El reportero gráfico Sergio Dorantes Zurita –arrestado el pasado 20 de febrero en Estados Unidos por su supuesta responsabilidad en el asesinato de su exesposa y exgerente de Newsweek México, Alejandra Dehesa– saldrá libre, gracias al dictamen de caución otorgado el 24 de julio por el juez Joseph Spero.

La resolución, calificada como sin precedentes por el abogado Manuel García Garrido, permitirá que el reportero continúe su juicio de extradición fuera de la prisión de máxima seguridad de Santa Rita, California. “Por fin una autoridad reconoce que estamos ante un caso irregular. Para el ministro, fueron evidentes las anomalías en la acusación contra Sergio”, subraya el defensor de Dorantes.

En una primera audiencia, celebrada el 23 de junio, Spero le negó la libertad bajo fianza al periodista so pretexto de la afirmación emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). El órgano le aseguró al Departamento de Estado de ese país que el testigo fabricado, Luis Eduardo Sánchez Martínez, nunca se retractó de la declaración que inculpaba a Dorantes Zurita en el homicidio de Alejandra Dehesa. No obstante, la defensa del reportero gráfico comprobó que existía la revocación con una fe de hechos notariada, prueba que el fiscal de San Francisco admitió como fidedigna.

La propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) verificó que, en el pliego de consignación del 29 de agosto de 2006, Sánchez Martínez afirmó y ratificó haber sido sobornado para declarar en contra de Sergio Dorantes.

El juez del Distrito Norte de California decidió postergar su dictamen hasta el 24 de julio. En ese mes de plazo, la PGJDF tendría la oportunidad de cerrar la averiguación previa FCUAH-2/3755/05/12 con causa penal 207/2003, en contra de Sánchez Martínez por la probable comisión del delito de falsedad. La investigación sigue abierta en la procuraduría capitalina. Para García Garrido la entidad no pudo sostener que hubiera elementos suficientes para comprobar que el supuesto testigo hubiera dicho la verdad.

“Tratándose de Joseph Spero –considerado por el litigante como un ‘juez duro’ por su negativa durante el proceso para ceder la fianza– es una gran victoria que para él fueran evidentes las irregularidades. Su decisión genera antecedente para evitar la extradición de Sergio, porque él está aceptando la existencia de anomalías en el debido proceso”, expone García Garrido.

Luego de presentar, en mayo pasado, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por haber mentido en el proceso de extradición, el abogado confía que la decisión del juez influya en el órgano internacional para que se pronuncie a favor del fotógrafo.

García Garrido señala que es un caso único, pues la libertad bajo caución raramente se reserva para casos de homicidio. Bajo ese tenor, explica que una vez presentada la lista de bienes del fotógrafo ante el juez, el ministro decidirá el monto de la fianza y el tipo de arraigo en el que permanecerá. El monto propuesto por la defensa de Dorantes alcanza los 700 mil dólares.

Referente a la situación jurídica del periodista, García Garrido expone que su cliente tendrá el derecho de permanecer en Estados Unidos y el gobierno mexicano no podrá solicitar su detención nuevamente en ese país. Por esta razón, Dorantes podrá enfrentar su juicio de extradición fuera de la cárcel. El abogado destaca que de esa manera se garantiza la seguridad y protección del fotógrafo, y se evita que la PGJDF cometa más arbitrariedades en el caso.

Las Anomalías

A partir del 26 de mayo de 2006 –como consta en la recomendación 7/2007 de la CDHDF– el agraviado y sus abogados reiteraron que existían irregularidades en la integración de la averiguación previa COY- 2T1/969/03-07, entre ellas, la presunta fabricación del testigo Luis Eduardo Sánchez Martínez.

“Los defensores del reportero gráfico solicitaron la reapertura del expediente de queja, para que se realizara una verdadera investigación limpia y honesta, fuera de intereses que no sean netamente jurídicos, destacando que el interés particular de Sergio Dorantes es que se esclarezca y se busque al verdadero asesino de Alejandra Dehesa”, enuncia la CDHDF.

La Primera Visitaduría detectó, entre otras anomalías, que, en 2004, el fotógrafo fue presionado e interrogado en forma ilegal por un agente de la Policía Judicial del Distrito Federal. Además, se le negó la posibilidad de coadyuvar con la investigación. Sus abogados tampoco pudieron acceder a la averiguación previa ni a los informes de la agencia del Ministerio Público y, una vez remitida la indagatoria a la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios, tampoco se les proporcionó información.

Desde febrero de 2006, penalistas advirtieron que el agente del Ministerio Público, Ricardo Cortés Bonilla, incurrió en omisiones y errores. La abogada Bárbara Zamora observó que el MP no profundizó en el testimonio del taxista Óscar Sánchez, detenido como probable responsable y liberado por orden de Cortés Bonilla.

La litigante destacó que el dictamen de necroscopia de Alejandra Dehesa no establecía la hora de su muerte. Por el contrario, el agente adecuó la hora de los hechos para comprobar su hipótesis. Además, subrayó que la escena del crimen fue manipulada y la ejecución de las pruebas periciales y de genética forense fueron inexactas y deficientes.

Leonel Rivero Rodríguez apuntaba que el dictamen del perfil psicológico de Dorantes carecía de rigorismo científico y académico, pues jamás entrevistaron al examinado y se basó en especulaciones.

Se suma a las irregularidades, la declaración hechiza de Luis Eduardo Sánchez Martínez –única prueba fehaciente que relaciona a Dorantes con el crimen–, a quien se le inició averiguación por la probable comisión de los delitos de falsedad ante autoridades y en el ámbito de procuración de justicia, motivo que inició la partida 207/2006.

El 14 de noviembre de 2006, García Garrido presentó un escrito ante la CDHDF, en el que indicó: “Infinidad de veces he intentado tener acceso a las causas penales 214/2003 y 207/2006, que se encuentran el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Penal del Distrito Federal, sin que haya sido posible. Con pretextos y sin fundamento legal alguno, dicen que no somos parte dentro de las actuaciones. Por ello, solicito a la Comisión investigue las arbitrariedades en ambos expedientes, a fin de acreditar las violaciones a derechos humanos de mi representado”.

Frente a las irregularidades, la CDHDF concluyó que se violó el derecho del reportero gráfico a una adecuada procuración de justicia, “en virtud de que la propia PGJDF realizó consignaciones, utilizando las declaraciones contradictorias del testigo Luis Eduardo Sánchez Martínez, sin verificar de manera fehaciente su veracidad. Por lo que integró averiguaciones previas sin certeza ni seguridad jurídica para las partes involucradas”.

Revista Contralínea
Fecha de publicación: Agosto 2a quincena de 2007

Paulina Monroy