Medio siglo de terrorismo estadounidense contra Cuba

El caso de Cuba tiene un carácter excepcional y único en la historia del terrorismo internacional. Desde 1959 y hasta nuestros días, Cuba ha sido víctima de una intensa campaña de terrorismo, de sabotajes, de una invasión armada, de una amenaza de guerra nuclear, de sanciones económicas extremadamente severas y de una implacable agresión política, mediática y diplomática [1].

Terrorismo internacional y sabotaje económico

Los documentos oficiales estadounidenses hoy desclasificados demuestran que entre octubre de 1960 y abril de 1961 la CIA introdujo en Cuba 75 toneladas de explosivos, durante 30 misiones aéreas clandestinas, y 45 toneladas de armas y explosivos, durante 31 infiltraciones marítimas. La CIA realizó, durante ese corto período de 7 meses, 110 atentados dinamiteros, colocó 200 bombas, descarriló 6 trenes, quemó 150 fábricas y ocasionó 800 incendios de plantaciones.

Entre 1959 y 1997, Estados Unidos realizó 5,780 acciones terroristas contra Cuba –804 de ellas son actos terroristas de gran envergadura, entre ellos 78 bombardeos contra la población que dejaron miles de víctimas.

Los atentados terroristas contra Cuba han costado la vida a 3 478 cubanos y dejado inválidos para siempre a 2,099 personas. Entre 1959 y 2003, hubo 61 secuestros de aviones y barcos. Entre 1961 y 1996, 58 ataques a partir de vehículos marítimos afectaron 67 objetivos económicos así como a la población.

La CIA ha dirigido y apoyado 299 grupos paramilitares conformados por 4,000 individuos. Estos son responsables de 549 asesinatos y han dejado miles de heridos.

En 1971, la agresión biológica provocó el sacrificio y destrucción de medio millón de cerdos. En 1981, la introducción del dengue hemorrágico provocó 344 203 víctimas y 158 fallecimientos, entre estos los de 101 niños. El 6 de julio de 1982, se registraron 11 400 casos en un solo día.

La gran mayoría de estas agresiones fueron preparadas en La Florida por la extrema derecha de origen cubano organizada y financiada por la CIA.

Impunidad para los terroristas

Luis Posada Carriles [2], considerado por el FBI como «el peor terrorista del hemisferio», goza de una enorme impunidad. Se encuentra actualmente bajo la protección de la administración Bush, aún siendo responsable de numerosos atentados. Venezuela sigue exigiendo su extradición. Posada Carriles es el autor del sangriento atentado cometido en Barbados contra un avión civil, en octubre de 1976, que costó la vida a 73 personas. Orlando Bosch, otro terrorista notorio, es responsable de decenas de atentados. El 23 de junio de 1989, el Departamento de Justicia declaró en un informe que la presencia de Bosch en Estados Unidos era inadmisible. Poco después, luego de haber sido duramente condenado por la justicia por actos de terrorismo, Bosch fue amnistiado por el presidente Bush padre. Actualmente, se pasea tranquilamente por Miami y aparece en diferentes medios de difusión ante los cuales declara que aún sigue preparando atentados contra Cuba.

El caso de los Cinco

El 16 y el 17 de junio de 1998, el gobierno cubano invitó a dos importantes responsables del FBI para entregarles numerosos documentos que probaban la peligrosidad de 40 personas profundamente implicadas en el terrorismo y que residen en La Florida. Hasta hoy, y a pesar de las pruebas de que disponen, las autoridades estadounidenses no han hecho nada respecto a ninguna de esas personas.

Tres meses más tarde, el 12 de septiembre de 1998, el FBI arrestó a cinco cubanos: René González Sehweret, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y Gerardo Hernández Nordelo, quienes, arriesgando sus vidas, habían logrado impedir la realización de cerca de 170 atentados contra Cuba al advertir a tiempo al gobierno de La Habana.

Un juicio inicuo

Los Cinco fueron acusados de espionaje. Sin embargo, la acusación no les fue notificada formalmente hasta cuatro días después de su arresto y luego del desencadenamiento de una enorme campaña de prensa que los condenaba de antemano aún cuando el proceso judicial ni siquiera había comenzado.

El 14 de septiembre de 1998, el Gran Jurado de La Florida los acusó de haberse infiltrado en los grupos terroristas. Más tarde, viendo que se trataba de un cargo insostenible desde el punto de vista jurídico, el Jurado cambió de método y acusó a los Cinco de 26 cargos, siendo el más grave el primero (18 usc 371) que se refiere a una conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos. En el segundo cargo se habla de espionaje. El tercero acusa a Gerardo Hernández de homicidio voluntario, haciendo referencia a los hechos del 24 de febrero de 1996, cuando un avión en que se encontraban cuatro miembros de la organización terrorista Hermanos al Rescate fue abatido después de haber violado repetidas veces el espacio aéreo cubano. El fiscal no pudo presentar la menor prueba en apoyo de estos tres cargos. Los otros 23 son acusaciones menores referentes al uso de identidades falsas, de no estar registrados como agentes de una potencia extranjera. Estas no fueron rechazadas por la defensa.

Desde el día que fueron arrestados y hasta el 3 de febrero de 2000, o sea durante 17 largos meses, los Cinco fueron mantenidos en celdas de aislamiento, sin contacto con otros detenidos. Fueron confinados en calabozos durante todo ese tiempo sin contacto con el exterior.

Ante la imposibilidad de probar que hubiesen cometido algún acto de espionaje, el tribunal acusó a los Cinco de conspiración con vistas a cometer actos de espionaje.

Un tribunal parcializado

Durante el juicio, el fiscal invocó la ley de procedimiento para la información clasificada que permite mantener las pruebas en secreto y no presentarlas a la defensa, aún siendo estas utilizadas contra los acusados. Viendo que su acusación era inconsistente, el fiscal repitió tres veces, con desmesurada vehemencia, que los Cinco habían venido a Miami «para destruir los Estados Unidos».

Los argumentos que demuestran que los Cinco no realizaron actividades de espionaje no fueron presentados por la defensa sino por militares estadounidenses de alto rango: el contralmirante Eugene Carroll, de la Marina de Guerra de Estados Unidos; el general de división Edwards Breed Atkeson, del Ejército de Estados Unidos, y el teniente general James R. Clapper, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Para justificar el cargo de conspiración para realizar actos de espionaje, el fiscal utilizó el hecho que Antonio Guerrero trabajaba en un taller metalúrgico de la base de entrenamiento del ejército de Boca Chica. La defensa interrogó a los altos responsables militares:

– Pregunta de la defensa al contralmirante Eugene Carrol sobre Boca Chica: «¿Qué informaciones sobre la táctica y los entrenamientos de la marina de guerra de Estados Unidos podría resultar de utilidad para el ejército cubano?»
– Respuesta: «Que yo sepa, ninguna».

– Preguntas al general Atkeson: «¿Existen diferencias entre nuestra relación con el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética, y nuestra relación con Cuba?»
– Respuesta de Atkeson: «Sí, existen diferencias».

– Pregunta: «¿Cuáles son esas diferencias?»
– Respuesta: «Los cubanos no constituyen una amenaza para nosotros» (Recordemos la histeria del fiscal: «Vinieron a destruir los Estados Unidos»).

– Pregunta: «¿Qué relación hay entre el temor a ser atacado y la búsqueda de información?»
– Respuesta: «Pienso que ellos utilizan sus servicios de inteligencia para descubrir si nosotros estamos realmente preparándonos para atacarlos».

– Pregunta: « Durante el examen que usted hizo de los documentos, ¿encontró usted documentos clasificados como secretos?».
– Respuesta: «No».

– Pregunta: «¿Encontró usted instrucciones para que los agentes buscaran documentos que pudiesen perjudicar a Estados Unidos?».
– Respuesta: «No».

– Preguntas al teniente general Clapper: «¿Está usted de acuerdo en decir que el acceso a una información pública no constituye un acto de espionaje?».
– Respuesta: «Sí».

– Pregunta: «Usted, con su experiencia en cuestiones de inteligencia, ¿clasificaría a Cuba como una amenaza militar para Estados Unidos?
– Respuesta: « En lo absoluto. Cuba no representa una amenaza».

– Pregunta: «¿Encontró usted alguna prueba que indicara que Gerardo Hernández trataba de obtener informaciones secretas?».
– Respuesta: «Que yo recuerde, no».

Pruebas inexistentes

En lo tocante a Gerardo Hernández, acusado de asesinato, el fiscal reconoció que «vistas las pruebas presentadas durante el proceso, probar la implicación de Gerardo Hernández constituye un obstáculo imposible para Estados Unidos». Sin embargo, el jurado encontró a Gerardo Hernández culpable de asesinato, a pesar de que el propio fiscal había confesado su incapacidad para probar dicho cargo. No existe equivalente alguno en la historia de la justicia estadounidense. Los Cinco fueron condenados a largas penas a pesar de que fue imposible probar ninguno de los cargos. En realidad, se trataba de un juicio político.

Penas extremadamente largas

Gerardo Hernández Nordelo recibió una sentencia de dos penas de cadena perpetua más 15 años de prisión. Ramón Labañino Salazar fue condenado a cadena perpetua más de 18 años de prisión. Antonio Guerrero Rodríguez fue condenado a cadena perpetua más 10 años de prisión. Estas tres personas tendrían que acabar sus días en prisión y renacer de nuevo para cumplir sus condenas, con excepción de Gerardo Hernández que necesitaría tres vidas para estar en paz con la justicia estadounidense. En cuanto a Fernando Fernández Llort, este acusado fue condenado a 19 años de prisión y René González Sehweret a 15 años. En total, los Cinco fueron sentenciados a cuatro penas de cadena perpetua más 77 años de prisión.

Numerosas violaciones jurídicas fueron cometidas durante el proceso

Las violaciones jurídicas cometidas contra los Cinco son extremadamente numerosas:
– No tuvieron acceso inmediato a un abogado después de ser arrestados.
– Tuvieron que esperar más de dos días antes de disponer de una representación jurídica.
– Fueron interrogados durante largas horas fuera de la presencia de sus abogados.
– Fueron mantenidos 17 meses en régimen de aislamiento, lo cual constituye una violación de las reglas penitenciarias que prevén la aplicación del régimen de aislamiento únicamente en el caso de asesinos y por un máximo de 60 días.
– 20,000 páginas de pruebas presentadas contra ellos fueron mantenidas en secreto.
– No pudieron tener contacto con sus abogados para la preparación de su defensa.
– Varios testigos de cargo fueron amenazados de que serían acusados como cómplices si revelaban informaciones a la defensa.
– El proceso se realizó en Miami, a pesar del ambiente extremadamente politizado que existe en esa ciudad en cuanto a todo tema que tenga que ver con Cuba.
– Antes del comienzo del juicio, se desató una violenta campaña de propaganda en la que se acusaba a los Cinco de espionaje. Según un sondeo realizado en aquel momento, el 79% de las personas consultados admitieron estar predispuestas en contra de los acusados.
– Los miembros del jurado fueron amenazados de muerte en acusa de que se les ocurriera absolver a los acusados, como lo demuestran varios artículos de la prensa
local [3].
– El jurado dio pruebas evidentes de estar parcializado. Lo integraban 12 miembros. El presidente del jurado había declarado que estaba contra «la dictadura de Fidel Castro». Los otros 11 tenían opiniones similares.

Grupúsculos terroristas protegidos

Además de constituir una acción política contra Cuba, el juicio tenía como objetivo proteger a las organizaciones terroristas, como lo demuestran las declaraciones surrealistas de la jueza Joan A. Lenard. El fiscal le propuso a René González, condenado a 15 años por haberse infiltrado en los grupos terroristas, que prestara un testimonio falso contra sus compatriotas a cambio de la liberación. Este se negó categóricamente. La jueza expresó su «preocupación porque ese acusado, después de haber cumplido su condena, retomará sus actividades». La jueza agregó entonces a la condena de 15 años la «condición especial adicional de prohibirle relacionarse con individuos o grupos terroristas, miembros de organizaciones que prediquen la violencia, figuras del crimen organizado o visitar lugares específicos frecuentados por éstos». El tribunal reconoce explícitamente que Miami es refugio de «individuos o grupos terroristas» y que nada se hace al respecto, aunque el presidente Bush le ha declarado la «guerra al terrorismo».

Condenas anuladas y detenciones arbitrarias

En abril y mayo de 2003, la defensa comenzó el proceso de apelación ante la Corte de Atlanta. El 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas declaró que la detención de los Cinco es arbitraria y violatoria del Derecho Internacional. El 9 de agosto de 2005, la Corte de Apelación del Onceno Circuito de Atlanta anuló el juicio realizado en primera instancia y desde entonces los Cincos no sólo están encarcelados injustamente sino que también están encarcelados ilegalmente.

Casos de tortura sicológica y moral

Varias formas de tortura sicológica y moral han tenido lugar en contra de las familias de los Cinco. Olga Salanueva, esposa de René González, y su hija Ivette no han podido visitar nunca al prisionero. Adriana Pérez O’Connor, esposa de Gerardo Hernández, no ha podido visitar todavía a su esposo. Hace cerca de ocho años que estas mujeres no han podido ver a sus cónyuges. El trato que se le ha dado a Adriana constituye realmente un caso de tortura sicológica. El 25 de junio de 2002, después de cinco años de espera, se le otorgó una visa para visitar a su esposo, entonces detenido en Los Ángeles. Pero a su llegada a Estados Unidos, Adriana fue arrestada por el FBI, interrogada durante 11 horas y expulsada hacia Cuba.

Para justificar tales iniquidades, el gobierno de Estados Unidos ha declarado que Olga Salanueva y Adriana Pérez no pueden obtener la visa porque ambas representan una amenaza para su seguridad nacional. Hasta la pequeña Ivette, de ocho años, que no conoce aún a su padre, representa un grave peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, según el Departamento de Estado.

Para obstaculizar las visitas consulares a los Cinco, estos últimos han sido situados en prisiones que se encuentran en los cuatro extremos del país: Gerardo Hernández, en California; Antonio Guerrero, en Colorado; Fernando González, en Wisconsin; Ramón Labañino, en Texas, y René González, en Carolina del Sur.

La legislación estadounidense y el derecho internacional son pisoteados

El juicio contra los Cinco viola la Constitución de Estados Unidos, las Regulaciones del Buró Federal de Prisiones, la Declaración sobre la Protección contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención de Viena sobre los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de la ONU sobre el Trato a Prisioneros y la Convención Americana de Derechos Humanos.

El doble rasero de los medios internacionales

Washington otorga refugio en su territorio a grupúsculos terroristas que desarrollan una guerra implacable contra la Revolución Cubana. Esas entidades fascistas actúan abiertamente y con toda impunidad ya que han gozado históricamente del apoyo de la Casa Blanca. El episodio de Luis Posada Carriles, quien se encuentra en Estados Unidos desde mediados de marzo de 2005, a pesar de que los tribunales estadounidenses le prohibieron la estancia en el territorio de ese país a causa de sus actividades terroristas, ha puesto nuevamente en evidencia la mentira que constituye la «guerra contra el terror».

Sin embargo, el doble rasero que Estados Unidos aplica en su «lucha contra el terrorismo», que en realidad no es sino un subterfugio que esconde sus aspiraciones hegemónicas, se extiende también a los medios internacionales que avalan, asimilan y aplican la doctrina del «terrorista bueno y el terrorista malo». Los medios internacionales se hacen así cómplices de una maniobra global y ratifican de hecho los planes imperialistas estadounidenses.

Ese complot mediático salta a la vista. ¿Cómo es posible que en pleno auge de la «guerra contra el terrorismo» las transnacionales de la información y de la difusión no aborden el caso de Cuba, el país que ha sido y es víctima de la campaña terrorista más larga y feroz de la historia moderna?

¿En nombre de qué amnesia ideológica se ha abstenido la prensa internacional de recordar, luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el sangriento atentado cometido el 6 de octubre de 1976 contra un avión comercial de Cubana de Aviación en Barbados cuando se trata de uno de los primeros actos de terrorismo aéreo de la historia? ¿Cómo puede concebirse que en momentos en que Estados Unidos alberga y protege a Luis Posada Carriles, los medios internacionales prefieran otorgar amplia cobertura a la reunión de un grupito de «disidentes» cubanos financiados y controlados por Washington, como demuestran los propios documentos del Departamento de Estado norteamericano?

El tratamiento mediático del problema del terrorismo confirma no sólo el doble discurso actual sino también la falsedad de la «guerra contra el terror». Si la «lucha contra el terrorismo» tuviera algún fundamento, el conjunto de los medios internacionales denunciaría la implacable campaña terrorista que los sucesivos gobiernos estadounidenses desencadenaron contra el pueblo cubano desde 1959. La censura del terrorismo contra Cuba, de lejos la más sofisticada, ilustra claramente la duplicidad de la prensa occidental.

La selectividad probada de los medios no hace más que resaltar más fuertemente aún la atmósfera doctrinal reinante en las redacciones del mundo entero. El escándalo de los cinco ciudadanos cubanos encarcelados en Estados Unidos es ejemplar. Si las sociedades occidentales fuesen intelectualmente libres, denunciarían el trato cruel e inhumano dado a los Cinco. Sin embargo, ese escándalo judicial ha sido totalmente suprimido de los espacios de los medios dominantes.

Las noticias tienen que atravesar un filtro ideológico que demuestra cuán profundamente arraigados están los fundamentos del autoritarismo en las estructuras de los medios internacionales. En realidad, la prensa, que se supone debe ofrecer una información fidedigna, no es más que una herramienta de control del pensamiento y de las ideas ya que descarta sistemáticamente debates tan importantes como el basamento y la legitimidad de una guerra terrorista emprendida contra una nación que escogió el camino de la independencia y la autodeterminación. Simplemente no se habla de los temas fundamentales, como el derecho de Cuba a defenderse contra las constantes agresiones.

La prensa francesa llevó la indecencia al extremo de calificar a Luis Posada Carriles de «combatiente anticastrista», de «acusado de terrorismo» o, en lo que es el colmo de la hipocresía, de «ex terrorista». ¿Existe acaso la prescripción en materia de terrorismo? Nadie denuncia ese crimen semántico, lo cual demuestra que las barreras doctrinales funcionan a la perfección. ¿Qué pasaría si Osama Bin Laden fuese calificado de «anti Bush», de «acusado de terrorismo » o de «ex terrorista»? El escándalo que desatarían tales calificativos estaría a la altura de la complicidad de los medios sobre el tema de Posada Carriles.

De cierta manera, los grandes grupos de prensa se hacen cómplices del terrorismo ya que para ellos los sangrientos hechos contra Cuba no revisten importancia alguna. En la medida de lo posible, los horrores cometidos en nombre de una aversión antirrevolucionaria se mantienen en silencio. Y cuando es imposible seguir ocultándolos, se les minimiza y los criminales responsables son mediáticamente absueltos con toda impunidad, como lo demuestran los términos utilizados para referirse al peor terrorista del continente americano.

La prensa acepta tácitamente justificar determinado tipo de violencia y denunciar lo que ella misma califica de terrorismo arbitrario. Todo dependen de quién sea la víctima: si es europea o estadounidense, los responsables son criminales sin Dios ni ley; si la víctima es cubana, los responsables se convierten en personas «acusadas de terrorismo», en «anticastristas» o en «ex terroristas». La opinión pública es el blanco primordial de esta tiranía mediática.

El marco ideológico establecido dentro de los propios medios censura las razones verdaderas. De esa forma, la prensa, propiedad de los grandes grupos económicos y financieros, presenta características despóticas que constituyen un peligro para el porvenir de la humanidad.