En la nota inmediatamente anterior contamos que incluso bajo el dominio paramilitar hay sindicatos colombianos que siguen funcionando. Ahora damos un vistazo por la “gran democracia del Norte”.
La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl), señalada por sectores de izquierda como aparato manejado por el gran capital monopolista, ha denunciado una larga lista de violaciones de las normas internacionales que tendría lugar en EU en lo referente a libertades sindicales, derecho de negociación colectiva y trabajo infantil.
La prédica internacional del señor Bush sobre derechos humanos no la aplica en su terruño. La ley laboral de ese país excluye a numerosas categorías de trabajadores, como los agrícolas, los domésticos, los supervisores, los contratistas independientes y los funcionarios públicos. Más de 25 millones de trabajadores civiles del sector privado y 6,9 millones de federales, estatales y municipales no tienen derecho a negociar sus salarios, su horario de trabajo ni sus condiciones de empleo. Los trabajadores que pueden organizarse carecen de suficiente protección legal contra la discriminación antisindical. Los empleadores recurren profusamente a campañas antisindicales para impedirles organizarse y el 82% de ellos contrata consultores especializados en acabar con los sindicatos.
El derecho de huelga rige únicamente para los asalariados del sector privado, pero allí también es seriamente recortado. Hay obstáculos legales para impedir huelgas intermitentes y boicoteos en solidaridad con otros trabajadores. La ley permite sustituir de manera permanente a los huelguistas y a quienes los reemplazan les prohíbe votar en las asambleas.
A pesar de que la legislación establece la igualdad de oportunidades, las mujeres ganan en promedio considerablemente menos que los hombres, al igual que los asalariados de las minorías étnicas. Millones de inmigrantes indocumentados son discriminados pese a que tienen derechos legales para rechazar prácticas laborares injustas. En 2002 la Corte Suprema estableció que los trabajadores indocumentados no tienen derecho a pago con carácter retroactivo por prácticas laborales injustas ni a ser reincorporados a sus puestos.
Pese a que E.U. ha ratificado el Convenio 182 de la OIT, siguen imperando las peores formas de trabajo infantil, particularmente en la agricultura. Niños y niñas trabajan largas horas y están expuestos a pesticidas peligrosos, a metales cortantes y al desplazamiento de equipo pesado. El número de inspecciones que se adelantan para hacer aplicar la legislación sobre trabajo infantil ha disminuido sustancialmente. El informe de la Ciosl observa que varias nuevas reglamentaciones sobre trabajo infantil han empeorado las condiciones de seguridad de los trabajadores jóvenes y hecho descender la edad mínima exigida para realizar operaciones peligrosas, tales como la manipulación de sartenes y parrillas en los restaurantes de comida rápida y la carga de prensas y compresores de papel.
Este panorama de precarización del trabajo en los Estados Unidos puede cambiar en el futuro cercano si los sindicatos logran crear un nuevo equilibrio de fuerzas. Mike Davis y Janice Fein, comentaristas de la revista Sin Permiso, refieren que en julio del año pasado la convención nacional de la AFL-CIO (la federación que agrupa a la mayoría de sindicatos norteamericanos) sufrió la más grave escisión de sus filas desde 1935, cuando el sector mayoritario de los sindicatos mineros y de la industria, bajo comando de John L. Lewis, desafió al aparato burocrático de la AFL y abandonó sus filas. Tuvieron que pasar veinte años para que el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO), completamente renovado y desradicalizado, volviera al seno de la AFL. Desde entonces lo que ha habido es “una difícil y a menudo tormentosa cohabitación”, según los dos periodistas.
En la reunión del comité ejecutivo de la AFL-CIO que tuvo lugar hace pocos meses en Las Vegas, Andy Stern, dirigente de la federación más numerosa —los trabajadores del sector servicios (Seiu)— se abstuvo de atizar el enfrentamiento con su antiguo jefe, el poderoso presidente de la AFL-CIO, John Sweeney, pero la atmósfera que allí se respiraba recordó lo ocurrido en 1935. Diez años después de que el equipo de Sweeney tomara el control de la AFL-CIO con el lema “Nuevos caminos” y la promesa de restaurar la unidad sindical y dedicar todos los esfuerzos a la transformación de la organización, hoy la federación está a un paso de escindirse en dos.
El declive es inexorable. Menos del 8% de los trabajadores del sector privado está hoy afiliado a un sindicato, la tasa más baja desde 1901. La industria manufacturera tradicional sigue perdiendo representación y los sindicatos no han podido implantarse en sectores como el de las nuevas tecnologías o la venta al detal, este último caracterizado por míseros salarios. Los almacenes Wal-Mart, el mayor explotador de fuerza de trabajo en EU y el Tercer Mundo, amenaza con acabar con cualquier rastro de sindicalismo en la rama de la alimentación.
La mayor parte del presupuesto de la AFL-CIO ha continuado desapareciendo por el mismo sumidero de siempre: el Partido Demócrata. La federación gasta las cuotas de sus afiliados en las campañas electorales de los Demócratas, esperanzada en una compensación que nunca llega. La lealtad al equipo Clinton-Gore, por ejemplo, solo trajo acuerdos de libre comercio que se han traducido en pérdida de puestos de trabajo en sectores sindicalizados de los viejos bastiones industriales del país. Las cosas lucen tan males que una mayoría de votantes blancos de la clase trabajadora ven la gestión republicana de la economía como la opción menos mala. En las elecciones de noviembre pasado, al expresar su opinión sobre asuntos económicos, los trabajadores blancos prefirieron a Bush en vez de Kerry: 55% frente a 39%.
Stern sostiene que “Hoy en día los trabajadores no tienen a ningún partido que hable claramente y sin ambigüedad en pro de sus intereses económicos”. Ha advertido que sus 1,8 millones de afiliados (mayoritariamente trabajadores de hospitales y conserjes) abandonarán la AFL-CIO si ésta no se transforma en una organización más eficiente, si no se obliga a los sindicatos más pequeños a unirse, si no se acaban las disputas jurisdiccionales y si no se destinan recursos a la organización de nuevas acciones sindicales. Es muy probable que el aliado de Stern, John Wilhelm –de los trabajadores de hoteles–, eche un pulso con Sweeney durante la convención. Si lo pierde, los sindicatos reformistas utilizarán esa partida para separarse de la federación y constituir una nueva, posiblemente con la participación del ya independizado sindicado de carpinteros.
Los partidarios de la democracia sindical también están seriamente preocupados por el modelo de toma de decisiones de arriba hacia abajo, basado en grandes fusiones con socios tan siniestros como James Hoffa, cuyo padre fue un respetable sindicalista mafioso que terminó asesinado. En una reciente carta abierta, Donna Dewitt, presidenta de la AFL-CIO en Carolina del Norte, Bill Fletcher, antiguo director de formación de la AFL-CIO y destacado marxista negro, y otros sindicalistas progresistas plantearon que “tratar de revitalizar las organizaciones de trabajadores mediante un enfoque de toma de decisiones de arriba hacia abajo no logrará aumentar la participación sindical, ni con ello se obtendrán más apoyos”. También advertían sobre el hecho que tratar de reactivar la organización mediante una estrategia ofensiva no significará renovar el movimiento sindical norteamericano, en vías de extinción. Lo que los sindicatos deben hacer, afirman, es situarse en la primera línea del frente de batalla contra la “sociedad entendida como fortaleza” que se ha ido edificando en nombre de la “guerra contra el terror”.
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