El líder de los periodistas puertorriqueños espera que el Departamento de Justicia de Puerto Rico, organismo encargado de
procesar las violaciones que ocurren al Código
Penal de esta isla del Caribe, logre que el FBI identifique a los agentes agresores para su debido procesamiento.
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Ese día, en medio del operativo de
decenas de agentes que incluyó la utilización
de armas largas y helicópteros,
los agentes estadounidenses empujaron
malamente a los reporteros
que documentaban la acción y les rociaron
en el rostro gas pimienta con el
propósito de impedirles que fueran
testigos de los atropellos que allí se
cometían.
La propietaria del apartamento
allanado, la socióloga Lilliana Laboy,
fue mantenida aislada mientras se
procedía al registro de su hogar, de
donde se llevaron un equipo de computación
personal, disquetes, agendas,
un teléfono móvil, libros y otras pertenencias
que todavía la perjudicada no
ha podido inventariar.
El método se reprodujo en las otras
cuatro residencias allanadas y en un
centro de servicio comunitario, en las
que el denominador común es que se
trata de gente vinculada a la lucha por
la consecución de la independencia
nacional de Puerto Rico, bajo dominio
de Estados Unidos desde 1898.
En la mayoría de los casos, los periodistas
fueron mantenidos a distancia
extrema, con excepción del sector
capitalino de Río Piedras, donde por
tratarse de un edificio de apartamentos,
se dificultó el control de los agentes
federales, todos traídos de Estados
Unidos expresamente para este operativo.
En algunas de las residencias
allanadas sus habitantes no se encontraban
en ese momento por lo que se
forzó la entrada y se llevaron pertenencias
indeterminadas.
En términos generales puede decirse
que el periodista puertorriqueño
goza de ciertas libertades democráticas,
garantizadas por las constituciones del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, creado en 1952, y de Estados
Unidos, a partir de su primera
enmienda, que protege la libertad de
prensa.
En este caso, sin embargo, agentes
del FBI actuaron de espaldas a las leyes,
por lo que deben ser sometidos a
la justicia, a juicio de Oscar J. Serrano,
presidente de la Asociación de Periodistas
de Puerto Rico (ASPPRO),
afiliada a la Federación Latinoamericana
de Periodistas (FELAP).
Naturalmente, esto no será tan fácil,
porque el FBI se ha negado a identificar
a los agentes agresores y, todavía
más, el encargado de ese cuerpo
federal en Puerto Rico, Luis Fraticelli,
ha imputado a los reporteros haber
violado “el perímetro” policial, que al
parecer nunca se estableció.
Serrano ha desafiado a Fraticelli a
que, con la evidencia de esas violaciones,
acuse a los periodistas ante el Tribunal
de Distrito de Estados Unidos
en Puerto Rico, que vendría obligado
a asumir el caso por tratarse de un
“delito” federal.
El líder de los periodistas puertorriqueños
espera que el Departamento
de Justicia de Puerto Rico, organismo
encargado de procesar las violaciones
que ocurren al Código Penal de esta
isla del Caribe, logre que el FBI identifique
a los agentes agresores para su
debido procesamiento.
Y aunque esto parece difícil, a partir
de experiencias anteriores como el
asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, líder
del EPB-Macheteros, el 23 de septiembre
de 2005, no hay que perder la
esperanza.
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