Propaganda y falacias oficiales

Los éxitos de la “Seguridad Democrática” lo sustentan en la cifra de homicidios en el 2005: 14.503 personas, según Medicina Legal, lo que representa una caída del índice de homicidios por cada cien mil personas de 41,7 a 31,5 entre 2004-2005, nivel que no se observaba desde principios de la década de 1980. En el frente social, la pobreza medida por ingresos, a pesar de seguir afectando a la mitad de la población colombiana, se colocó en el nivel más bajo de la historia del país: 49,2%, y la inequidad medida por el índice de Gini [1] disminuyó 2 puntos entre 2002 y 2005 al pasar de 0,57 a 0,55, según la propaganda oficial (Ver gráfico).

Con base en estos resultados, según la encuesta de opinión de enero de 2006 adelantada por Semana, RCN y la FM, 73% de los colombianos considera que Uribe viene cumpliendo con lo que prometió y 68% apoya su gestión. Además, 57% manifiesta su intención de votar por él en las próximas elecciones presidenciales, en consecuencia no habría segunda vuelta y el proyecto de la extrema derecha consolidaría su hegemonía.

Manipulación de la economía

La economía colombiana se encuentra en medio de una burbuja especulativa similar a la situación de mediados de 1990: crecimiento del PIB jalonado por el endeudamiento oficial y de los hogares (el mercado de tarjetas de crédito aumentó 4 veces superior al promedio de la economía), una gran expansión monetaria, elevado gasto público, una inflación ficticia de activos y alta inversión extranjera orientada a la adquisición de las empresas nacionales. Cuando se reventó esta burbuja, en 1999, el país se hundió en la peor recesión del siglo XX.

Esta malsana economía no arroja resultados tan buenos para quienes viven de su trabajo y los sectores populares, como pretenden que lo creamos. El crecimiento de la economía de 4,5% en 2005 está por debajo del 5,5% que crecieron en promedio las economías de los países periféricos en el mundo. Igualmente es bajo en relación con economías de América Latina: 7,8% de Venezuela, 7,5% de Argentina, 5,9% de Chile, 6,0% de Uruguay y 5,5% de Perú. El ingreso por persona de US $ 1912 es inferior todavía al alcanzado por Colombia en 1998, antes de la crisis, esto es, US $ 2420. Si el ritmo del crecimiento se mantiene, el país tardará 40 años para duplicar el ingreso per cápita. Hoy este ingreso es la mitad del chileno, una tercera parte del argentino y 25% menos que el de Venezuela.

En gran parte lo que pasó con la economía colombiana en 2005 se debió a un entorno internacional favorable, por la dinámica de las economías de China y Estados Unidos, al igual que por la creciente demanda venezolana por productos colombianos (las exportaciones a Venezuela son de alto valor agregado y sobrepasaron los 2.300 millones de dólares). Los especulativos precios internacionales que alcanzaron las materias primas le dejaron altos ingresos al país, aunque como toda exportación bruta de recursos naturales y energético no genera empleo productivo ni encadenamientos productivos importantes, pero sí un alto costo ambiental (el petróleo sobrepaso los 70 dólares el barril; el carbón igualmente registró elevados precios – estos son los dos principales rubros de exportación, lo mismo sucedió con el hierro, el acero, el ferroníquel y el oro).

Uno de los principales motores del crecimiento en 2005 fue el consumo de los hogares de mediano y alto ingreso, este rubro que representa el 70% del PIB se expandió a una tasa del 5% durante el segundo semestre. El mayor consumo de estos hogares se reflejó en el crecimiento de la venta de carros, electrodomésticos, celulares, vivienda nueva, bebidas, alimentos, ropa y calzado, al igual que en la mayor utilización del sector de hotelería, transporte y turismo. Este desbordado consumo estuvo financiado al debe (el crédito estuvo barato y de fácil acceso) y en las remesas de divisas de los familiares que laboran en el extranjero (en una cifra cercana a los 3.000 millones de dólares), pero también motivado por la caída del dólar que propició la llegada de productos más económicos (además de las remesas y la inversión extranjera directa, al país llegan otros 3.000 millones de dólares por cuenta del narcotráfico y legalización de los capitales acumulados por los paramilitares, todo lo cual explica la caída que experimenta el dólar).

El otro factor explicativo del crecimiento económico fue la inversión que aumentó en 20%. En alta proporción fue inversión extranjera, ésta sobrepasó los 6.000 millones de dólares, el nivel más alto en toda la historia de Colombia. Buena parte de esa inversión directa fue para la adquisición de empresas nacionales por parte de multinacionales. Al país llegó la Phillip Morris, el grupo Gerdau y varias multinacionales financieras, petroleras y carboníferas. Las principales empresas se han desnacionalizado y la oligarquía colombiana ha entrado a ser socia de los grandes capitales transnacionales (ver cuadro). El control de las multinacionales de las empresas colombianas viene significando un creciente desangre económico para el país: en el año 1996 la remesa de las utilidades hacia las casas matrices fue de 100 millones de dólares; en el año 2005 superaron los 2.500 millones de dólares.

De otra parte, cerca de 1.500 millones de dólares de la inversión extranjera durante 2005 corresponde a inversión en portafolio, esto es, dinero que entra al país en busca de rendimientos especulativos de corto plazo. La gran afluencia de dólares generó la reevaluación del peso lo que prendió las alarmas entre los empresarios exportadores, obligando al Banco de la República a intervenir y al gobierno nacional a subsidiar a los exportadores.

En el frente interno, los empresarios también están invirtiendo en ampliación de las plantas, adquisición de nueva tecnología y nuevos proyectos, ante las expectativas de la firma del tratado de libre comercio de Colombia con los Estados Unidos que podría aumentar las exportaciones. El mercado interno que crece ligeramente por encima de la inflación no es un atractivo para la inversión; este mercado es restringido debido a los altos niveles de pobreza y a la precariedad del empleo y los ingresos de la mayoría de los trabajadores (el 52,3% de la población ocupada devenga ingresos menores a un salario mínimo legal y el 85,4% recibe ingresos menores a 2 SML).

Otro fenómeno especulativo del año 2005 fue la inflación de activos. El precio del metro de tierra urbano se duplicó encareciendo los costos de construcción de vivienda. Quienes invirtieron en el mercado accionario obtuvieron utilidades extraordinarias del 110% anual (la Bolsa de Valores de Colombia fue una de las más rentables en el mundo), situación desvinculada tanto del crecimiento como del aumento de la productividad del sector real de la economía. La industria, por ejemplo, creció sólo 3% durante 2.005 según cifras oficiales, pero según la Andi el crecimiento fue superior a 7%.

La estructura de la propiedad de las empresas cuyas acciones se transan en la Bolsa de Valores es un reflejo de la impresionante concentración de la riqueza en Colombia. Son 103 empresas cuyo valor de mercado subió de 11.000 millones de dólares en el 2003 a 42.000 millones de dólares en 2005. El 74% de esta enorme valorización (equivalente a una tercera parte del PIB) quedó en manos de 500 accionistas; teniendo en cuenta los cruces y sociedades accionistas de un mismo dueño, no fueron más de 250 accionistas los beneficiarios reales de esta “nueva” riqueza”.

Los sectores económicos que más crecieron durante 2005 fueron el financiero, comercio, comunicaciones y vivienda, a un ritmo cercano al 10%. Las utilidades del sector financiero alcanzaron un record al superar los 3 billones de pesos, en medio de una alta concentración empresarial; el Bbva de España adquirió Granahorrar; los bancos Tequendama y Sudameris, del grupo Gilinski, se fusionaron; la Caja Social absorbió a Colmena y constituyó el nuevo Banco BCSC; el Grupo Empresarial Antioqueño fusionaron los bancos Bancolombia, Conavi y Corfinsura; Davivienda adquirió el Banco Superior.

En comunicaciones, lo que expresa una gran distorsión y alienación en el consumo, el número de los usuarios de los teléfonos celulares aumentó de 10,4 millones a 22 millones entre 2004-2005 y el gasto de los colombianos en llamadas por este medio supera el gasto en educación o salud (que se hable más no quiere decir que mejore la comunicación entre las personas). Las ventas de los grandes almacenes e hipermercados registraron un crecimiento del 9%. La construcción fue uno de los sectores más dinámicos con crecimientos del 16%, aunque el mayor crecimiento recayó en las obras civiles que aumentaron 37%.

Para el año 2006 las previsiones económicas no son tan optimistas. Se estima que el crecimiento económico difícilmente alcanzará el 4%. En parte porqué la economía mundial crecerá a un menor ritmo. De acuerdo con el economista Sebastián Edwars, profesor de la UCLA, en 2006 se registrará una desaceleración de la economía global; en Europa la confianza de los consumidores y del sector productivo ya ha comenzado a caer y se prevé que a principios de 2007 Estados Unidos sufrirá una recesión. La menor demanda mundial hará que los precios de los productos básicos como el petróleo o el carbón comiencen a ir a la baja (los precios del petróleo estarán alrededor de 60 dólares el barril). Estos menores precios afectarán las economías de Venezuela y Ecuador, unos de los principales socios comerciales de Colombia. De acuerdo con el FMI, el crecimiento de América Latina bordeará el 3,8%, medio punto menos que lo registrado en 2005.

La situación se complica porque las tasas de interés siguen subiendo en Estados Unidos. Este hecho encarece la deuda adquirida y las nuevas contrataciones de crédito, pero también vuelve más atractiva las inversiones en ese país. En 2002 los colombianos sacaron 950 millones de dólares para invertirlos allí. En conjunto, todos los anteriores factores se van a traducir en un menor crecimiento de las economías latinoamericanas. Habrá un menor flujo de capitales, mayores tasas de interés, las deudas externas serán más altas, habrá una depreciación de las monedas de la región, las inversiones se desacelerarán y el desempleo volverá a aumentar.

El fraude social

El empleo es un sector bisagra entre lo económico y lo social. A lo largo de 2005 la tasa de desempleo bajó de 13,2% que se encontraba en enero a 10% a finales de año. Esta disminución se explica por la intensificación de la explotación de la fuerza laboral y porque muchos colombianos han dejado de buscar trabajo desanimados por la falta de oportunidades. El subempleo (por competencias, ingresos y tiempos de labor) aumentó de 28% a 33% a lo largo del año 2005.

El deterioro en la calidad del empleo se observa igualmente en el problema estructural de la informalidad cuya tasa se mantiene en el 58,8%. Para el año 2006 la tasa de desocupación estará alrededor del 12% sin que se prevea, además, una mejora en la calidad de los puestos de trabajo y las condiciones precarias del trabajo.

Con base en este análisis, resulta por lo menos absurdo el optimismo del gobierno de la torcida del espinazo a la pobreza y que el país es ahora estructuralmente más igualitario. De acuerdo con el informe oficial del Departamento Nacional de Planeación “entre 2002 y 2005 la pobreza por ingresos se redujo en 7,8 puntos”. Esto significa que “frente a 2002 hoy se contabilizan 2,3 millones de pobres menos en Colombia”. Tres factores explican estos resultados, según la propaganda oficial: crecimiento del ingreso per cápita, mejor distribución del ingreso, más empleo con mejores ingresos generados por el crecimiento de la economía. Según el informe del DNP “La inequidad medida por el índice de Gini ha disminuido en dos puntos entre 2002 y 2005”. Cínicamente y sin sonrojarse, el Gobierno afirma que con sus políticas está logrando que los ricos sean más pobres, a la vez que estos mejoren sustancialmente sus ingresos. Según el DNP:

– El 50% más pobre ha incrementado su participación llegando al 14,2%
– La participación de los deciles de ingreso medio se ha mantenido alrededor del 24%
– El 20% más rico ha bajado su participación de 65% en 1999 a 61,8% en 2005.

Estas cifras carecen del más mínimo fundamento de verdad. Sabemos que no se han creado puestos de trabajo de calidad ni estables. De los 922.000 nuevos puestos de trabajo que se han generado en los últimos tres años, 577.041 (62,2%) se han generado en la categoría de los trabajadores por cuenta propia. Al comparar el valor del Salario Mínimo Legal del año 2005 ($381.500) versus el costo de la canasta familiar para familias de ingresos bajos en el mismo año ($802.347, según cifras del DANE), encontramos que se requerían 2,1 SML para adquirirla, por tanto, teniendo en cuenta que 85% de la población ocupada devenga menos de dos SML, es imposible que sólo 49% de la población se encuentre bajo condición de pobreza (aun suponiendo que trabajen dos personas por hogar, el 53% de los trabajadores devengan menos de un SML).

Respecto a la mejora en la distribución del ingreso la evidencia pone al descubierto las mentiras del gobierno. Con respecto a su nivel antes de la recesión de 1999 las utilidades de las mayores empresas del país han crecido 400%, mientras que los ingresos laborales promedio por trabajador sólo han aumentado 10,6% entre 2002 y 2005 (de $756.400 a $836.260) y el SML real o constante (descontando la inflación) sólo ha aumentado 5%. En el sector rural la situación es peor: el ingreso mensual per cápita de los trabajadores rurales ha caído 1,6% entre 2002 y 2005. De hecho, la participación de los salarios en el PIB ha desminuido, para el año 2005, fue de 34% mientras en 2000 fue 35,5%. Situación que tiene que ver con las últimas reformas laborales que favorecen al capital (disminución de costos laborales y mayor flexibilización) y la débil fuerza sindical colombiana (sólo 4,9% de la población ocupada se encuentra afiliada). Según el informe sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas (2005), Colombia se encuentra con relación a la distribución del ingreso entre los 10 países más desiguales en el mundo (similar a los países africanos) y entre los tres más inequitativos de América Latina (junto a Guatemala y Brasil).

En relación con el gasto público, en lo corrido de este Gobierno se han destinado $55,7 billones (65,9% de los recursos de inversión del Plan Nacional de Desarrollo) a los siete programas que hacen parte del cumplimiento del objetivo de la reactivación social (educación, protección y seguridad social, economía solidaria, manejo social del campo, servicios públicos, país de propietarios y calidad de vida urbana). No obstante, tres programas concentran 94% del gasto social: revolución educativa (45,5%), protección y seguridad social (39,7%) y servicios públicos (8,5%). La educación es una prioridad por los requerimientos del sistema económico de una fuerza de trabajo educada ante los retos de una economía internacionalizada y con tecnologías más complejas, los gastos de salud corresponden a la política de aseguramiento de la Ley 100 que reporta altas utilidades económicas al sector privado intermediario del servicio (EPS y ARS), en pensiones los beneficios se concentran en un pequeño porcentaje de jubilados, y el gasto en servicios públicos beneficia a las empresas privadas que controlan el sector.

Superior al gasto social, en términos per cápita, lo constituye la asignación de recursos del fisco para subsidiar a los sectores ricos de la población: subsidios cambiarios para dos grupos privilegiados de empresarios, la rebaja de la tasa de impuestos a las empresas, la devolución de dos puntos del IVA a los consumidores de estrato alto que pagan con tarjetas y el establecimiento de nuevos beneficios (tributarios) a quienes más tienen con la creación del Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC).

El engaño de la “Seguridad Democrática”

De acuerdo con las cifras de Medicina Legal, en el año 2005 fueron asesinadas en Colombia 14.503 personas, esto es, 4.385 personas menos que lo reportado durante 2004. En contraste, al tomar las cifras del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, el número de homicidios en el país durante 2005 fue de 18.040 personas, por tanto, la diferencia entre estas dos fuentes oficiales es de 3.537 homicidios. De acuerdo con Medicina Legal los homicidios cayeron en 23% durante 2004-2005, tomando los datos de la Policía Nacional, la disminución fue de 10,7%.

Según los técnicos, son más confiables las cifras de Medicina Legal, pues están basadas en los exámenes forenses, aunque la entidad no tiene presencia en todo el territorio nacional (tiene sólo 126 puntos de atención, mientras el número de municipios alcanza los mil noventa y ocho). En consecuencia, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, para el año 2005, se ubica entre 31,5 y 39,2 dependiendo de la fuente estadística de referencia. De acuerdo con Medicina Legal, es sorprendente que los departamentos teatros principales de la guerra (por ejemplo, Putumayo, Chocó o Guainía) entre las Fuerzas Militares, la guerrilla y los paramilitares presenten tasas de homicidios más bajas en comparación con el promedio nacional, lo que se debe posiblemente, según la institución oficial, al subregistro de los muertos en combate en estas regiones apartadas y de difícil acceso.

Al considerar los efectos de la “Seguridad Democrática” del gobierno Uribe en la situación de violencia de Colombia se deben tomar en cuenta las dinámicas regionales de los conflictos políticos y sociales, antes que quedarse en los promedios nacionales para explicar lo sucedido. De este modo, la tasa de asesinatos se eleva significativamente al tomar cada uno de los departamentos donde la guerra y las patologías sociales están más concentradas: en 2005, Risaralda registró 99,3 homicidios por cada cien mil habitantes; Valle del Cauca 72,7; Meta 70,3; y Casanare 57,2. El homicidio en Colombia responde a dinámicas locales, pero bastante articulada a los intereses de los grandes macro proyectos de desarrollo y a la lucha por el control social y territorial desplegada por parte de los grupos armados. De otra parte, los campesinos, en términos relativos, continúan siendo el grupo más vulnerable afectado por la violencia homicida, por encima de los integrantes de los grupos armados.

Bogotá, considerada como un departamento debido a su peso demográfico, presentó una tasa de 23,8. En el Distrito Capital los homicidios crecieron por primera vez en diez años al pasar de 1.571 casos en el 2004 a 1.655 en 2005. Según Juan Manuel Ospina, Secretario de Gobierno, esta situación que presenta Bogotá tiene una triple explicación: las luchas por el control de la ciudad por parte de los paramilitares, la violencia intrafamiliar (explica el 10% de los casos) y la delincuencia criminal organizada.

En Medellín y Cali, ciudades con alta presencia y control paramilitar, los homicidios cayeron en 29,6% y 26,5%, respectivamente. La orden de “Don Berna” en Medellín fue de cero asesinatos. Conducta que se reproduce en la mayoría de las zonas controladas por el paramilitarismo, teniendo en cuenta el proceso de institucionalización de estas fuerzas amadas de extrema derecha por parte del gobierno Uribe. Ahora los homicidios no se cometen de manera indiscriminada sino selectivamente para presionar sobre poblaciones y territorios específicos con la finalidad única de obtener ventajas estratégicas política, económica y social. Por su parte, las fuerzas campesinas y populares insurgentes se encuentran en período de repliegue y de vuelta a la táctica de guerra de guerrillas (caso de las farc) o en conversaciones con el gobierno (caso del eln).

En consecuencia, el modelo mantiene su desarrollo sin grandes sobresaltos pero con claros límites a la vista. Por más propaganda que se haga, la manipulación tiene un límite: la vida cotidiana de las mayorías nacionales que continúan excluidas.

La falacia de las cifras de empleo

Las cifras sobre reducción del desempleo se explican no por una transformación de la estructura económica o la ampliación de la demanda de los hogares que generen nuevos puestos de trabajo sino por un cambio en la metodología de medición y una interpretación errónea de la dinámica laboral. La reducción del desempleo obedece a que la fuerza de trabajo dejó de buscar ocupación.

El DANE, en el año 2000 cambió la metodología de medición de los indicadores del mercado laboral. Uno de los cambios en las definiciones disminuye artificialmente la población desempleada al transformarlos por efectos estadísticos en población económicamente inactiva. Se entiende como inactiva a la persona que no está disponible para trabajar, es el caso de los estudiantes, discapacitados y amas de casa. Por desempleado se entiende la persona que estando dispuesta a trabajar no encuentra ocupación. La nueva metodología asume que las personas que no encuentran trabajo y se cansan de buscar o se desalientan, pasan de desempleados a inactivos. Al hacerlo, la tasa de desempleo se reduce.

En la nueva encuesta se considera desempleado a quien no tiene trabajo pero lo ha buscado en algún momento durante las últimas 4 semanas, mientras en la encuesta anterior era durante las últimas 52 semanas. Otro cambio es que ya no es necesario trabajar sin remuneración más de de 15 horas semanales en negocio familiar para ser declarado empleado, ahora basta con trabajar al menos una hora para no considerarlo desempleado. Todos los cambios tienen el efecto de reducir la tasa de desempleo de la nueva serie entre un punto y medio y 2,5%.

Las falacias de las cifras de pobreza y distribución del ingreso

Para la medición de la pobreza, el gobierno toma como base de información el valor de la línea de pobreza obtenida a partir de la encuesta de ingresos de gastos de 1994-95, actualizada por el IPC de los hogares de ingresos bajos, y los ingresos de los hogares reportados en las encuestas continuas de hogares (ECH) 2001-2005. Al comparar los ingresos de los hogares respecto al valor de la línea de pobreza, los que tengan un ingreso inferior a ésta son considerados pobres. No obstante, sobre los ingresos reportados originalmente por los hogares el DNP realiza una triple manipulación:
– Imputación de ingresos para casos faltantes
– Ajuste a Cuentas Nacionales para corrección de subdeclaración de ingresos
– Imputación renta goce por vivienda propia
Para el año 2005 el DNP le imputo a todos los hogares un crecimiento en el ingreso de 5,1% de acuerdo con los estimativos del DANE del crecimiento del PIB en los tres primeros trimestres. Es cierto que los ingresos de la ECH son inferiores a los ingresos estimados de las Cuentas Nacionales, lo que no es cierto es que los ingresos aumenten en el mismo porcentaje en los diferentes estratos socioeconómicos. Esta manipulación tiene un doble efecto: al aumentar artificialmente los ingresos de los estratos bajos, disminuye la pobreza, a la vez que la distribución del ingreso mejora. Al imputar ingresos a los hogares faltantes y a los dueños de vivienda, nuevamente los índices de la pobreza disminuyen. Sin esta manipulación el Índice de pobreza (tomando el mismo valor de la línea de pobreza del DANE) aumenta en 25 puntos, por tanto, el nivel de la pobreza sería de 74% y no 49% como lo anuncia el gobierno. Además, para calcular el valor de la línea de pobreza se toma un hogar promedio de cuatro personas, cuando se sabe que en los hogares pobres el número de niños es mayor.
Por último, la ECH considera los ingresos del trabajo principalmente de los estratos medios y bajos. Los hogares más ricos, los dueños del capital, no están contemplados en la muestra, por tanto los cálculos de la concentración del ingreso no tienen en cuenta las altas ganancias de los dueños de las empresas, de las tierras y de los portafolios dedicados a la especulación financiera y accionaria.