Sanciones a 78 funcionarios de Conaculta

La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso sanciones a 78 funcionarios del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) por más de 3 millones de pesos. Según la SFP, los servidores públicos habrían incurrido en irregularidades y actos de corrupción durante el sexenio de Vicente Fox.

Agrega que violaron las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Obra Pública y Servicios, por lo que determinó 19 inhabilitaciones, 12 sanciones económicas –entre las que destaca la de Dolores Creel Miranda, hermana de Santiago Creel, por ser la más alta–, 16 suspensiones y una destitución.

La SFP abrió 88 expedientes contra 78 funcionarios del Conaculta durante el sexenio pasado. Asimismo, inició procesos de recuperación por 3 millones 396 mil 391 pesos para resarcir el daño causado al erario.

Función Pública –dependencia encargada de “promover la cultura de la legalidad, el combate a la corrupción, el aprecio de la rendición de cuentas y la fiscalización de la gestión pública”– dio a conocer que 19 de los funcionarios sancionados quedaron inhabilitados; mientras que a 60 les fue notificado o aplicado algún tipo de sanción.

Lo anterior se desprende de la respuesta a la solicitud de información 0002700207807 que la SFP entregó a Contralínea por medio de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. En el expediente se revelan los nombres, cargos y sanciones que se dictaminaron a personal que laboró durante el sexenio foxista. Sin embargo, el documento no especifica el tipo de actos en que incurrieron los servidores públicos.

De los procedimientos que la SFP dictaminó, se desprende que 20 sanciones fueron cumplidas; seis, revocadas; a tres se les suspendió la ejecución; 24 fueron amonestaciones privadas; 27, amonestaciones públicas. En los primeros meses de este año, nueve inhabilitaciones permanecían vigentes; y al día de hoy, sólo cuatro. De los 78 servidores sancionados, a 11 se les abrió más de un expediente.

Los sancionados

La titular de la Coordinación de la Unidad de Proyectos Especiales, Dolores Creel Miranda –responsabilizada por daño patrimonial en perjuicio de las finanzas públicas del Conaculta–, tuvo la sanción económica más alta al registrar una multa de 1 millón 627 mil 18 pesos y una inhabilitación por 10 años, de febrero de 2007 a febrero de 2017. Pero no fue la única sancionada: otros funcionarios de menor rango y de otras unidades administrativas también incurrieron en irregularidades.

Entre estos casos destaca el de África Eunice Cantú Romo, funcionaria que acumuló tres expedientes (CNCA-QR-R-05/05, CNCA-QR-R-06/05 y CNCA-QR-R-06/06) mientras se desempeñó como encargada de la Delegación Administrativa de la Dirección y Coordinación de Asuntos Internacionales. Se le amonestó públicamente, se le dictaminó una sanción económica por 598 mil 903 pesos, se le inhabilitó por cinco años y no podrá desempeñarse como funcionario público sino hasta 2010.

Carlos Rivas Moncayo, quien fuera director de Recursos Financieros, inicialmente fue inhabilitado por un año y destituido. Tales sanciones fueron revocadas, pero se mantuvieron las económicas: dos que suman 211 mil 604 pesos.

De 2003 a 2005, Otto Roberto Minera Ábrego, exdirector del Centro Cultural Helénico, cumplió con la inhabilitación de dos años, además de una sanción económica por 59 mil pesos que, a la fecha, continúa pendiente.
Después de que en 2003 cumpliera una inhabilitación por mes y medio, Albino Negrete González, director administrativo de la Dirección General del Comité Organizador del Festival Internacional Cervantino, aún cumple con otra de dos años que vence hasta finales de 2008, además de una sanción económica por 190 mil 983 pesos, según consta el expediente CNCA-QR-R-04/06.

Sin embargo, a José Ángel Yescas Robles, subdirector de Recursos Humanos y Financieros de la misma dirección del festival, la SFP repuso procedimiento por una suspensión y por una sanción económica de 190 mil 963 pesos, después de la revisión al expediente CNCA-QR-R-03/03.

Ana Verónica García García, extrabajadora del Centro Cultural Helénico, quedó inhabilitada por dos años y se le sancionó con un monto económico de 103 mil 359 pesos. A dicha inhabilitación le fue sumada otra por tres años, según consta en los expedientes CNCA02/02 y CNCA02/03. La última sanción concluyó su vigencia en marzo de este año.

También de la Dirección General del Consejo, a Virginia Castro Solares se le dictaminó una inhabilitación por 10 años por irregularidades en su desempeño como oficial técnico de la Biblioteca México, según informa la SFP en el expediente CNCA-QR-D-010, al que se añadió una sanción económica por 123 mil pesos.

A Gloria López Morales y Sol Rosa Trina Miriam Jadith Rubín de la Borbolla, extitular y secretaria ejecutiva de la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo, respectivamente, les fue suspendida la ejecución de la inhabilitación por 10 años.

Y es que a la extitular se le exculpó después de comprobar que su despido “fue producto tanto del espionaje telefónico, como de una campaña de sabotaje a su trabajo y al interés nacional, configurando acciones que agreden los derechos fundamentales y lesionan la dignidad humana”, aseguró en su momento, en marzo de 2006, el titular de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Inti Muñoz.

Por tres años, aún vigente y hasta finales de 2009, es la sanción a la que se hizo acreedor Ramiro Guzmán Vázquez, quien se desempeñó como secretario auxiliar de Apoyo Logístico del Conaculta.

Pero hay para quienes las sanciones no se circunscribieron al ámbito administrativo. Santiago Pat Santos, servidor público del Conaculta, en 2006 cumplió con una inhabilitación por dos años; pero su caso pasó al orden penal, según el informe de la SFP.

Incluso un servidor público de una dependencia ajena a la política cultural fue sancionado por incurrir en irregularidades en el Conaculta: a quien fuera oficial federal de Pesca, Francisco Javier González Ruiz, se le impuso una amonestación pública y una sanción económica por 56 mil pesos, por incurrir en irregularidades dentro del consejo.

El tipo de sanción con mayor incidencia registrada en el Conaculta por actos de corrupción e irregularidades administrativas es la amonestación pública, con 27 casos. En segundo lugar se encuentra la privada, con 24.

Quienes quedaron sin posibilidad de laborar como funcionarios del Estado por más de un año fueron: José Luis Alonso Cruz, exjefe del Departamento de Corrección; Efraín Castro Morales, secretario de la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural; Jazmín Espiricueta Juárez, exoficial técnico de la Dirección General de Bibliotecas; José de Jesús Herrera Díaz, exjefe de departamento de Análisis de Costos; Pedro Enrique Segovia Reyes, excoordinador administrativo de la Dirección General de Culturas Populares; y David Rodríguez Barranco, exjefe del departamento de Prensa y Publicidad del Sistema Nacional de Fomento Musical.

En general, y aunque los montos y sanciones son menores, las áreas y órganos del Conaculta que se caracterizaron por contener mayor número de penas administrativas fueron la Dirección General y Presidencia; el Centro Cultural Helénico; la Dirección General de Publicaciones; la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, y la Dirección General del Comité Organizador del Festival Internacional Cervantino.

Contralínea solicitó entrevista con autoridades de la SFP. Sin embargo, la petición fue negada a través de Moisés Siriaco, responsable de la Dirección de Información de la dependencia, quien dijo: “Se aclaró el sentido de la petición con mis superiores, pero no hay agenda”.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de junio de 2008