La principal incógnita que dejan los últimos pasos del desempeño del Interventor Julio Bárbaro consiste en saber si sigue las directivas del Presidente de la Nación que lo designó, o de ARPA, la entidad que, junto con los titulares de las comisiones parlamentarias, el diputado Nemirovsci y el senador Jenefes, proponen, según lo han hecho público, la desaparición forzada de varios miles de emisoras radioeléctricas, expresión del pluralismo que aún queda en los medios de comunicación del país.

El caso de ARPA (Asociación de Radiodifusores Privados Argentinos) no es sorprendente. Esa entidad fue, como nadie olvida, cómplice entusiasta de la política de silencio y de deformación informativa sobre lo que pasaba en el país durante la última dictadura. En la actualidad continúa con su vieja costumbre de denigrar y promover la extirpación de las emisoras de radio y TV que no se someten a los grandes multimedios.

Por si hay algún desmemoriado, cabría recordar que, en diciembre de 1980, cuando nadie podía desconocer las desapariciones de un centenar de periodistas, los directivos de ARPA le enviaron una carta pública al Gral. Albano Harguindeguy, manifestándole su profundo reconocimiento por el “tremendo esfuerzo y sacrificio de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la lucha contra la criminalidaddd subversiva que otrora asoló al país y estuvo a punto de sumirlo en la más dramática alternativa de su historia desde la lucha por la independencia nacional”.

La otra incógnita es cuál será, en definitiva, la directiva presidencial respecto de la ley de radiodifusión en vigencia.

Si bien Nemirovsci y Jenefes concuerdan en que hay que perseguir y encarcelar a los radiodifusores que están en el aire sin “autorización” del COMFER, difieren en que, para el diputado rionegrino, es preciso reemplazar esa ley por otra más democrática y, en cambio, el senador compartiría la idea de Bárbaro que acaba de declarar que esa iniciativa “es una quimera”.

Nuestros lectores recordarán que, hace pocos meses, el COMFER concertó, en una reunión con Nemirovsci y ARPA, una campaña de clausura y decomiso de equipos de más del 50 % de las emisoras de AM y un llamado a licitación de apenas un 10 % del total de las frecuencias que hoy ocupan. Por supuesto, sin siquiera conservar los puntos que actualmente tienen en el dial. El objetivo es que esa docena de adjudicaciones queden ubicadas más allá de la 1300.

Anteriormente, en varias ocasiones, el COMFER ya ha admitido que su propósito es ponerle fin a las emisiones de casi 3.500 FM, sobre un total aproximado de 5.000.

La semana pasada, tras otra reunión, esta vez en el Senado, el Interventor del COMFER, Julio Bárbaro, juntamente, como siempre, con los directivos de ARPA, y ahora con el senador Jenefes, fueron más precisos respecto de su plan de arrasamiento. Para dar un ejemplo de lo que se había acordado, Bárbaro dijo, según la agencia DYN, que sobre 100 FM de Capital y GBA, se dejarían solamente 7, esto es, menos del 10 % de las emisoras.

Para justificarse, el interventor, de acuerdo a la versión misma periodística, invocó algo ridículo: el presunto asesoramiento de algunos ingenieros que le habrían aseverado que donde hoy existen 100 no pueden existir más de 7.

Este plan de operaciones de “limpieza” del espectro radioeléctrico, si se cumpliera, como hemos puntualizado en muchas ocasiones anteriores desde la UTPBA, significaría la pérdida de la fuente de trabajo para muchos miles de periodistas, operadores, productores, locutores, empleados administrativos, etc.; la pérdida del medio de radiodifusión local o regional en muchos centenares de comunidades del GBA y del interior del país; la pérdida de canales de información y expresión para muchos miles de organizaciones sociales de todo tipo. Y, además, una mayor concentración de la propiedad de los medios y de la información en poquísimas manos, reduciéndose, aún más, la libertad de expresión.

Héctor López Torres