“Certificado de defunción. Por Colombia: empresas libres de sindicalistas y guerrilleros. El Bloque Central Bolívar comisionamos a un escuadrón denominado Empresas sin Sindicatos de la zona metropolitana de Bucaramanga que limpien la ciudad de sindicalistas y gusanos serviles de la guerrilla del Magdalena Medio-Farc. Primera advertencia: destierro de toda actividad guerri-sindical del departamento. Segunda advertencia: caso omiso de la primera advertencia pena de muerte para: Carolina Rubio, Gabriel Gonzales, Cesar Plaza, Adela Piña, Martha Diaz, William Rivero, Jaimes Reyes, David Florez, Rodrigo Cordoba, Oswaldo Bonilla, Alfonso Leon, Jorge Cadena y Wilson Ferrer”.

Tal es el contenido del macabro mensaje que el 13 de junio del presente año recibieron los miembros del comité de la CUT de Barrancabermeja de parte del Bloque Central Bolívar de las AUC, que lleva la firma del “comandante” Nelson Bolívar y afecta con nombre propio a cuatro miembros de esa subdirectiva, dos sindicalistas, tres dirigentes populares, dos dirigentes del comité de solidaridad con los presos políticos de esa localidad, un trabajador despedido de su empleo y un desplazado.

En otro escenario, la matanza de tres sindicalistas que tropas del Ejército perpetraron el 5 de agosto de 2004 en Cayo Seco (Saravena) ha dado pie para la conversión de toda una familia en objetivo militar. Como se sabe, el comandante de las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa y el vicepresidente de la república informaron al país que las muertes habían sido resultado de un combate con un grupo de “guerrilleros”. De nada ha valido que la Fiscalía revelara posteriormente que lo ocurrido fue un simple y brutal asesinato de los dirigentes sindicales. Samuel Morales, presidente de la subdirectiva de la CUT de Arauca, sobreviviente de esos hechos y detenido en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá desde ese 5 de agosto, denunció que el 21 de septiembre del presente año se produjeron llamadas telefónicas a sus hermanas Omaira, Gladis y Matilde, educadoras de los colegios Juan Jacobo Rousseau, de Arauca, y Gabriel García Márquez, de Arauquita, por parte de personas que se presentaron como miembros de las AUC y que les dieron 72 horas para abandonar el departamento, advirtiéndoles: “Hasta que a su hermanito no le cobremos las cuentas no descansaremos. Todo lo que sea familia del señor Samuel Morales debe desaparecer del departamento de Arauca”. Las hermanas pusieron la denuncia ante las personerías de Arauquita y Arauca, pero las llamadas continuaron. En la audiencia pública que tuvo lugar el 29 de julio en Saravena, el teniente coronel del Ejército Luis Francisco Medina hizo a Samuel veladas amenazas contra su esposa y sus hermanas, amenazas que Samuel denunció allí mismo. “Mi esposa trabaja en el hospital del Sarare San Ricardo Pampurri, de Saravena, y por boca del mismo director de la ESE del Sarare, el doctor Pedro Alcántara, le da a conocer a mi compañera que por exigencia del teniente coronel Luis Francisco Medina debía de sacarla de la ESE (...) Estos hechos no fueron denunciados por mi compañera debido al temor y las presiones que vienen haciendo las fuerzas militares en el hospital de Saravena (...) Igualmente mis hermanas me dieron a conocer que han sido víctimas de presiones y estigmatizaciones por parte de miembros de la fuerza pública, más concretamente por el Ejército nacional, sobre todo en los retenes, donde les han quitado la cédula reteniéndolas por horas. Posteriormente llegan a presionarlas psicológicamente preguntando por mí, que en dónde me encuentro, que yo estoy solicitado por ellos, estigmatizándolas solo por el hecho de ser hermanas mías”.

¿Qué ha pasado con ellas? No sabríamos decirlo. Solo está claro que la lista de trabajadores perseguidos y eliminados por la cuerda gobierno-paramilitares se extiende sin cesar mientras nos acercamos a la parte más caliente de la campaña electoral de 2006. Luciano Romero, trabajador de Nestlé-Cicolac y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (Sinaltrainal), despedido el 22 de octubre de 2002 por haber dirigido un paro de actividades en la empresa, era responsable de derechos humanos del sindicato y miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y todo eso fue más que suficiente para acabar con su vida. En la madrugada de ese mismo 10 de septiembre su cuerpo sin vida fue encontrado en Valledupar, “amarrado de pies y manos, fuertemente torturado y su cuerpo presentaba cuarenta y siete cuchilladas”. La persecución sistemática a Romero había dado pie a la imposición de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno colombiano. Su reintegro había sido legalmente invocado y al respecto cursaban varias demandas contra Nestlé de Colombia, Cicolac Ltda. y Dairy Partens Americas Manufacturing Colombia Ltda. (DPA Colombia Ltda.). En varias ocasiones las organizaciones sindicales se habían visto precisadas a trasladarlo a sitios lejanos de su centro de operaciones y “últimamente el Principado de Asturias (España), en un programa de solidaridad y protección a través de Soldepaz Pachakutti, lo sacó por un tiempo prudencial para proteger su vida”. La muerte, sin embargo, pudo más que todas las precauciones. Hasta ese momento, Luciano era la víctima fatal número 37 de la CUT en 2005. Jairo Soledad, dirigente sindical y militante comunista cobijado por medidas de protección del Ministerio del Interior, fue detenido en Arauca por señalamiento de desertores de la guerrilla y desde la prisión denuncia que a partir del 27 de septiembre del presente año “está recibiendo amenazas de muerte, al principio anónimas y por teléfono y luego mediante mensajes enviados por intermedio de terceros, como los procedentes del sargento del Ejército, Chaverra, y del cabo de la Policía, Noriega”. La bellaquería tiene antecedentes en la amenaza pública proferida contra él por Chaverra el 29 de abril de 2005 en El Paso Internacional de Arauquita (Voz, octubre 19/05, 12). ¿Todavía estará vivo Jairo?

Estos cuatro testimonios, surgidos en los cinco últimos meses, son apenas una pobre muestra de la realidad que viven los hombres y mujeres que exponen sus vidas por organizar y defender a los trabajadores colombianos. En el caso de Santander las últimas acciones criminales hacen parte de la operación “Empresas sin sindicatos”, en que están comprometidas, en primer lugar, las multinacionales. Los dirigentes sindicales sostienen que los paramilitares esperan completar el control de los gobiernos municipales a partir de las elecciones del año entrante. Los asesinos de sindicalistas y defensores de derechos humanos operan con la mayor libertad y las autoridades locales no se atreven a intervenir o pasan de agache. Llama la atención que los nuevos crímenes de Estado en tierra santandereana ocurran mientras allí se pone en marcha un gigantesco proyecto de desarrollo productivo comandado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Gobernación y que en el curso de los próximos quince años promete originar alrededor de 467.000 nuevos empleos temporales (Vanguardia Liberal, mayo 19/05, 2B). Las inversiones de hoy son prometedoras, pero ninguna quiere sindicatos en el camino.

En medio de la erección de nuevos poderes locales, empresarios privados y administradores públicos, mandos del Ejército y la Policía, grupos paramilitares y reinsertados de verdad y de mentira se ponen fácilmente de acuerdo para las fechorías contra las organizaciones del pueblo. El paramilitarismo se ha convertido rápidamente en una forma de vida y ascenso social, a la sombra de un gobierno que allá en el fondo, en sus orígenes ideológicos, nació con él en la mente.

Álvaro Delgado