Desde el inicio de su mandato, Correa debió enfrentar una fuerte campaña de la oposición de derecha que controla los grandes medios de comunicación social, mientras los sectores sociales respaldan al mandatario vigilando cada paso.

En su discurso del pasado 19 de enero, Correa volvió a insistir que el proceso de cambio apenas comienza y auguró que el 2008 será un año decisivo para cambiar las viejas estructuras de poder.

“La lucha recién comienza” sostuvo Correa y advirtió que el 2008 será un “año difícil, lleno de obstáculos, pues la partidocracia intentará evitar que se esfumen sus privilegios”.

“En el 2008 junto con la Asamblea Constituyente vamos a cambiar el sistema, vamos a acabar de una vez por todas con estas estructuras caducas” subrayó.

El presidente resaltó el respaldo popular que aún mantiene y destacó que la masiva presencia de ciudadanos de Guayaquil en la concentración fue un revés para la oposición que había anunciado que ningún ciudadano de esa ciudad se habría presente en el acto.

"Estamos presenciando el entierro de la partidocracia, de las mafias, de las elites corruptas," exclamó.

Por otra parte, alertó, otra vez, sobre las campañas de desestabilización de la oposición que preparan una movilización contra el gobierno para este jueves.

Previo al acto, el presidente anunció que promoverá una ley a través de la Asamblea Constituyente para que se establezca un sistema salarial único en toda la administración pública.

En ese sentido recordó que los gobiernos locales deciden los sueldos de sus propios funcionarios y crean privilegios irritantes. Ninguno de los gobiernos locales ha respetado la propuesta presidencial de no otorgar salarios superiores a los del presidente de la república. Correa redujo su salario a unos 4 mil dólares mensuales, pero hay alcaldes y funcionarios de gobiernos locales que más que duplican esa suma.

“Con esta propuesta pretendemos liquidar la gran desigualdad existente en los organismos estatales, en los cuales un gerente gana entre ocho mil y 10 mil dólares y un empleado apenas 200 dólares”, resaltó Correa.

Para ello propuso revisar la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Losca) para implementar un solo régimen salarial.

“Mientras los obreros ganan 200 dólares, por ahí hay burócratas que ganan 10 mil”, se quejó al advertir que con la reforma gubernamental todos entrarán en ese régimen público.
En la cadena radial de todos los sábados, criticó que las instituciones autónomas no acataron el decreto firmado en enero del 2007, el cual establecía que todos los funcionarios públicos debían ganar menos que el gobernante.

La oposición cuestiona acuerdo con la Armada

Mientras tanto, la oposición cuestionó duramente un convenio entre el gobierno central y la Armada para la construcción de un depósito de gas en tierra, y promovió la desobediencia de algunos altos oficiales a la medida.

Correa defendió el contrato con la Flota Petrolera de Ecuador (FLOPEC), asegurando que de esa manera el dinero se quedará en el país y no será necesario pagar a empresas privadas para el transporte y almacenamiento del gas.

Advirtió que los opuestos a este convenio son precisamente mafias que defienden intereses mezquinos y responden a la partidocracia.
El mandatario enfatizó que con la construcción de un depósito para almacenar el gas en tierra, el país importará directamente ese combustible y se acabará la "corruptela y los negociados que tanto daño nos ha causado".

Puntualizó que detrás de los opuestos a este paso están funcionarios de Petroecuador que responden a intereses privados y del partido socialcristiano, el cual por años se robó el petróleo y el dinero de los ecuatorianos.

Correa recalcó que las versiones sobre presuntas irregularidades del contrato con FLOPEC son "ridiculeces porque lo que quieren es entorpecer la operación, quieren que no se construya el almacenaje de gas en tierra”.

Se quiere "seguir dependiendo de una empresa de propiedad de los mismos de siempre, que está vinculada al Partido Social Cristiano, y que nos ha costado centenas de millones de dólares por no tener este sistema de almacenaje de gas en tierra", explicó.
Ecuador gasta 40 millones de dólares al año por importar el gas y alquilar a una empresa privada un barco para almacenar el gas, aseveró.
Los opuestos a este acuerdo "se develan como defensores de esas mafias que tanto daño han hecho a Petroecuador, concluyó.

Cambios en la Armada

Al mismo tiempo, en lo que sectores de izquierda califican como una cesión del presidente Correa, se anunciaron cambios en la cúpula de la Armada.

Correa aceptó la renuncia del comandante de ese cuerpo, Homero Arellano, y el jefe del Estado Mayor, Luís Yépez.
Los militares renunciaron ante las críticas de otros oficiales por el acuerdo alcanzado con el gobierno.

El mandatario adelantó que elegiría al nuevo comandante de una terna de oficiales, entre los que se encuentra el vicealmirante Johnny Estupiñán, secretario del Consejo Nacional de Seguridad, que enfrenta un proceso disciplinario por presunta insubordinación.

El movimiento Polo Democrático, que respalda al presidente Correa, solicitó al gobernante mantener en su puesto al comandante de la Marina, quien defiende al sector petrolero amenazado por grandes mafias.

Un comunicado de esa agrupación de izquierda revela que con la aceptación de la dimisión de Arellano se cede a las presiones de poderes hostiles y se da paso a seleccionar al nuevo jefe de entre tres oficiales insubordinados.

Junto a Estupiñan están propuestos los contralmirantes Livio Espinosa y Aland Molestina.

La nota insta a Correa a no aceptar a ninguno de la terna porque se generaría un grave antecedente en la historia de Ecuador, "como sería el de premiar la insubordinación militar".
Señala que tampoco se puede claudicar ante "los nefastos intereses de los grupos mafiosos que han dominado durante 30 años la industria petrolera".

Raúl Gutiérrez
Barómetro Internacional

Raúl Gutiérrez