Ese plan, es sabido, en cada caso individual, empieza por la declaración de supuestas condiciones de “clandestinidad” e “ilegalidad” de las emisoras, y se concreta con la clausura de sus instalaciones y el decomiso de sus equipos.

En general, los equipos nunca se devuelven y se desconoce el destino que se les ha dado a tanta tecnología secuestrada. Es de esperar que, además de dar a conocer esa información, algún día, el COMFER también declare la cantidad, los nombres, las localidades, etc., de las clausuras realizadas.

Frente a esa situación de la radiodifusión, la UTPBA tiene acreditada una amplia tarea de esclarecimiento y una política de acción colectiva muy conocidas.

Ya hemos explicado, constantemente, que la clandestinidad de la que hablan las “autoridades” del COMFER emerge de la doctrina de la “seguridad nacional” impuesta por la dictadura militar en 1976. Incluso algunos episodios recientes revelan que todavía está enquistada en las instituciones del Estado. Se trata de una doctrina donde primero está el “orden” (subordinación al poder predominante) y después la libertad; no al revés, como debiera ser.
De ahí que la idea de legalidad impuesta en la radiodifusión, no es a partir de los fines de la democracia sino a partir de la “ley” 22.285, de la misma dictadura, que regula la administración del espectro radioeléctrico y que refleja, en el sector, los mandatos ideológicos, políticos y culturales del “Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional”, la “carta magna” de aquel nefasto período de la vida del país. Mantener y guiarse por la “ley” 22.285, y aplicar esa “legalidad”, es como si hoy siguiéramos los lineamientos de dicho “estatuto” en los tres poderes del Estado.

Por eso no coincidimos con la propuesta del Interventor del COMFER que consiste en “derogarla por pedazos” -mucho menos coincidimos con las propuestas represivas- y no reemplazarla por un texto totalmente nuevo, adecuado a las necesidades populares y democráticas.

Lo repudiable de esa “ley” no son algunos de sus pedazos sino el espíritu que recorre todo su cuerpo. No hay un pedazo reivindicable. Y prueba de que dicha opción es equívoca lo revelan las modificaciones parciales –excepto la del art. 45- que en su gran mayoría empeoraron las normas originarias, actualizándolas en función de los nuevos poderes monopólicos.

La lucha contra esas políticas y esos poderes, que amenazan con la desaparición de muchas miles de fuentes de trabajo y de irremplazables espacios para la comunicación de las instituciones y las problemáticas comunitarias, no puede ser, por supuesto, la obra de una sola organización social, política, cultural y profesional como la UTPBA; ni siquiera una obra conjunta de todas sus entidades hermanas.

La lucha por una radiodifusión comunitaria y democrática que enfrente el proceso creciente y avasallante de la monopolización de los medios y de la información solamente tendrá avances si consolida acciones y objetivos comunes de los trabajadores de la comunicación, las organizaciones sociales y las instituciones políticas representativas, especialmente en cada ciudad y cada provincia, entendiendo ese proceso y defendiendo a los medios amenazados y agredidos por los monopolios y sus amigos.

En tanto el derecho a la información es un derecho de toda la sociedad -un derecho humano- la resistencia a desaparecer de los sectores que aún lo representan es una tarea de todos aquellos que dicen defender la democracia y la libertad.

Naturalmente, esa actitud no puede limitarse a expresiones verbales. Debe tratar de llevarse a la práctica en los ámbitos concretos donde está en disputa el destino del pluralismo en los medios de la radiodifusión y de la prensa gráfica locales y regionales.

En esa lucha, la UTPBA ha promovido desde siempre, entre otras iniciativas, dos reclamos fundamentales, en ambos casos ligando los intereses comunitarios con las políticas públicas de los municipios que no se dejan encandilar por los espejitos de colores de los grupos concentradores cuyo verdadero propósito es terminar con las expresiones independientes de periodismo y comunicación social.

El primer reclamo es que los representantes comunales pronuncien claramente su compromiso con los medios zonales, demostrando que efectivamente les interesa su sobrevivencia.

Y sin perjuicio de reconocer la administración federal en el caso de los medios audiovisuales, hacer que ella respete las necesidades locales y el derecho del pueblo a tener autonomía sobre el tipo, la cantidad y las características de los medios en función del lugar y de sus organizaciones locales. Para eso es que, desde hace mucho tiempo, propusimos abrir un debate al respecto y solicitarle a los intendentes y concejos deliberantes la declaración de Interés Público de todos los medios zonales.

Últimamente no fue inútil –al contrario, dio grandes resultados- nuestra oportuna campaña “esta radio no se toca” que, como se recordará, constituyó una acción concreta, movilizante, de trabajadores de la comunicación y de sectores sociales y políticos auténticamente democráticos en el mismo momento en que el Senado de la Nación apuraba una ley de represión penal a los radiodifusores carentes de autorización del COMFER, ese organismo incompatible con la legalidad de un Estado democrático.

La ley no salió –no decimos que solamente por nuestra acción- y, en cambio, hubo municipios que se pronunciaron contundentemente a favor de la radiodifusión local. Este último fue el caso del Concejo Deliberante de Morón, en el oeste del GBA, que declaró el Interés Público de los medios del distrito. Su intendente, Martín Sabbatella, le agregó después, durante los actos de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) realizados en esa ciudad, en julio de 2005, una afirmación que explica el fondo de la cuestión cuando dijo que “la concentración de los medios es funcional a la concentración de la riqueza”.

El reconocimiento de Interés Público no es, por supuesto, la “legalidad” que demanda el COMFER, en base a la ley de la dictadura. Es más importante: es la legitimidad de los representantes del pueblo, la verdadera legalidad.

A ese primer reclamo, la UTPBA le ha agregado siempre otro, destinado también ha defender los medios locales y regionales: una distribución equitativa y transparente de los fondos públicos para publicidad oficial en todos los niveles gubernamentales.

Ejemplo de eso fue, para los medios barriales porteños, la estipulación de un porcentaje del presupuesto publicitario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La acción de la UTPBA y un grupo muy numeroso y mayoritario de editores gráficos, hoy agrupados en cooperativa, consiguió que una ley que dormía en el despacho del Ejecutivo fuera reglamentada y puesta en ejecución.

Ajustada a una política equitativa y transparente, aún cuando la ley necesita retoques importantes y aumento del porcentaje asignado, las pautas publicitarias otorgadas, con el control de los mismos medios, han sido un importante apoyo al periodismo comunitario en una ciudad donde tienen sede los más grandes medios del país.

En síntesis, el reconocimiento de interés público y una distribución sin arbitrariedad de la publicidad oficial, son hoy dos formas concretas y reveladoras que tienen, como opción democrática, todos los niveles del Estado que no trabajan a favor de la monopolización total de los medios de comunicación y sí de la existencia de medios que representen toda la escala de preocupaciones sociales y políticas en cada ciudad, en cada provincia y en la nación entera.

Héctor López Torres