“Cuando el ambiente era de jolgorio y se preparaba la celebración a la Virgen del Carmen, la fiesta más tradicional de Riosucio (Chocó), se conoció la noticia de la muerte de un número indeterminado de aserradores en la cuenca del Truandó a manos de las FARC. Esta incursión de la guerrilla en una zona donde los paramilitares han consolidado su poderío económico llena de incertidumbre a una región golpeada sucesivamente por el conflicto armado.”
Durante los 9 días que anteceden a la celebración de la Virgen del Carmen, cada uno de los barrios de Riosucio se encarga de ambientar la celebración. En las madrugadas y en las tardes recorren el pueblo en una comparsa desbordante de música, bailes y cantos. Estos jolgorios son conocidos en el Chocó como bundes. El bunde de la mañana inicia con la alborada a las 4 de la madrugada. En el de la tarde el barrio responsable prepara una comparsa con disfraces y cánticos; además preparan un diorama que por lo general representa un evento de la cotidianidad riosuceña con un alto contenido de crítica política hacia la gestión de los gobernantes.
El propósito de estos bundes es preparar el ambiente para la celebración principal el 16 de julio, día en que el pueblo se viste de gala para adorar a su santa patrona. El fervor chocoano a esta virgen es antiquísimo y, dicen los entendidos, se debe a que su figura fue fácilmente asimilable durante la diáspora africana en todos aquellos pueblos de origen bantú. En el Bajo Atrato su adoración constituye la fiesta religiosa más importante en pueblos como Riosucio, Vigía de Curbaradó y La Grande.
En Riosucio la Alcaldía Municipal tiene la obligación de destinar una parte (por lo más nada despreciable) de su presupuesto para estas celebraciones. Como en toda fiesta colombiana que se respete, aquí también se organiza un reinado y el evento de cierre lo constituye un concierto con alguna estrella vallenata de moda. Sin embargo las fiestas este año no pudieron ser celebradas a plenitud y se canceló toda actividad luego que se supiera la retención y posterior asesinato por parte de la guerrilla de varios aserradores campesinos en el río Taparal, cuenca de Truandó.
El luto
Los hechos iniciaron el 11 de julio cuando un grupo de guerrilleros de las FARC llegaron hasta los campamentos de aserradores ubicados en el río Taparal y retuvieron a unas 170 personas que allí trabajaban. Las versiones que en adelante circularon fueron bastantes confusas. En Riosucio se dijo que un grupo de guerrilleros llegó hasta uno de estos campamentos madereros, retuvieron a todas las personas y tras hacer unas pesquisas se llevaron a varias de ellas. Según el informe del Personero municipal:
La guerrilla de las FAR-EP reunió a todas estas personas, seleccionaron 6, previa investigación y llamadas por radio, luego fueron amarrados y señalados como colaboradores de los paramilitares y luego asesinándolos (decapitados) en su totalidad (…) Los labriegos liberados al día siguiente se reunieron en el sitio conocido como Rancho Quemado con aproximadamente 70 labriegos más que también fueron reunidos por la guerrilla y hurtando sus máquinas, combustible y provisiones, enterándose en forma concreta de 7 asesinatos más (decapitados) que aún hoy yacen sus cuerpos en estado de descomposición en el río Taparal (Personería de Riosucio, julio 17 de 2006).
Esta incursión guerrillera en una zona donde los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas hacen presencia permanente despertó un gran sentimiento de zozobra entre la población en general, pero más entre aquellas personas, foráneas y locales, que han decidido trabajar en un negocio que los paramilitares han entrado a controlar en los últimos tiempos, a saber, el de la madera. La explotación y el comercio maderero en el Bajo Atrato se realiza de una manera irracional y gracias a la connivencia (y otras veces impotencia) de las autoridades ambientales. Esta preocupante situación ha sido repetidamente denunciada por las organizaciones sociales de la región y la propia Defensoría del Pueblo documentó dichos abusos en un informe que preparó para la Corte Constitucional en 2003. Sin lugar a dudas el asesinato de estas 13 personas merece todo nuestro repudio, pero para entender la complejidad de estos sucesos quizás resulté conveniente describir la modalidad en que se viene desarrollando la explotación maderera en zonas como la del río Truandó.
Tras la cruenta incursión de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) al Bajo Atrato en 1996, los paramilitares fueron consolidando el control territorial de la región. Con el tiempo el bloque Elmer Cárdenas comandado por “El Alemán” fue el que se quedó en la región. De inmediato se dieron a la tarea de penetrar la economía con actividades rentables alternativas al narcotráfico y al cobro de vacunas a comerciantes. El negocio maderero ha sido durante generaciones el renglón económico más importante del Bajo Atrato, sin embargo su explotación sigue la lógica de otras economías extractivas como fueron el caucho, la tagua y las raicillas, durante la primera mitad del siglo XX. Una de sus modalidades funciona bajo una gran cadena de “patrones” que proveen motosierras, alimentos y herramientas a un grupo de trabajadores que adquieren la obligación de venderles la madera cortada para pagar la deuda contraída. Con esta práctica de endeude los patrones se aseguran el comercio de la madera bajo condiciones que ellos mismos imponen, y a su vez les permite acumular y controlar el capital, pues con ello regulan otros negocios que proveen el combustible, los alimentos y las herramientas que los aserradores requieren. Pues bien, en la actualidad quienes ponen el capital y controlan el comercio de la madera han pasado a ser los paramilitares, con la misma forma de endeude o bajo el control y cobro de “vacunas” a los comerciantes.
Además de esto, los hombres de “El Alemán” se han dado a la tarea de promover el corte de los bosques de abarco, guayacanes y cativos en aquellas zonas que suponen militarmente controladas. Así es como han incentivado la aparición de nuevos pobladores en el Bajo Atrato, personas de Córdoba o Urabá que han llegado a los territorios colectivos de comunidades negras con el ánimo de colonizar y hacer negocio con el patrimonio de estos pueblos. Cuadrillas enteras de estos aserradores han sido equipadas por los paramilitares con motosierras, gasolina y comida. De hecho fueron campamentos de este tipo los que fueron atacados por la guerrilla y parte de la maquinaria que se llevaron había sido adquirida como de la manera ya mencionada.
Otro elemento a tener en cuenta es que las zonas donde se explota la madera pertenecen a resguardos indígenas o a comunidades negras que aún se encuentran desplazadas y que, obviamente, no han dado el visto bueno para la extracción de sus recursos. El panorama se complica aún más si tenemos en cuenta que muchas de las personas que en la actualidad les venden la madera o brindan labores de logística a los paramilitares fueron, en épocas no muy lejanas, milicianos de la guerrilla. Según se afirma en Riosucio, lo que hizo la guerrilla fue tomar retaliación contra al menos un par de sus excompañeros. Sin embargo la mayor parte de las víctimas fueron personas de la región que se dedicaban a lo mismo que han hecho durante años, aunque auspiciados esta vez por el poder de moda.
Estos aserradores que han sido declarados objetivo militar son, a final de cuentas, personas cercanas a los poderes de turno más por circunstancias estrictamente pragmáticas que por algún tipo de afinidad ideológica. Como sucede en el Bajo Atrato o en cualquier otra zona del país, ya sean guerrilleros o paramilitares los que controlen o tengan influencia en las actividades económicas de las regiones, siempre van a encontrar un campo abonado por la pobreza para que la gente les marche en sus propuestas productivas, llámense estas palma, madera o coca.
Algunas preguntas que quedan de fondo y con el ánimo de no poralizar la cuestión es ¿qué tanta responsabilidad le cabe a las personas que circunstancialmente se acercan a uno u otro bando, por no asumir las consecuencias de sus decisiones en una macabra lógica como la de nuestra guerra? ¿Alguna vez seremos capaces de hacer realidad ese ortodoxo concepto de población civil al margen del conflicto al que tanto apelan las comunidades y organizaciones sociales del país? Ejemplos hay de que sí es posible pero, ¿será que la gente del Truandó no aprende las lecciones que deja la guerra, o no encuentran otras alternativas de subsistencia, o la política de paz del gobierno no incluye a las poblaciones amenazadas por el eterno enfrentamiento que vive el país?
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