia de conflicto armado y antes del atentado hubo expresiones públicas frente a varios asuntos como el proyecto de Justicia y Paz, y las conversaciones con las Autodefensas. Ahí es donde decimos que no son hechos aislados; tienen que ver con amedrentar y acallar voces críticas y de análisis de la situación que se está viviendo”, expresa la fuente, que pidió la reserva de su nombre.

Otro miembro de la Red, un líder barrial de la ciudad que por razones de seguridad también pidió la omisión de su identidad, explica que a través de las intimidaciones y las presiones también se pretende perjudicar los procesos organizativos en cada uno de los barrios y comunas.

“Quienes estimulamos los procesos de organización y participación comunitaria hemos visto la afectación que las presiones han tenido para la organización social. En la zona Nororiental de la ciudad, un sector donde los jóvenes se organizaban, hoy no hay expresiones organizativas o ha disminuido, y la generación de nuevos grupos no ha surgido”, asegura el líder barrial.

Agrega que es muy difícil motivar a la gente, pues “le temen a las redes del paramilitarismo y a los señalamientos de los cuales pueden ser víctimas, más aún cuando los procesos son acompañados por organizaciones sociales de trayectoria. Eso es perjudicial en una ciudad y un país que no acepta la oposición ni las expresiones contra este modelo de derecha que se ha venido imponiendo”.

En la Red de Hermanamiento Pueblos Hermanos - Lazos Visibles reconocen que las acciones contra Corpades y Nuevo Arco Iris son las más visibles, “pero en los barrios, día tras día, se intimida y persigue a lideres comunitarios. Lo que pasa es que estas pequeñas organizaciones de base no tienen la capacidad de difundir y visibilizar los atropellos”.

Aseguran que grupos paramilitares tienen cercados algunos sectores de la ciudad, entre ellos el sector El Hoyo de Barrios Unidos, en la comuna Nororiental, donde los jóvenes se resistieron a participar de esa organización armada ilegal y ahora están aislados. Voceros de la Red de Hermanamiento también hablaron de presiones en el barrio El Pesebre, sector de Robledo, donde grupos de autodefensas tratan de deslegitimar el trabajo que desde hace varios años adelanta Corpades.

Se requieren medidas

Voceros de la Red de Hermanamiento plantean tres alternativas como posibles soluciones al actual momento de intimidación y presiones de que son objeto las organizaciones no gubernamentales, sociales y comunitarias de la ciudad.

La primera de ellas es que la Alcaldía de Medellín le dé garantías a la ciudadanía para que denuncie cualquier anormalidad en sus barrios, lo que beneficiaría incluso el proceso de desmovilización y desarme de las autodefensas; en segundo lugar, que todos los actores sociales, incluidos aquellos que vienen de grupos desmovilizados, se enfrenten en el terreno de las ideas con transparencia y claridad, en un debate abierto, público y permanente, “porque ahí nos estamos jugando la construcción de ciudad y ciudadanía”.

Y por último, propusieron a las autoridades hacer un seguimiento a las acciones intimidantes, “para evitar que pasen al asesinato de los líderes y dirigentes sociales en los barrios y la ciudad. Por el momento han demostrado que tienen poder, pero siguen más en el terreno político, tratando de controlar algunos sectores. Queremos que todo esto no pase a mayores y volvamos a situaciones que ya vivió la ciudad en años pasados”.

Juan Diego Restrepo