La grosera prisión del corresponsal de TeleSUR en Colombia, Fredy Muñoz, un dedicado, joven, acucioso periodista de apenas 33 años, pone de manifiesto que, una vez más el periodismo independiente, libre y crítico es agredido por quienes insisten en utilizar la coacción, el amedrentamiento, la mentira y la fuerza para doblegarlo.

Todo indica que lo que se pretende con esta detención es criminalizar a TeleSUR y el trabajo de la corresponsalía en Bogotá, fundamentado en el rigor y la veracidad periodística. Quizá haya gente que busca provocar una nueva crisis entre Colombia y Venezuela, apenas unos días antes de elecciones presidenciales en este país y, a la vez, poner una cortina de humo ante la grave crisis institucional que se vive en Colombia.

Aquellos que vivimos en el sur sabemos que el caso de Muñoz no es aislado. Son miles los periodistas honestos que pagaron y pagan con cárcel, persecución, amenazas y violencia su ética, su dedicación a informar con la verdad. Sabemos de sobra de decenas de periodistas desaparecidos, asesinados, torturados y sacrificados para silenciar el terrorismo de estado, la barbarie y la miseria.

No cabe ninguna duda, que más allá de firmar un TLC que ni sus propios empresarios quieren, Colombia vive hoy una grave crisis institucional, con la sucesión de escándalos derivados de que personeros del paramilitarismo, incluso algún senador sindicado de haber alentado actos de genocidio- detentan altos cargos en el gobierno.

Los últimos hechos ocurridos en Colombia –y visibilizados por la corresponsalía de TeleSUR, de la que forma parte Fredy Muñoz- incluyen un falso atentado con carro bomba en la zona sur de Bogotá el 14 de julio, poco antes de las elecciones que terminaron con la reelección del presidente Álvaro Uribe. La Fiscalía General colombiana calificó de “grosero montaje” la realización de este acto terrorista –atribuido en su momento a la guerrilla- por parte de un mayor y un capitán del ejército para escalar posiciones. Sin duda, como éste, el de Fredy Muñoz es otro grosero, artero montaje, en el que participa la policía secreta DAS y la regional del Caribe de la llamada “inteligencia” naval.

Pero eso no es todo. Porque ese es apenas uno de los cinco incidentes de los llamados “falsos positivos”: atentados denunciados como de autoría de la guerrilla que en realidad fueron realizados por las fuerzas de seguridad. Y por lo cual, el partido Liberal, de oposición, pidió la cabeza de Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa

¿Será que de pronto todos se volvieron locos? No. Hoy la prensa colombiana parece recobrar –intermitentemente, claro, la memoria y trae a la mesa el choque entre militares y policías en Guaitarilla, la muerte de campesinos en Cajamarca, la presentación de civiles como guerrilleros muertos, la matanza de una unidad de élite de la Policía por una unidad del Ejército en Jamundí, la participación de militares en un supuesto ajuste de cuentas entre narcotraficantes en el departamento de Atlántico. Estos hechos, como muchos ellos de la conflictiva cotidianeidad colombiana, fueron visibilizados por TeleSUR.

Hoy desde el Congreso colombiano, desde las bancadas del liberalismo y del Polo Democrático Alternativo, surgen duras críticas sobre la dudosa desmovilización de las paramilitares Autodefensas, que quiere presentarse como sustentada sobre la legalidad y la paz.

Según un a investigación del DAS, la policía secreta, actualmente operan 44 nuevos grupos paramilitares en distintos puntos del país. En el Senado se hizo notar que entre 2003 y 2006 los miembros de las bandas paramilitares tuvieron un crecimiento exponencial, pasando de 15 mil a 41mil integrantes.

En el Congreso se denunció asimismo que muchos campesinos desempleados y sumidos en la miseria han sido utilizados para hacerlos pasar como paramilitares y de esa manera cobrar el sustento mensual que les brinda el Estado, auxilio que asciende en los últimos dos años a cien millones de dólares, que obviamente sale de los impuestos que pagan todos los colombianos.

Mientras el Estado subsidia esta maquinaria paramilitar, los principales cabecillas de las Autodefensas, acogidos a la –mal- llamada Ley de Justicia y Paz, están alojados 8supuestamente detenidos) en el centro vacacional de La Ceja, en Antioquia. Para juristas colombianos, esta ley es un instrumento de impunidad con la cual se pretende, incluso, burlar una posible intervención de la Corte Penal Internacional, catalogando a las autodefensas dentro del esquema de delito político.

El senador Parmenio Cuellar recordó los delincuentes políticos son aquellos que se rebelan contra el estado. Obviamente, los paramilitares no están luchando por derribar el orden establecido, por derribar al gobierno.

La Comisión Colombiana de Juristas ha demostrado que en los dos años de esta política de “desmovilización” los distintos bloques paramilitares han cometido más de tres mil asesinatos, en su gran mayoría de campesinos indefensos, dirigentes sociales, sindicales y políticos, y también de empresarios en el afán de quedarse con sus negocios.

Sólo el bloque Norte de las Autodefensas ha perpetrado 558 asesinartos, cifra confirmada por el computar incautado al jefe paramilitar “Jorge 40” y denunciados en el Senado el 18 de octubre último. Al mismo tiempo, las Autodefensas siguen narcotraficando y mantienen dominio territorial, político y económico en amplias zonas del país.

Sin duda TeleSUR incomoda a las élites tradicionales, a los detentadores del poder en muchos de nuestros países. Y por eso quieren silenciar su voz, para que siga la afonía de la que muy pocos se beneficiaron durante tantos (514) años. Porque el canal multiestatal latinoamericano apenas cumple con el cometido de todo periodista: visibiliza, hace público, transmite a todo el continente y al resto del mundo, lo que medios comerciales –muchas veces coaccionados, amedrentados hasta que aplican la autocensura- no difunden sobre las realidades de nuestro continente.

No se puede permitir la descalificación artera, la estigmatización. Porque más allá de nuestras pequeñeces, TeleSUR somos todos. Todos aquellos que creemos (y luchamos) por el proceso de integración, que creemos en la democracia, en la diversidad, en la pluralidad. Más allá del alcance de su señal, hoy TeleSUR es ejemplo de un periodismo alternativo y masivo, y no solo en América Latina.

Cabe recordar, también, que en Colombia, la Fiscalía tiene una dirección de Protección a Periodistas, que se la brinda con vehículos y escoltas armados a los trabajadores de la prensa amenazados por el paramilitarismo. Y el propio DAS certifica, en una inusual “aclaración”, que protege a 28 periodistas amenazados. Muchos trabajadores de la prensa (sindicalistas, defensores de los derechos humanos, campesinos) fueron asesinados y otros debieron salir del país para preservar sus vidas y las de sus familiares.

Hay una realidad que quizá aquellos que montaron esta grosera maniobra no evaluaron: TeleSUR no se callará ni dejará sin voz a los que los medios comerciales dejaron y dejan afónicos. La realidad quedará siempre a la vista de los latinoamericanos.

Porque, también, Fredy Muñoz somos todos. Y eso lo demuestra la amplia, enorme solidaridad para con este joven periodista cartagenero y para con TeleSUR.

Altercom
Aram Aharonian