“El Partido Liberal tiene su razón de ser en la promoción del ser humano y la defensa de los derechos fundamentales de las personas, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la educación, al desarrollo cultural, a la equidad, incluyendo la de género, a la solidaridad, a la libre asociación, a la privacidad, a la información y a un desarrollo social sustentado fundamentalmente en la educación y salud públicas.” Así lo afirma el punto 3 de la plataforma ideológica del Partido Liberal Colombiano, texto del cual la mayoría de los colombianos conoce poco y del que, en teoría, debe basarse esta colectividad para tomar cualquier decisión en el nuevo panorama de bancadas que debutará durante la legislatura que se viene a raíz de la última reforma política.

Si bien es cierto que el partido después de las últimas elecciones, bajó considerablemente su caudal político, al ubicarse en el tercer lugar en el Senado debajo del Partido de la U y el partido Conservador -ambos de la bancada uribista-, la fuerza Liberal se seguirá sintiendo en el Congreso y más teniendo en cuenta que representa la principal fuerza política en la Cámara de Representantes. ¿Cuál va a ser el papel que jugará dentro del próximo cuatrienio en medio de un ambiente político presidencialista fundamentado en los altos índices del presidente Álvaro Uribe y los muy buenos resultados electorales de los partidos denominados uribistas en las pasadas elecciones legislativas? Después de la última reunión del partido realizada en las últimas semanas para definir su reglamento interno en la Ley de Bancadas, su director manifestó claramente que los liberales jugarán su papel dentro de la oposición: una oposición constructiva, enfatizó. Tras estas declaraciones, muchas dudas quedaron despejadas sobre todo teniendo en cuenta los coqueteos de los ex presidentes López Michelsen y Ernesto Samper con el gobierno actual. El reto ahora para los liberales, será constituirse en la principal fuerza fiscalizadora en medio del huracán de propuestas legislativas que pretende adelantar el gobierno en la nueva legislatura.

Más allá de si conseguirán reunir las fuerzas suficientes para hacerle un contrapeso al gobierno y ser los garantes del control político de Uribe, me concentraré a continuación en la forma en que el partido debería obrar si, como sostiene en su resolución 1213 sobre el estatuto interno del régimen de bancadas “la plataforma ideológica, el programa del partido, las decisiones del Congreso Liberal y las orientaciones de la Dirección Nacional o del director del partido, constituirán la base programática de la actuación de la bancada”.

Si de defender la vida y la libertad se trata, se viene un debate bastante importante en relación con el proceso de paz y reinserción de las autodefensas, más concretamente con respecto a la Ley de Justicia y Paz. Dos componentes fundamentales e igual de delicados se encuentran de por medio.

En primer lugar nos enfrentamos nada más y nada menos con el derecho de las víctimas a recibir su debida indemnización. El partido debe tomar una posición crítica en cuanto al debido derecho de reparación que merecen las miles de víctimas de estos grupos al margen de la ley. ¿Qué va a pasar con las posesiones de los líderes de los distintos grupos? ¿A quiénes irán a parar?

En segundo lugar nos encontramos con el tema de las penas. Aquí el partido debe abogar para que quede claramente especificado el tema de reducción de penas, hacia quiénes atañe, cómo serán aplicadas estas dependiendo de la posición del integrante y si se mantendrá el principio de retroactividad hacia los que ya fueron condenados. La bancada de igual forma deberá ejercer presión para que se defina el intercambio humanitario con las FARC como primer escalón hacia una eventual salida negociada al conflicto con el principal grupo subversivo del país; aún más si de acuerdo con las declaraciones del presidente estos últimos meses, en los próximos cuatro años el gobierno estará más dispuesto a buscar la vía negociada, incluso con el despeje de varios municipios, tal como lo ha venido pidiendo dicha agrupación. Por tanto, un apoyo incondicional a este tipo de iniciativas negociadas es obligación del partido para dejar clara su posición dentro del conflicto armado.

El tema en salud es bastante gordo y delicado. Después de dos años en el Congreso, la iniciativa que tenía según el gobierno como principal objetivo ampliar la cobertura de salud para los más pobres del país, se terminó hundiendo como consecuencia de una riña directa entre los intereses de las EPS (que decían que no se debería limitar su ofrecimiento de servicios), las IPS (que defendían a muerte los límites a la integración vertical) y el ministerio de Protección Social y Hacienda (que nunca supo definir de dónde sacaría los recursos para ampliar el cubrimiento). El gobierno finalmente no encontró alternativas para financiar el proyecto que buscaba subsidiar a 30 millones de colombianos pobres, aunque los técnicos del Minhacienda dicen estar trabajando en una propuesta global y concreta de financiación sostenible del régimen subsidiado de salud.

Partiendo del debate que se ha librado y donde han salido a la luz los intereses del sector privado y el gobierno, el liberalismo tiene que estar atento a la nueva propuesta del gobierno en tres puntos específicos: ¿Quién va a terminar pagando este megaproyecto? ¿Qué sector ó sectores van a verse perjudicados por un recorte presupuestal que sirva de sostén para el programa? Y, ¿Cómo se va a garantizar que el tema de salud deje de convertirse en un negocio donde ganan unos pocos conglomerados a expensas de los intereses de los colombianos de estratos 1, 2 y 3 del Sisbén?

En materia de educación el Ministerio lanzó su programa Revolución Educativa 2002-2006 como propuesta principal para hacerle frente a los bajos niveles de escolaridad y los altos índices de deserción y ausentismo en las aulas. Los puntos más críticos después de realizarse los estudios, que tenían como objetivo revelar el panorama educativo en el país, son la cobertura escolar en áreas rurales, el alto nivel de deserción y el escaso cubrimiento en materia de educación superior. En cuanto a lo primero, el objetivo que debería buscar el partido es bajar la brecha que existe entre la cobertura en educación de las áreas rurales y urbanas, sobre todo en relación con la educación secundaria. Si mientras en las grandes ciudades el cubrimiento llega al 96%, en los pueblos, veredas y zonas desoladas del país se sitúa en un preocupante 35%.

Otro aspecto al que deberían prestarle un interés especial (como ya se mencionó) es al de la deserción escolar, y esto en relación directa con el trabajo infantil. Ad portas del debate que se viene sobre el código de la infancia en el Congreso, el partido debe tomar una posición a favor del artículo 34 que propone la prohibición de admitir a menores de 15 años en algún empleo u ocupación como una de las medidas necesarias para hacerle frente a este creciente fenómeno. Un último aspecto clave en el tema tiene que ver con la educación superior. Si el partido dice abogar por la universalización de la educación se debe plantear el debate de cómo subir el lamentable registro del 20% en cubrimiento nacional de que arrojó un estudio del ministerio en 2002. A esto se le suma un aumento considerable en las ofertas de universidades privadas las cuales, en su gran mayoría, no cumplen con los requisitos académicos para formar un profesional competente.

El partido debería por un lado, presionar para aumentar el presupuesto en materia de educativa -y así ampliar cupos y abrir nuevos centros especializados de educación- y por el otro ejercer presión para que se endurezcan las condiciones para abrir nuevas instituciones superiores que hacen de la educación un negocio, en detrimento de la calidad.

Otro de los temas pesados que viene es el de la reforma tributaria que quiere pasar el gobierno en esta legislatura. Si el partido tiene como uno de sus principales objetivos la búsqueda de la equidad, va a tener que hacer un esfuerzo descomunal por analizar con lupa de qué se trata exactamente esta reforma y a quiénes va a afectar directamente. Si es verdad todo lo que se ha escrito recientemente sobre el corte regresivo de la reforma, se deben prender todas las luces para detectar los abusos que se puedan cometer hacia los sectores menos favorecidos. Gravar más productos de la canasta familiar, ampliar el impuesto a la renta de sectores de clase media que anteriormente no eran afectados y eliminar exenciones para los empresarios no debería ser, en términos estrictamente liberales, un modelo de sistema tributario equitativo y sano.

Si lo que se busca es generar un bienestar generalizado para el trabajador promedio, el liberalismo debe defender los intereses de este, así el sector empresarial sea uno de los sacrificados. Desde ya es sabido que el partido esta trabajando en una propuesta de reforma tributaria. ’

En esta se debe buscar afectar en lo más mínimo los intereses de los estratos bajos al mismo tiempo que generar un clima de confianza hacia el inversor extranjero. El proyecto debe, como lo planteó el gobierno, tender hacia una simplificación del sistema y a generar un clima adecuado para atraer la inversión extranjera. ¿Cómo hacer esto sin atacar directamente el bolsillo de la mayoría de colombianos? Ese es el gran reto de aquellos abanderados economistas del partido que deben proponer una reforma estructural alterna y diferenciada a la del gobierno.

Por último viene el tema de la Equidad de género. Un interesante proyecto de ley propuesto por el senador Álvaro Araujo busca reconocer el derecho que tienen los compañeros permanentes de parejas del mismo sexo, para acceder a la seguridad social y, a la conformación de sociedades patrimoniales. Ya que en Colombia el matrimonio de personas del mismo sexo no aplica, estas no están cobijadas con los beneficios de cualquier otra unión marital. Abogando por los principios de universalidad y neutralidad que de acuerdo con la constitución definen el sistema de salud en nuestro país, el proyecto busca proteger a dichas parejas para que cuenten con las mismas oportunidades económicas y de salud de las demás.

Desde ya el proyecto ha generado un revuelco por parte de algunos partidos de derecha y colectividades religiosas que lo ven como una amenaza al tradicional modelo de familia que la sociedad colombiana debería defender. En este punto el partido debe trazar una línea divisoria definida donde se ponga de presente los derechos de parejas homosexuales por encima de cualquier postulado moralista. El partido debe apoyar esta clase de iniciativas, que subyacen como expresiones de un mundo que va cambiando y dejan de manifiesto la necesidad de dejar estos cambios registrados como símbolo de modernidad y ejemplo de lo que debe ser una sociedad pluralista.

Ahora con este panorama político despejado, el partido puede ejercer protagonismo en varios temas dejando clara su posición de defensa de de los derechos fundamentales de las personas. Son varios los puntos a debate que se vienen en la próxima legislatura y, dado que el espacio no permite analizarlos todos, con los que se mencionaron anteriormente nos podemos hacer una idea de lo que debe defender el partido, aún a sabiendas que es minoría y que en bastantes ocasiones, su oposición hacia algún punto ó proyecto entero no tendrá repercusiones términos de su viabilidad. Buscar alianzas, proponer temas interesantes de debate y ante todo ejercer una oposición crítica y no criticona debe ser, el debido proceso de un partido que no se debe descartar como fuerza política del país.

Es el momento de las definiciones. El liberalismo debe tomar posición como bancada y dejársela saber a los colombianos para no seguir perdiendo protagonismo en la arena política. Ese debe ser el papel del partido Liberal.

Lucas Urdaneta