Qué rico ganar bastante

A mediados del año pasado el informe anual de la Acrip (El Tiempo, ago.19/05, 1-2) informó que una encuesta realizada sobre 120.000 empleados de 282 empresas había revelado que entre 2004 y 2005 la remuneración salarial de los profesionales había bajado. Los aumentos salariales de 2004 habían sido de 7,15% y en 2005 habían disminuido a 6,42%. Había crecido la contratación por término fijo y con terceras empresas (tercerismo o outsourcing), algunos operarios ganaban $800.000 y a los recién egresados de la universidad les ofrecían, en el mejor de los casos, entre $600.000 y $700.000. Indagando entre quienes pierden el empleo y buscan trabajo la agencia encontró que “se evidencia que las empresas no están aumentando salarios por los méritos que tengan los trabajadores sino por el índice de inflación y guiadas por el tope del salario mínimo”. Los mayores aumentos salariales obtenidos en 2004 se encontraron en servicios de logística (7,73% en promedio), metalmecánica (6,98%) y servicios públicos (6,65%), mientras los menores estaban en educación (5,61%), tecnología y telecomunicaciones (5,70%) y salud (6,01%). Todavía más: “hay operarios que reciben un 9,5% de su sueldo en bonos. Esta tendencia es cada vez mayor” y viene aplicando principalmente en contrataciones nuevas. Con los bonos se puede comprar ropa, calzado, accesorios y servicios. “La investigación muestra que para los cargos de asistentes y auxiliares se ofrece un 14,15% del sueldo en bonificaciones, para jefes y coordinadores el 14,58%, para gerentes el 18% y para presidentes y vicepresidentes el 23,6%”.

Hasta junio del año pasado los sueldos de los empleados de las 282 empresas encuestadas eran así: presidentes, 20 millones; gerentes y directores, 8,2 millones; jefes y coordinadores, 3,5 millones; analistas y asistentes, 1,4 millones; auxiliares y operarios, 800.000 pesos; salario mínimo: 389.500 pesos (cuando el legal era de $358.000). Esto, que en los casos de sueldos altos parece mucho, palidece sin embargo frente a los incrementos decretados en el sector público para los funcionarios de mando, como ocurrió en septiembre de 2005, cuando el presidente Uribe subió de un solo palancazo los ingresos de quienes pueden facilitar en todo sentido un buen desarrollo de su campaña reeleccionista. Stéfano Farné, del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, escribió entonces que los decretos “suben el ingreso anual de jueces y fiscales entre 7.800.000 y 11.800.000 pesos, dependiendo del cargo, al tiempo que conceden una bonificación a 285 altos funcionarios (...) Un trabajador de salario mínimo en el 2005 está recibiendo 870.000 pesos más que durante todo el 2002. Un ministro, en cambio, en una sola noche vio aumentar su asignación anual en 28 millones. ¡Más de diez veces lo ganado por el promedio de los asalariados formales en tres años! Esta cifra se suma a los aumentos que en todo caso se han reconocido anualmente a los altos funcionarios del Estado” (El Tiempo, sep.19/05, p. 1-8).

Más atrás, en diciembre de 2004, ya el gobierno, mediante el decreto 4353, que empezó a regir el año pasado, otorgó una “bonificación de dirección” que “ordena indefinidamente cuatro salarios mensuales adicionales a los gobernadores departamentales y a los diez alcaldes de las ciudades de categoría especial y primera; cinco salarios extra mensuales a los alcaldes de segunda, tercera y cuarta categorías; y seis para los alcaldes de los 1.100 municipios restantes del país. Esto, monedas más, monedas menos, suma 8 mil millones de pesos para este año. Dinero del menguado erario estatal” (El Tiempo, oct.26/05, editorial). “Mediante otra decisión gubernamental -añade el comentario de prensa-, se otorgó una bonificación de cuatro salarios mensuales a los jueces municipales y altos dignatarios del Estado: ministros, viceministros, superintendentes, jefes de departamento administrativo, asesores de presidencia, Contralor General, Fiscal de la Nación, que le cuestan al erario 72 mil millones de pesos al año. Y ahora, por anhelo de ‘igualdad’ o para no herir susceptibilidades, los secretarios y subsecretarios del Congreso —que ganaban hasta once millones mensuales— también han recibido tan señalado beneficio”. No hay duda de que para el presidente Uribe la campaña electoral de 2006 había empezado hace más de un año.

Qué rico ganar bastante y también qué rico seguir ganando sin trabajar. Sobre los escandalosos beneficios pensionales que reciben los sectores más ricos de la población el profesor Ricardo Bonilla González, profesor e investigador de la Universidad Nacional, afirma: “No son los trabajadores convencionados los beneficiados por estas pensiones sino aquellos directivos a los que se les extendieron las bondades de la convención. Otros provienen de acuerdos institucionales, Congreso, altas Cortes, Fuerzas Militares, Banco de la República, etc. No son las convenciones colectivas, entonces, las que debe prohibir la reforma constitucional en curso, son este tipo de acuerdos institucionales y la extensión de los beneficios de una convención hacia los directivos de la institución” (UN Periódico, mayo 22/05, p. 4).

Bonilla ilustra que “Este subsidio es consecuencia de la suma de todo tipo de desfases. Aquí las personas se jubilan más temprano —cinco años en promedio—; cotizan simbólicamente mucho tiempo y en términos reales los últimos años; su IBL se reduce al último año, fortaleciendo el mecanismo del ‘carrusel’, sea en el Congreso o en otra institución pública, e incluye todo tipo de sobreingresos; el tiempo de disfrute es más amplio por el doble efecto de su ingreso temprano y la mayor esperanza de vida generada por su mejor calidad de vida; además de que tiene altas posibilidades de heredar la pensión a un sobreviviente mucho menos viejo, es decir, todas las asimetrías jugando a favor del personaje. Eliminar este subsidio es una de las prioridades redistributivas del país. Para hacerlo, la figura extrema debería ser la de reducir el tope máximo de las pensiones a diez salarios mínimos legales vigentes”.

Hace menos de un año el economista liberal Eduardo Sarmiento comentaba que en 2004 las utilidades del sector financiero del país habían llegado a tres billones de pesos, entre otras cosas porque “Los altos márgenes del sistema bancario se manifiestan en tasas de interés que exceden la inflación en más de 20% y duplican la productividad del capital, convirtiendo el crédito en una criatura diabólica que absorbe las ganancias normales y acaba tragándose el capital (...) Imaginemos por un momento que en lugar de reprimir los salarios se hubiera procedido a regular administrativamente los márgenes de intermediación financiera y las tasas de interés para propiciar la movilización de los recursos hacia la creación de empleos en la infraestructura intensiva en mano de obra, la vivienda de interés social y la pequeña y mediana empresa. De seguro, el empleo habría aumentado más que con la ley laboral, los consumos masivos no estarían deprimidos y la economía estaría creciendo por encima del 4%. Están en el lugar equivocado. Lo que había que hacer era recortar las utilidades bancarias y no los beneficios laborales” (El Espectador, abril 17/05, p. 4B) . Sarmiento se refería a la ley 789 de 2003, con la cual el gobierno de Uribe prometió que en cuatro años el país recuperaría las relativamente bajas tasas de desempleo que el país tenía diez años atrás.

Solo los avances en la educación parecen salvarse, pese a que allí ha habido las alzas salariales más bajas. Al resto se lo está comiendo el tigre.

Pero está visto que nadie en las altas esferas del poder quiere escuchar voces disonantes de su proyecto neoliberal, que no está hecho para los pobres. El Tiempo (dic.14/05, p. 1-15) comentaba que un informe de la Contraloría General publicado en diciembre del año pasado había afirmado que “el gasto social de los últimos cuatro años está sobreestimado en 22% (7,5 billones de pesos en el 2004), precisamente por la inclusión de factores que no sirven para reducir la pobreza. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aceptó que durante los últimos veinte años el gasto social no ha estado bien focalizado y que esto se debe a que el Estatuto Orgánico vigente es ambiguo en la materia (...) el también columnista Mauricio Cabrera afirmaba ayer en Portafolio que ‘las cifras de la misma Planeación Nacional reconocen que en estos tres años la concentración del ingreso ha aumentado, pues el índice de concentración (el coeficiente Gini) subió de 0,53 a 0,57’ (...) La política de vivienda fue una de las peor calificadas en estudio de la Contraloría, pues entre 1997 y 2003 se presentó una desmejora de la equidad en la distribución de los subsidios (...) Entre 1997 y 2003 la cobertura del Icbf disminuyó en 130.000 cupos, es decir, que igual número de niños no fueron atendidos por la entidad”.