El 8 de septiembre del año pasado el presidente Uribe y su joven y obediente ministro de Hacienda firmaron el decreto 3150, que otorgó a 285 de sus altos funcionarios una bonificación semestral que alcanza al cuádruplo del sueldo que devengaban en ese momento. Los favorecidos con semejante regalo prenavideño son sus ministros, viceministros; directores, subdirectores y altos funcionarios de departamentos administrativos; el Alto Comisionado de Paz (el mismo que adelanta la fraudulenta desmovilización de 26.000 paramilitares); altos consejeros presidenciales, secretarios, directores y asesores de programas de la Presidencia; directores, gerentes y presidentes de establecimientos públicos, Aeronáutica Civil, Dirección de Impuestos y Aduanas, etc.

El decreto 3150, dice un editorial del conservador El Nuevo Siglo, crea “una bonificación de dirección equivalente a cuatro veces la remuneración mensual, compuesta por la asignación básica más gastos de representación, pagadera en dos contados iguales en fechas treinta de junio y treinta de diciembre del respectivo año”. Se añade a la “bonificación de gestión judicial de carácter permanente” otorgada en diciembre de 2004 y que igualó los salarios de altos directivos de la Justicia, que venían reclamando mejor reconocimiento de sus labores. El costo de la bonificación extraerá del presupuesto más de $5.400 millones a partir de 2006 (El Nuevo Siglo, sep.15/05).

Los que están al tanto de las cosas en el gobierno sostienen públicamente que, contados gajes y arandelas, un ministro de Estado recibe más de doce millones de pesos mensuales, pero suponiendo que eso no sea exacto, “un ministro que recibe una asignación básica mensual de dos millones seiscientos mil pesos y gastos de representación por cuatro millones seiscientos mil pesos terminará recibiendo en el año 28,8 millones de pesos adicionales”. Como quien dice, 12.522 dólares cayeron de lo alto en las manos de los más cercanos empleados del Presidente. Eso es lo bueno que tienen las épocas de campaña electoral: que hay plata a rodo para los manejadores del tinglado.

El ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo se vio precisado a afirmar que el acto se veía feo en momentos de campaña electoral (para marzo y mayo de 2006) y que mientras el gobierno otorgaba un 25% de aumento a los empleados mejor pagados de la administración, a los de menores sueldos les ofrecía sólo el 5%. El economista liberal y candidato al Congreso,Eduardo Sarmiento, opinó que la medida ampliaba más la brecha de los ingresos en Colombia –ya de hecho altísima y la segunda de América del sur- (La República, septiembre 13/05).

“¿Por qué -se pregunta El Nuevo Siglo- se autorizó tal prima si el mismo gobierno había dicho que no existían recursos para aumentos salariales mayores a lo 900 mil empleados públicos? ¿En qué queda la política de ajuste fiscal que el FMI avaló días atrás? ¿Cómo explicar que hospitales como el Materno Infantil estén a punto de cerrarse por falta de recursos, pero en el entretanto, ministros y altos funcionarios reciban millonarias bonificaciones? ¿Parte de los recursos de la nueva reforma tributaria que discutirá el Congreso financiará esa bonificación? ¿Qué pensarán los miles de empleados oficiales de 152 entidades despedidos por el ajuste, que ha generado ahorros por 677 mil millones de pesos anuales? ¿Tiene presentación este tipo de bonificaciones cuando se acaba da aprobar una reforma pensional que acabó la Mesada Catorce, anticipó la eliminación del régimen de transición y otros privilegios a jubilados? ¿Qué pensarán de la bonificación los casi dos millones y medio de colombianos que actualmente no pueden encontrar empleo?” (El Nuevo Siglo, septiembre 15/5).

El último informe de OIT (dic.9/05) sobre indicadores de mercado laboral internacional afirma que entre 1980 y 2003 el valor agregado por los trabajadores colombianos en cada hora creció en uno por ciento. “Es decir -sostiene el documento-, que al comenzar el 2004, un trabajador colombiano añadía 27% más de valor en sus labores que 24 años atrás. No obstante, un empleado de salario mínimo amaneció el 1º de enero de 2004 ganando un sueldo cuyo poder de compra era solo 8,7% mayor al que tenía el mínimo en enero de 1980”. En el agro, el aumento del valor agregado en ese mismo lapso fue de 36,3%.

Cifras del Dane recogidas por Planeación Nacional y publicadas a principios de diciembre del año pasado indicaron que 8.173.609 trabajadores (41% de la población ocupada) ganaban menos del salario mínimo legal (381.500 pesos, o 165 dólares); 3,9 millones ganaban menos de la mitad del s.m.l. (menos de $190.756, o sea $6.358 pesos diarios); la suma de tales trabajadores con la de desempleados arroja 10,2 millones en edad de trabajar que viven con $12.716 diarios. 70,9% de trabajadores rurales ganan menos del s.m.l. y un total de 1.416.000 de ellos perciben menos de la mitad de ese salario. Los que se dedican al comercio formal más los vendedores ambulantes suman 1.200.000 y devengan menos de un s.m.l., y solo 80.4890 perciben más de cuatro (o sea, más de $1.526.000) (La República, dic.7/05).

Pero el ministro de Hacienda sostuvo que el salario mínimo colombiano había crecido mucho en los últimos años: una tercera parte. Planteó que “si se nos va la mano” en el aumento habrá efectos macroeconómicos adversos, y añadió que en 1997 los ocupados que ganaban menos de un s.m.l. eran cercanos al 36.5%, y que cuando llegó la recesión del 99 pasó a ser el 46%. En vez de considerar que eso fue grave y que los asalariados estaban peor que antes, el señor Carrasquilla confeccionó una reflexión adversativa: “El salario mínimo –expresó- se volvió una barrera muy alta que mucha gente no alcanza”, por lo cual pidió tener en cuenta a los colombianos que ganan menos de un salario mínimo, cuyo número crecería si el alza del mínimo se convirtiera en una barrera muy alta (El Nuevo Siglo, dic.5/05). Se trata de la repetición de la tesis tramposa de que cada vez que los trabajadores piden aumento de salarios están impidiendo que los desempleados, y todos los que están más vaciados que ellos, se beneficien, porque los empleadores se abstienen de ofrecer nuevos empleos e incluso recortan los que mantienen.

La Contraloría General publicó a mediados de diciembre pasado un informe social según el cuál, “el gasto social de los últimos cuatro años está sobreestimado en 22% (7,5 billones de pesos en el 2004), precisamente por la inclusión de factores que no sirven para reducir la pobreza”. “El pago de las pensiones, de empleados de la Cancillería, por ejemplo, no es gasto con función social”, aclaró el Contralor Antonio Hernández. Por eso, agregó, el mayor gasto social no se está reflejando en una mejora de la equidad, dado que hoy los subsidios están beneficiando más a los ricos que a los pobres (El Tiempo, diciembre 14/05).

Cuando se discutió el aumento del salario mínimo para 2006 el ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeación ofrecieron un alza salarial no mayor del 6%. Los sindicatos empezaron pidiendo 10% y terminaron aceptando la posición gubernamental: 6,95%. Esto revela la otra cara del debate de los salarios: la difícil posición de las centrales obreras y sobre todo de la CUT, las cuales libran una tenaz lucha interna para hacerse a los comandos de la organización en agosto entrante, cuando tendrá lugar el quinto congreso de la entidad, que lleva ya dos años de atraso.

Antes de que las tres centrales asentaran sus firmas en el documento de acuerdo, ocurrió que el secretario general de la CGT, salió del país sin firmar y metió a la CUT y la CTC en el nudo corredizo de suscribir el acuerdo para evitar el fatal rompimiento del Comando Unitario, que a duras penas se ha sostenido durante los últimos años para presentar una posición unitaria frente al gobierno. El sector minoritario de la CUT le ha echado la culpa de todo al presidente de la central, pero él se ha defendido con un argumento válido en torno a la pésima situación que atraviesa la negociación colectiva en el país.

De acuerdo con datos procedentes del Dane y el Ministerio de Protección Social, en 2005 el 74% de los trabajadores que presentaron pliegos de peticiones negoció incrementos salariales por debajo del 6,9% que se alcanzó para el s.m.l. de 2006. Hubo once negociaciones de pliegos sin incremento salarial; ocho con aumento menor de 4,5%, 71 con incremento de 4,5% y 39 con alza equivalente al Indice de Precios al Consumidor y menor de 6,0%; 140 aceptaron menos de 7,0%; 66 estuvieron entre 7,0% y 7,5%; 18 entre 8,0% y 8,5%, y solo seis llegaron a 9,5%. ¿Cómo pelear en esas condiciones?

Álvaro Delgado