Es esto, precisamente, lo que ahora acontece en Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde las fuerzas populares han accedido al gobierno pero con decisión de poder (necesitan transformar el Estado). Las constituyentes en marcha reflejan disputas en este escenario. Pero nada es gratuito ni lineal. Según la correlación de fuerzas, los cambios pueden ser más o menos profundos. En Venezuela, donde hace unos pocos años ya se había vivido una reforma constitucional, ahora se avanza hacia otra, hija de un proceso de transición. Es decir, los líderes venezolanos reconocen que avanzan hacia el socialismo, para llegar al cual hay que sortear toda suerte de cambios sociales, no sólo legales sino asimismo económicos, políticos, culturales.

Un ejemplo de la intensidad de las disputas en curso, y también de la diferencia que tienen en la correlación de fuerzas, es Bolivia, donde los sectores que están perdiendo su poder despliegan todo tipo de recursos y maniobras para impedir el avance reformador de la Constituyente (favorecidos en su propósito por los errores de los sectores populares al frente del gobierno). Esa capacidad de maniobra ejemplifica a todas luces que las fuerzas conservadoras no están aún arrinconadas. Por su parte, lo que pasa en Ecuador indica que las fuerzas del cambio cuentan con un mejor escenario para materializar sus proyectos.

Coincidencias y particularidades

Un análisis inicial de las propuestas en marcha en cada uno de estos países permite apreciar –además de las diferencias como producto de los distintas correlaciones de fuerza– las identidades producto de la necesidad de poner el Estado al servicio de la mayoría, de reivindicar lo público, y de la urgencia de profundizar un mercado nacional y latinoamericano como vía para potenciar las fuerzas productivas, así como el rol estratégico de cada una de estas repúblicas en el continente y en el mundo.

Bolivia: del olvido a la memoria

En su “Visión de País”, el Movimiento al Socialismo (MAS) –el partido del presidente Evo Morales– presentó a sus connacionales la nueva visión constitucional que pueda llegar a regir para los bolivianos. Esa es la misión de la Asamblea Constituyente instalada el 6 de agosto de 2006, la cual se encuentra bloqueada y a punto de hundirse.

El MAS sintetizó el problema boliviano en cuatro aspectos: “querella del excedente, cuestión nacional, cuestión social y cuestión regional”. Estas reivindicaciones, en un país que cuenta con 38 pueblos, naciones y nacionalidades siempre dominadas, generan un nuevo ambiente político y social, marco indispensable para una democracia real.

En su visión de Estado, por otra parte, el MAS relacionó, entre otros aspectos:

  • Tipo de Estado: social y comunitario.
  • Forma de gobierno: democracia participativa y representativa.
  • Organización política y administrativa: Estado descentralizado.
  • Tierra: fortalecimiento de sus mecanismos redistributivos, anulación de las medidas de contrarreforma agraria. Se fomentarán, igualmente y de manera preferente, las diferentes formas de dominio y propiedad colectiva comunitaria de la tierra.
  • Agricultura: no se permitirá el ingreso de semillas transgénicas. Se garantiza así la soberanía alimentaria.
  • Recursos naturales: los no renovables no podrán privatizarse ni concesionarse bajo título alguno. Los recursos estratégicos serán de dominio originario, y su titular el Estado plurinacional. En los territorios indígenas, la gestión de los recursos naturales renovables corresponde a las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos.
  • Educación: gratuita, obligatoria, universal, igualitaria, liberadora, participativa, plurilingüe, pluricultural, intercultural, técnica y productiva, en todos sus niveles y modalidades.
    Salud: gratuita y universal, con integración de la occidental con la originaria.

Ecuador y sus primeros pasos

El 30 se septiembre, los ecuatorianos dieron luz verde a las propuestas de cambio lideradas por Rafael Correa. En las elecciones celebradas ese día, la lista oficial encabezada por el ex ministro de Energía Alberto Acosta obtuvo el 70 por ciento de los votos hasta ahora escrutados (10 de octubre), es decir, 16 constituyentes nacionales y 56 regionales, de los 130 integrantes que conformarán la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que habrá de instalarse a finales del mes en curso.

Aunque no circula aún el texto oficial que propondrá el gobierno para reformar la Carta Política vigente desde 1998, sus voceros hablan de: “atacar las inequidades de todo tipo que existen en el país”. “Establecer la gratuidad de la salud y la educación, aspectos que deben ser considerados como derechos y no como mercancías, por cuanto la actual Constitución […] abrió el camino para la privatización de estos servicios”. “El Ecuador necesita un modelo que impulse la producción y que construya una sociedad de productores y de propietarios, y la Constitución no nos permite eso, [pues] favorece el monopolio”. Vendrán también cambios para el sector financiero: que “los banqueros sean banqueros y nada más que banqueros. […]. Bajo ninguna circunstancia la banca podría acceder a la propiedad o control de los medios de información”. Y para garantizar que la Asamblea funcione sin presiones del Legislativo, éste debe ser puesto en receso. “Que se vayan de vacaciones sin sueldo”, propone Alberto Acosta.

En un país en que el Estado liberal ha hecho agua, y donde los pueblos indígenas son un poco más del 50 por ciento de la población, el tema nacional será crucial. Por ahora se conoce de la intención de reorganizar el territorio nacional en “siete regiones equilibradas en su peso demográfico, en su acceso a los recursos naturales, y por lo tanto en su representación política […] que significa hacia el futuro mejorar la eficacia, la eficiencia, calidez y calidad de los servicios”.

Venezuela y el socialismo que vuelve a la agenda mundial

En este país, por contar ya con ocho años de disputa y reorganización del poder, es donde el debate tiene mayores alcances inmediatos. Allí, su Ejecutivo lidera el ajuste legal y constitucional de la realidad histórica que atraviesa el país y hacia el cual se avanza. Por eso, el pasado 15 de agosto presentó a la Asamblea Nacional un anteproyecto de Reforma Constitucional, la misma que –una vez aprobada por este poder del Estado y según el artículo 344 de la Constitución vigente– debe presentarse a referendo popular.

El Ejecutivo tiene claro que la reforma es necesaria para desmontar los “obstáculos políticos, económicos, institucionales, que no han permitido satisfacer el imperativo social”, y por esta vía romper con el “modelo capitalista burgués” heredado; sabe asimismo que avanza hacia una “fase de transición”, la misma que “puede durar muchos años, resultando un proceso de quiebre generacional”, y la cual hace necesaria la existencia de un sistema de propiedad mixto: público, social, comunal, ciudadano, colectivo, mixto y privado. El Presidente no oculta la importancia del hecho: “La definición de la propiedad de los Medios de Producción es un elemento central para diseñar un nuevo modelo productivo”. En el nuevo modelo por implementar convivirán diversos tipos de propiedad: la privada, la colectiva, la estatal, la mixta y la propiedad social de los medios de producción estratégicos a través del Estado.

Con estas formas de propiedad se privilegian “los valores de solidaridad, cooperación, complementariedad, reciprocidad, equidad y sustentabilidad, ante el valor de rentabilidad o de ganancia”. No es extraño que se quiera prohibir, como se sustenta en el documento de la reforma, el monopolio y el latifundio, lo que se propone, extendido al sector financiero, impedir la interferencia de los grupos hegemónicos y quitarle autonomía al Banco Central de Venezuela, el cual, además de sus preocupaciones por la inflación, tendrá que orientarse hacia el empleo, la producción y el crecimiento.

Destaca, además, entre los cambios propuestos por el presidente Hugo Chávez:

1. Reconocimiento de la ciudad como unidad política primaria de la organización territorial. Es éste un “cambio cultural histórico: todos los asentamientos poblacionales, independientemente de su extensión geográfica y densidad poblacional, tendrán status de ciudad”. “[…] todos, sin discriminación alguna, disfrutarán y serán titulares del derecho a la ciudad”. Una nueva “geometría del poder”, como llaman los reformadores a su propuesta, la cual pasa y potencia el desarrollo endógeno y fortalece el poder popular.

2. Llama la atención, sobre este último aspecto, el espacio que se le brinda a la participación de la sociedad en todo nivel y para toda ocasión, el cual descansa de alguna manera en la nueva organización del territorio, focalizando su formalización a través de los consejos comunales (“máxima expresión de la democracia directa”, que no deriva del voto “ni de elección alguna sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”), la red de éstos, la comuna socialista (cuya base poblacional se establece entre 50.000 y 120.000 habitantes) y los municipios socialistas. Queda atrás la democracia representativa, “para consolidar la democracia participativa y protagónica; donde se contemple la insurgencia del poder popular como hecho histórico, necesario en la construcción de la sociedad socialista del siglo XXI”.

3. Reducción de la jornada diaria de trabajo de 8 a 6 horas. Una reivindicación soñada por los trabajadores desde décadas atrás, para poder contar con tiempo para la creación libre, el descanso y el estudio. Pero, además, se crea un Fondo de Estabilidad Social para garantizar los derechos de jubilación y salud de los trabajadores por cuenta propia, a la par que se les brinda toda la seguridad social a los trabajadores de la cultura.

Colombia, al margen de las reformas

La Constitución de 1991, que integró todos los derechos humanos reconocidos por la legislación internacional, pero de igual manera creó la base legal para la implementación del modelo neoliberal, ha cumplido su ciclo: permitió el ensanchamiento de la desigualdad entre ricos y pobres, desmontó el Estado en su función social y privatizó los más importantes bienes públicos estratégicos del pueblo colombiano, administrados hasta ahora por el Estado.

La última de las medidas privatizadoras de los bienes públicos estratégicos, la venta de Ecopetrol a través de un primer paquete de acciones comprado por 350 mil colombianos, resume la visión de un Estado que favorece a unos pocos: quienes más tienen se favorecen de la socialización de ganancias a que les da derecho su paquete accionario. El mundo al revés. La Constitución de Colombia requiere una profunda y radical reforma.

En Venezuela

La reforma en marcha, pretende “el progresivo desmonte de obstáculos políticos, económicos, institucionales, que no han permitido satisfacer el imperativo social”.
La reforma Constitucional trata en síntesis, de:

– Desmontar la superestructura que le da soporte a la reproducción capitalista, tanto en el plano constitucional y legal, como en lo epistemológico y ético.
– Dejar atrás la democracia representativa para consolidar la democracia participativa y protagónica, donde se contemple la insurgencia del poder popular.
– Crear un enfoque socialista nuevo, “a la venezolana”, inventar, imaginar y construir de acuerdo con las enseñanzas de nuestros pueblos originarios…
– Sentar las bases para la construcción de un nuevo modo de producción fundamentado en nuevas relaciones de producción, nuevas formas de propiedad, la democratización del capital que permita el control del poder popular en la producción y la distribución de los bienes y servicios.
– Inclusión del derecho fáctico de la propiedad social de todos los venezolanos…

Opiniones de Alberto Acosta, posible Presidente la Asamblea Constituyente:

«Entender que la Constitución no solo es el marco jurídico y un conjunto de leyes, sino un proyecto en común para definir el Ecuador que se quiere tener.
El proceso constituyente debe rescatar la política y repolitizar la sociedad. Se escribe ahora pensando en el mañana.»

Cinco ejes de Alianza País, para transformar el Ecuador:

«Revolución política; revolución económica y productiva; revolución social; revolución ética (combate contra la corrupción), y revolución por la soberanía e integración regional».

«Que se cumpla el mandato constitucional de la gratuidad de la salud y la educación.
Que no se pueda destinar para el servicio de la deuda y las fuerzas armadas más del presupuesto correspondiente para educación y salud».

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