Su caso está rodeado de circunstancias extrañas. Las interrogantes apuntan al abogado Enrique Vicente Molina, en ese momento fiscal naval con grado de capitán de corbeta y actual abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso, quien ordenó la detención y participó en el interrogatorio.

Juan Bustos Marchant: un oscuro crimen de la dictadura.

Luego de años de silencio, aunque el caso fue presentado a la Comisión Rettig, la familia se ha puesto en movimiento para aclarar los hechos. Con el apoyo del Fasic, a través del abogado Héctor Salazar, ha iniciado un proceso criminal para determinar la responsabilidad de "todos quienes resulten responsables de la muerte de Juan Bustos Marchant".

Después del golpe

Al producirse el golpe militar de 1973, el prefecto Juan Bustos Marchant fue removido de su cargo y quedó a disposición del nuevo director de Investigaciones, el general Pedro Palacios y después el general Ernesto Baeza Michelsen. Bustos Marchant mantuvo, sin embargo, la calidad de funcionario de la policía civil.

Un mes después, en octubre de 1973, fue secuestrado por un comando de tres individuos vestidos con chaquetas de marinos. Fue sacado de su casa, introducido en un vehículo donde lo amarraron, amordazaron y le cubrieron la cabeza con una frazada. Fue torturado. Le aplicaron electricidad, le introdujeron una pistola en la boca amenazando dispararle y con un cuchillo simularon que lo castraban.

Las preguntas giraron sobre sus relaciones con el anterior director de Investigaciones, a esas alturas ya asesinado (el médico Eduardo Paredes Barrientos). También sobre su eventual participación en la flagelación de opositores al gobierno del presidente Allende, supuesto contrabando de armas, sustracción de placas del servicio y de fichas del archivo político. Le preguntaron también acerca de su posible calidad de activista de la Unidad Popular y amenazaron con dañar a su familia. Luego de varias horas fue liberado. Lo dejaron en una quebrada.

Bustos se dirigió a pie a la Prefectura de Valparaíso, donde le proporcionaron un vehículo que lo llevó hasta su domicilio. Bustos contó a su esposa lo sucedido, pero decidió guardar silencio, por las amenazas del comando que tenía todas las trazas de pertenecer al servicio de inteligencia naval o bien a Patria y Libertad, grupo terrorista que actuaba con tolerancia de la Armada.

"Me tienen liquidado"

El ex prefecto intentó llevar una vida normal pero seis meses después fue requerido y detenido por la justicia naval. El fiscal naval Enrique Vicente se convertiría en su obstinado perseguidor.

Juan Bustos Marchant resolvió poner en conocimiento del director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, lo sucedido. Reiteró su disposición a concurrir ante los tribunales las veces que fuera requerido, exigiendo respeto para su integridad física y mental. La carta de Bustos Marchant a Baeza fue puesta a disposición del fiscal Enrique Vicente.

El abogado Enrique Vicente Molina hizo el servicio militar en la Armada y se licenció como oficial de la reserva. En la Unidad Popular consolidó relaciones con la oficialidad naval. Como capitán de corbeta fue convocado, después del golpe, a prestar servicios en la Fiscalía Naval. Hoy dice que si no se hubiera presentado habría sido considerado "desertor en tiempos de guerra". Su comportamiento indica, sin embargo, que no necesitaba amenazas: actuó con celo y ánimo predispuesto contra los partidarios de la Unidad Popular, como indican diversas querellas que lo involucran. Entre 1975 y 1977 fue secretario regional de Justicia. Lo hizo en calidad de funcionario del Consejo de Defensa del Estado. Ha hecho una larga carrera en el CDE, que está culminando como abogado procurador fiscal en Valparaíso.

Juan Bustos fue sometido a extensos interrogatorios. Según Vicente el ex prefecto fue interrogado sobre drogas y armas. Sin embargo, el expediente naval, rol A-158 de 1974, al que tuvo acceso Punto Final, dice otra cosa. Allí hay constancia que Enrique Vicente ordenó la detención de Bustos Marchant en una causa sometida a Consejo de Guerra por tráfico de armas.
Hay constancia en el expediente que el 30 de abril de ese año el fiscal Vicente solicitó a la Dirección General de Investigaciones un informe sobre eventuales cargos que implicaran al ex prefecto Bustos. Consta, además, que Juan Bustos Marchant negó las acusaciones de contrabando de armas o de algún tipo de material contemplado en la ley 17.978, sobre control de armas y explosivos. Se consigna que Bustos orientaba su actuación especialmente al control de grupos terroristas, de Patria y Libertad. Una responsabilidad normal dentro de sus obligaciones, porque esos grupos pretendían alterar la institucionalidad.

Después se produjo una situación curiosa. Bustos Marchant fue autorizado, por ser día feriado (1º de mayo) a visitar a su madre. Durante la visita estuvo permanentemente bajo custodia. Sin embargo, logró susurrar a su mujer una advertencia que era a la vez una petición de ayuda: "Me tienen liquidado", dijo.
Al día siguiente, Bustos Marchant apareció "suicidado". Se dijo a la familia que el ex prefecto había muerto por un disparo que se infligió en la que era su oficina en dependencias de Investigaciones, usando una pistola que tenía en su poder. La versión oficial es inverosímil: ¿cómo podía tener un arma de fuego un detenido sometido a Consejo de Guerra?

"Fue la respuesta más fácil para justificar su muerte", dice su hija Pamela. El cuerpo de su padre fue entregado en una urna sellada. Quince días más tarde, la esposa del ex prefecto, Nelly Veloso, fue citada por el propio fiscal Vicente para consultarla sobre los motivos que habría tenido su marido para suicidarse, "pues no se le había comprobado nada".

Bustos luchó por la democracia

La designación de Juan Bustos Marchant como prefecto de Investigaciones de Valparaíso, en abril de 1972, fue considerada un reconocimiento a sus méritos funcionarios y a su responsabilidad profesional.

Su trabajo en el puerto fue especialmente delicado. Aparte del esfuerzo que demanda el universo delictivo existía una situación política compleja. La ciudad se había convertido en centro de la conspiración naval para derribar al presidente Salvador Allende. Funcionaba también allí la Misión Naval norteamericana y había intensa actividad de Patria y Libertad y otros grupos fascistas, vinculados al asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército, en 1970.
Bustos trabajó con el asesor jurídico de la Intendencia de Valparaíso, Luis Vega Contreras, detenido el 11 de septiembre, torturado en la Esmeralda y enviado a Isla Dawson. También con el vicealmirante José Toribio Merino, cuando éste -como jefe de la Primera Zona Naval- asumió la Intendencia en calidad de subrogante. Entonces, según se estima, el Servicio de Inteligencia Naval comenzó a seguir sus pasos.

Por razones de servicio, mantenía relaciones fluidas con su director general, Eduardo Paredes Barrientos -asesinado casi inmediatamente después del golpe- y con el funcionario del Ministerio del Interior, Arsenio Poupin, detenido en La Moneda y fusilado en Peldehue. La responsabilidad de Investigaciones en Valparaíso era mayor que en otras ciudades, porque Carabineros actuaba con debilidad. Su prefecto era el general Arturo Yovanne, que resultó ser jefe de la conspiración en la policía uniformada.

Desde comienzos de 1973 no era un misterio que entre Patria y Libertad y la Armada existían nexos y acuerdos. Bustos incluso tuvo un incidente con el vicealmirante Ismael Huerta, cuando el novio de una de las hijas del oficial apareció comprometido en un atentado efectuado por Patria y Libertad. Huerta intentó presionar al prefecto Bustos, pero éste rechazó la intimidación.

Evidentemente, Juan Bustos no era un personaje grato a la derecha y al alto mando de la Marina. Estaba en la mira de los golpistas que no dejaron pasar mucho tiempo sin cobrarle la cuenta

Claudia Molina