¡ Claman Justicia!

La Red de Solidaridad Italiana le solicitó, con el ánimo de protegerlo de las amenazas formuladas por no callar frente a los crímenes, permanecer al menos una temporada Italia. Luis Eduardo contesto : “A mi esto me gusta mucho, pero yo quiero mucho a mi Colombia, soy campesino y amo la tierra y estar entre mi comunidad, que ahora me necesita”. Entonces, regresó al Urabá con su única arma: la palabra sencilla y directa, y su única coraza: la fuerza moral de quien dice lo que piensa y hace lo que dice.

Los días 3 y 4 de febrero de 2.005 se realizó en Cartagena de Indias la segunda reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia, con delegados de EE.UU, la Unión Europea, el FMI, el Banco Mundial y el gobierno colombiano, entre otros. En su declaración final los delegados afirmaron: “su respaldo al gobierno colombiano (...) por fortalecer el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos…. Reconocieron los progresos que se vienen dando en un contexto democrático (…) promoviendo la presencia institucional y de los organismos de control para asegurar el respeto a la ley y a los derechos humanos en todo el territorio nacional y, cuando tenga aplicación, al Derecho Internacional Humanitario.”

No dejar ni la semilla

El 21 de febrero del 2.005, Luis Eduardo fue masacrado con crueldad inconcebible junto a su hijo de once años, Deiner, y su compañera Bellanira. Otros dos hombres (Alfonso y Alejandro), una mujer (Sandra) y dos niños, Natalia (6 años) y Santiago (once meses), de la Comunidad de Paz, también fueron destrozados por los verdugos [1]. Numerosos testigos señalan a la Brigada XVII del ejército como responsable directo de este crimen de lesa humanidad, tesis confirmada por diversas comisiones de investigación conformadas por juristas internacionales que se han desplazado a la zona de la masacre.

Con esta masacre, los victimarios reafirmaron la determinación de exterminio total que desde hace tiempo está en marcha sobre las Comunidades de Paz, los pueblos campesinos, indígenas y afrocolombianos, y sus liderazgos populares. También se reveló la voluntad desafiante al tejido solidario internacional por parte de un poder que pretende sostenerse sobre el crimen y la mentira [2].

Ha pasado un largo año y los responsables de la masacre permanecen aún en la penumbra, todavía lejos de la justicia de los hombres. Esta vez el gobierno colombiano no ofreció recompensas para hallar a los asesinos. El Informe de Human Right Watch sobre Colombia el 2.005, señaló: “Antes de cualquier investigación, la reacción inmediata del gobierno ante la masacre fue acusar a la guerrilla y negar cualquier presencia militar en la zona. Sin embargo, los miembros de la comunidad han alegado que participaron militares y posiblemente grupos paramilitares, y existen pruebas que señalan movimientos del ejército cerca del lugar de la masacre ” [3].

Pese a los testimonios y las pruebas, los ejecutores directos de los crímenes, los que los autorizaron y ordenaron, los que vieron o supieron y han callado, y los que han encubierto, continúan deambulando en total impunidad frente a ese esperpento triste y repugnante llamado “justicia colombiana”.

Este espantoso crimen cometido contra una pequeña Comunidad de Paz que desde su creación en 1997 ha sufrido la muerte de 167 de sus integrantes y a pesar de ello se mantiene firme en su principio de rechazo a la presencia de cualquier actor armado en su territorio [4], está desatando un asombroso movimiento de solidaridad internacional que potencia el extraordinario acompañamiento a los pueblos de Colombia sostenido durante décadas por parte de tenaces colectivos de solidaridad desde diferentes lugares del mundo. Este atentado contra la humanidad entera, ha conducido a que en múltiples escenarios se conozca más y se comprenda mejor la sistematicidad del exterminio con que se ha castigado de manera inclemente a la población civil colombiana y a la oposición política legal [5].

Tan solo en España la Presidencia de gobierno ha recibido millares de mensajes solicitando que finalice la increíble impunidad que ampara los criminales y se castigue a quienes al atentar de esa manera contra los niños y mayores asesinados, también lo hicieron contra la humanidad. El mismo Presidente José Luis Rodríguez Zapatero solicitó personalmente en dos ocasiones al Presidente Uribe - primero durante la visita del gobernante español a Bogotá y después durante la visita de Uribe a Madrid en el verano - que se ubique y se sancione a los responsables de la masacre. Sin embargo, hasta ahora, su solicitud reiterada no ha sido atendida. En cambio, han tenido lugar otras dos ejecuciones extrajudiciales realizadas por integrantes del Ejército en la zona: Arlen Salas en noviembre 17 de 2.005 y Edilberto Cardona, en enero 12 de 2.006.

Con relación a la impunidad, será necesario tener en cuenta que tan solo en los últimos cinco años, el gobierno de los EE.UU -contando con el irrestricto apoyo del gobierno británico- ha destinado más de cuatro mil millones de dólares a desmadrar una confrontación que desangra a los colombianos, mientras multiplica las utilidades de sus corporaciones, así como las europeas, que se lucran con el estado de guerra y corrupción [6]. Miles de millones dólares han sido utilizados para crear una atmósfera de odio y desconfianza, para movilizar y envilecer personas al punto que son capaces de cometer o amparar actos monstruosos.

En este sentido, será preciso determinar la responsabilidad que compete a quienes desde la alta dirección del Estado y desde miles de kilómetros de distancia han impedido un proceso real de reconciliación y paz entre los colombianos y en cambio han promovido, con falso patriotismo, diversas estratagemas y miles de millones de dólares, el desangre fratricida.

Solidaridad internacional

Desde el siglo XVI la región de Urabá ha estado en el centro de los apetitos y codicia geoestratégica de las potencias occidentales. Por eso tienen significado universal la resistencia no violenta y la dignidad que respiran en la Comunidad de Paz de San José: “Luis Eduardo creía que la población civil tiene derecho a vivir dignamente. Nosotros también lo creemos y seguiremos defendiendo este principio así nos cueste la vida misma”.

La entereza moral de Luis Eduardo está movilizando millares de personas en diversos lugares del mundo. Movilización unida a las múltiples resistencias de la vida y el amor, también a las reservas éticas de una humanidad que cree que la vida merece ser vivida si se hace en condiciones de dignidad. Esta humanidad no está dispuesta a aceptar el exterminio y saqueo armado bajo la mentira ramplona de una supuesta “guerra contra el terror” que ejerce el más bestial de los terrores.

En diferentes espacios de Colombia y en diversos lugares de la tierra se ha iniciado, desde hace tiempo, la construcción de un mundo diferente desde una concepción elemental de la decencia que reúne, con el apoyo de las ciencias y las artes hermanadas, la práctica de las agriculturas agro ecológicas, el consumo de alimentos que no signifiquen la masacre industrializada y la extinción de otras especies, el cuidado y la edificación de habitats con arquitectura ecológica, con atmósferas no envenenadas con tóxicos, ni anegadas por el miedo, el odio y la estolidez cotidiana, la producción y uso colectivo de la energía solar, el abandono radical de la dominación patriarcal y la violencia sobre las mujeres, la recuperación de la matriz sagrada de la vida, la adopción de formas económicas fundadas en la confianza, el respeto y la cooperación, la educación para la libertad y el perfeccionamiento de nuestra esencia creadora, y la construcción de formas de decisión sobre los rumbos colectivos en las que no prevalezca ni la violencia armada ni la manipulación [7].

Este incontenible y esperanzador movimiento internacional que acompaña a San José y a las otras comunidades de paz en Colombia y que ha crecido con cada nueva agresión, exige de manera cada vez menos soslayable el fin de la impunidad, el inexorable esclarecimiento de los crímenes del 21 de febrero, y el cese de las amenazas, atropellos y crímenes con el que aún se pretende silenciar o hacer desaparecer a las Comunidades de Paz y su propuesta de genuina reconciliación para los colombianos.