El modelo panameño, de acusar al gobierno de participar en el narcotráfico para provocar una intervención militar extranjera (como cuando gobernaba en Panamá el general Manuel Antonio Noriega) es vista como una posibilidad por varios analistas políticos locales y el propio gobierno. Sólo que esta vez, la masacre realizada en Panamá por los bombardeos norteamericanos a la población civil en 1989, ordenada por el entonces presidente George Bush padre, deberá ser en mucho mayor escala.

En las últimas semanas han arreciados las acusaciones desde Colombia y Estados Unidos sobre la inoperancia del gobierno de Venezuela en combatir el narcotráfico, y las acusaciones de que el gobierno respalda las guerrillas del vecino país con suministro de armas y concesión de refugio.

Lo que si está claro es que los grupos paramilitares colombianos que se reciclan tras el proceso de desmovilización e indulto acordado con el presidente Uribe, pasan la frontera para trabajar como brazo armado de los terratenientes, involucrarse en el lucrativo negocio del contrabando (colaborando así con la desestabilización de Venezuela al provocar escasez de alimentos) y para abrir nuevas rutas para el tráfico de sus drogas.

Los organismos de seguridad venezolanos no han sabido enfrentar esta amenaza, ya sea por incapacidad o por la complicidad de algunos grupos policiales en la zona. Los tres estados venezolanos de la frontera, Táchira, Zulia y Mérida, están inmersos en situaciones de violencia generada por estas mafias que además se dedican al secuestro extorsivo. Para instalarse en la zona han contado con la complicidad de ganaderos y políticos de la oposición al presidente Hugo Chávez, temerosos de que la revolución bolivariana les consficara sus tierras.

En un fenómeno similar al colombiano, dirigentes sindicales campesinos que promueven la reforma agraria, han sido asesinados por grupos armados ilegales en esa región del país.

En el Estado Zulia, gobierna hasta el próximo año, Manuel Rosales, líder de la oposición, ex candidato presidencial en las pasadas elecciones de diciembre del 2006. El jefe de seguridad de estado, fue Henry López Sicco, un alto jefe policial involucrado en masacre de campesinos en la década de los 80 y vinculado a grupos de extrema derecha. Actualmente está prófugo, acusado por sus crímenes.

En la frontera también gobernó Eduardo Lapi, actualmente exiliado en Perú después de escaparse de la cárcel donde estaba detenido por denuncias de corrupción durante sus dos mandatos como gobernador de Yaracuy entre 1995 y 2004.

Los gobernadores chavistas de la región también son criticados por la población por su falta de empuje para combatir la delincuencia, los secuestros y el contrabando, además de las denuncias de corrupción o ineptitud contra algunos de ellos.

Una coordinación de defensa entre los ministerios de Colombia y Venezuela realizada a fines de 2006 pudo haber sido una cortina de humo para no actuar. Entonces encabezaba el ministerio de Defensa de Venezuela el general Isaías Baduel, quien un año más tarde pasaría a formar parte de la oposición y que aspira a ser candidato a gobernador en noviembre y a presidente en el futuro.

De hecho, los planes para reforzar la presencia del Estado venezolano en la frontera de forma integral, con efectivos militares, desarrollo industrial y económico y participación ciudadana, presentados entonces, no han avanzado.

Las denuncias de asesinatos de dirigentes campesinos y militantes chavistas se ha incrementado en los últimos meses.

El pasado 10 de diciembre fue asesinado de cinco tiros, en Tucaní (Estado Mérida en la frontera con Colombia), Alfredo Montiel, un conocido luchador social de la zona. Desconocidos entraron en su casa y le dispararon. El 16 del mismo mes, el concejal chavista Freddy Ascanio fue ultimado de 7 balazos en similares circunstancias. Otro concejal chavista, Carlos Santi, de la población La Ceiba, fue amenazado de muerte.

Estos crímenes y amenazas suceden en la llamada vía Panamericana, donde operan paramilitares venezolanos vinculados a sus colegas colombianos.

Dos meses antes, el 2 de octubre pasado, fueron asesinados el presidente de la Cooperativa La Esperanza del Estado Táchira, Heriberto Peñalosa, y el Coordinador de Educación de la cooperativa, Miguel Antonio Bastos. Grupos paramilitares colombianos infiltrados habrían sido los responsables de los crímenes.

La cooperativa funciona en tierras ocupadas del fundo ”Rancho rojo” declarado ocioso por el Instituto Nacional de Tierras. Meses antes, el terrateniente Iván Roa reclamó esas tierras y amenazó a los campesinos. Roa se ha declarado aliado del presidente colombiano Álvaro Uribe y ha manifestado públicamente mantener lazos con los paramilitares colombianos.

El diario Panorama de la ciudad de Maracaibo, denunció el pasado 16 de diciembre, en base a informes confidenciales que los estados Zulia y Táchira, se han convertido en importantes bases de operaciones para las llamadas “bandas emergentes”, entre las cuales, la más famosa es la red conocida como las “Águilas Negras”. Este grupo se encuentra conformado por paramilitares colombianos desmovilizados que han tomado las armas otra vez y han reclutado nuevos combatientes.

Este grupo tendría como a uno de sus líderes al paramilitar ”Salomón”, heredero de lo que quedó de la organización que encabezaba el jefe paramilitar Jorge 40 - comandante del Bloque Norte de las AUC.

Un resumen de inteligencia, citado por ese diario, confirma que se tiene conocimiento de que: “La punta de lanza del paramilitarismo en Venezuela está en Maracaibo a cargo del ex policía y poderoso narcotraficante Miguel Villarreal Arcila, alias “El Salomón”, quien en ocasiones también se hace llamar “Gabriel” o “El Flaco”. El hombre actualmente es el dueño de la ruta del narcotráfico de Venezuela. “Tenemos identificadas 25 rutas del narcotráfico que nacen en Colombia, atraviesan el vecino país y dan a sus costas, de donde sale la cocaína al extranjero”.

En el 2004, los paras y sus conexiones con ciertos miembros de la oposición venezolana encabezaron titulares en Venezuela y el mundo, cuando alrededor de 70 hombres colombianos fueron arrestados en una finca en las afueras de Caracas, acusados estar implicados en una conspiración de la derecha contra el gobierno de Hugo Chávez. Uno de los detenidos le dijo a la prensa que estaban siendo entrenados para atacar las bases de la Guardia Nacional venezolana.

Poco antes de la realización de la Copa América en junio pasado, el diario conservador ”Ultimas Noticias” publicó un reportaje sobre la zona fronteriza donde revela el poder de los paramilitares colombianos en ambos lados de la frontera. El diario denunció complicidad y corrupción de los efectivos de la Guardia Nacional que permiten el contrabando de combustible y alimentos por decenas de millones de dólares.

El diario citó a Rafael Rojas, presidente de la Fundación Colombia Viva, actualmente exiliado fuera del país, que dijo: "Hasta antes de las conversaciones de los líderes de los paramilitares con el gobierno colombiano para la desmovilización, los líderes del Grupo Catatumbo eran los que controlaban todo el contrabando del combustible de Venezuela. Ahora, se ha adueñado el grupo que se hace llamar las ”Águilas Negras”, que en el fondo son los mismos desmovilizados pero esta vez más sanguinarios”.

Sin embargo, el contrabando en Venezuela -hacia afuera- parece estar organizado por los grandes empresarios en un plan de obtener más ganancias, pero también para promover el descontento contra el gobierno.

La situación, aunque no tan grave, hace recordar a la campaña de desestabilización contra el presidente de Chile Salvador Allende a inicios de los 70.

Alimentos básicos escasean en las ciudades más pobladas, mientras que en la frontera con Colombia se ha detectado abastecimiento para más de un año. En menos de una semana, los controles policiales detectaron cientos de camiones que partían de distintos puntos del país hacia la frontera colombiana con 3.000 toneladas de alimentos. El gremio de los comerciantes protestó por estos controles y pidió libre tránsito a las mercaderías, suba de precios para poder ”abastecer” al país y libre acceso a la compra de dólares.

El contrabando no se limita a los alimentos, el combustible venezolano, abundante y barato (5 centavos de dólar el litro) pasa fluidamente por la frontera en camiones. Sólo falta construir un oleoducto.

El gobierno venezolano está emprendiendo medidas, reformas en la policía, mayor presencia en las rutas, pero aún es insuficiente para terminar con el control que ejercen mediante el terror los paramilitares en la frontera, en ambas márgenes.

Colombia simplemente ignora el hecho, por un lado porque forma parte de la estrategia impulsada desde Washington para aislar y desestabilizar la revolución bolivariana, y por otro por la sencilla razón que en el paramilitarismo está su sustento.

Ricardo Daher