Rápido e incontenible avance de la revolución bolivariana

El artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, entre los medios de “participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía”, en lo social y económico, establece como instancias de atención ciudadana: “la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad”.

La amalgama entre formas asociativas que concurren a modificar las formas de propiedad privada (empresa comunitaria y la autogestión comunitaria) con otras que fortalecen, consolidan y reproducen la propiedad privada (cogestión, cooperativas, incluida la autogestión cooperativa), y, consecuentemente al capitalismo, se explica al momento de la aprobación de la nueva Constitución, a nuestro criterio, por varias circunstancias, entre las cuales vale citar:

1. Lo inicial de la gestión del Presidente Chávez, caracterizada por la indefinición político ideológica a la que puntualiza el propio Presidente Chávez en su entrevista con Manuel Cabieses Donoso de la Revista Punto Final [1];
2. Una correlación de fuerzas, a esa época bastante equilibrada, lo que impedía adoptar medidas extremas.
3. La consideración de la realidad venezolana, en el sentido de que en ella subsistían todas esas formas asociativas, no pudiendo, en consecuencia ser desestimadas, por lo que debieron ser incluidas en el texto constitucional.

Posteriormente, la indefinición subsistía. En julio del 2005, el Presidente Chávez señalaba: “Aquí hemos iniciado experimentos como el impulso al cooperativismo y al asociativismo, a la propiedad colectiva, a la banca popular y núcleos de desarrollo endógeno, etc. Se trata de dejar atrás la lógica de funcionamiento perverso del capitalismo. Son válidas muchas experiencias como la autogestión y cogestión, la propiedad cooperativa y colectiva, etc. Estamos poniendo en marcha un ensayo de empresas de producción social y unidades de producción comunitaria”. [2]

Igualmente la indefinición se reflejaba en los esfuerzos por impulsar cambios en las formas de propiedad. Se insistía, desde instancias del aparato estatal, en la capacitación para la formación de cooperativas (PDVSA Gas) [3]. Se aprobaban formas cogestionarias, principalmente a nivel de las empresas recuperadas [4]. Se consideraba el cooperativismo como una forma válida para transformar el régimen de propiedad privada.

Los movimientos políticos no eran ajenos a estas indefiniciones. El vocero de la dirección nacional del Movimiento Quinta República (MVR), por ejemplo, aseveraba que “las empresas de interés social van a aportar de sus ganancias un porcentaje para un fondo especial que será creado”, explicando que “ese fondo aportará a la vez créditos para las comunidades organizadas, destinados a programas de creación de cooperativas”.

La indefinición planteada, permitía que la oposición también proclame su apoyo a las acciones del gobierno del Presidente Chávez, obvio es, siempre que se mantengan en el plano del cooperativismo.

Desde la Central de Trabajadores de Venezuela. Alfredo Ramos, Secretario Ejecutivo, declaró que la CTV apoyaría la conformación de cooperativas impulsadas por el gobierno nacional si se aprobaría una ley que garantice los beneficios laborales de los trabajadores, agregando que: “Siempre y cuando eso esté regulado, o esté legislado para que los trabajadores no pierdan ningún tipo de beneficios, nosotros estaríamos de acuerdo en incentivar cualquier tipo de iniciativa (...) siempre que exista beneficios laborales”. [5]

El Director Nacional de Promoción y Relaciones Interinstitucionales de la Federación de Industriales de Venezuela (Fedeindustria), David Peñalver, igualmente expresaba su respaldo al proceso de recuperación de empresas que adelanta el Gobierno Nacional, durante las reuniones que mantuvo en Isla Margarita con las cooperativas y con los nuevos empresarios neoespartanos. Afirmaba que: “Fedeindustria viene a ofrecer su apoyo a los cooperativistas de Nueva Esparta porque creemos en el potencial de la región y queremos ayudarlos a determinar sus necesidades para orientar la producción”. [6]

Pero si había dudas sobre la línea estratégica que, en este campo, debe seguir la revolución bolivariana, la firma del “Acuerdo Marco de Promoción, Estímulo y Desarrollo de las Empresas de Producción Social EPS”, en Puerto Ordaz el 20 de septiembre del 2005, despejo cualquier duda.

Efectivamente, el numeral 1 del Artículo segundo, establece en forma clara y explícita, inequívoca que: “Las propiedad es colectiva, en beneficio de las comunidades, no privada. Los trabajadores o comunidades son los dueños del patrimonio de la empresa, no existiendo una separación entre el capital y el trabajo, ni contratación de trabajo asalariado”.

A lo antes expresado, el literal tercero del Artículo sexto Obligaciones, adiciona la: “Creación de un Fondo de Producción Social que estará constituido como mínimo por el diez por ciento (10%) de los excedentes de las Empresas de Producción Social (EPS), individualmente concebidas”, que es uno de los elementos fundamentales, en cualquier sociedad socialista, para avanzar en el proceso de acumulación y ampliación, en este caso, del sector comunitario.

Sin embargo de la claridad de los principios estratégicos antes establecidos, es necesario advertir que en el proceso de transición en marcha, subsistirán sectores gubernamentales y revolucionarios que defenderán posiciones tácticas en favor del cooperativismo, la cogestión y la autogestión no comunitaria, e incluso ejecutarán proyectos a favor de esas posiciones.

Igualmente habrán, al interior de las fuerzas revolucionarias, quienes planteen la aplicación a ultranza del principio estratégico, proponiendo la inmediata eliminación de todos las formas de organización de la producción distintos a la comunitaria, sin consideración a que la realidad obliga a optar por una paulatina desestructuración. Su posición, como es evidente, pasa por alto que tal actitud podría conllevar un debilitamiento de la base social que apoya al proceso revolucionario del Presidente Chávez.

Desde la otra orilla, desde la oposición de las clases dominantes, los esfuerzos para impulsar las formas cooperativistas, así como la cogestión y la autogestión no comunitaria redoblarán sus esfuerzos, conscientes de que esas formas de organización social se oponen al objetivo planteado por la revolución bolivariana. Para mejor enfrentar esta posición contra revolucionaria, dada la ideología aparentemente comunitaria que exhiben, será indispensable demostrar su verdadero carácter [7] .

Por lo antes expresado, el proceso revolucionario, no solamente deberá enfrentar a la oposición contrarrevolucionaria, prevalida de un poder en erosión, pero todavía con gran capacidad de acción. También deberá hacerlo con las fuerzas revolucionarias que no logran entender aún la importancia de esta lucha y del planteamiento estratégico adoptado por el Presidente Chávez. Deberá enfrentar a las posiciones ultraizquierdistas que sólo consideran lo estratégico, desestimando las condiciones concretas, que no sustenta su posición en “análisis concretos de la situación concreta”.

El “instinto político” del Presidente Chávez que imprime claridad estratégica al proceso de transición, ha permitido ejecutar con gran velocidad las acciones tácticas. Claridad estratégica y velocidad de acción que terminarán por otorgar una gran inercia al proceso revolucionario, erosionar el poder de los grupos dominantes internos y del poder transnacional, y, superar las posiciones ultristas de casa adentro.