El neoliberalismo ha sido capaz de crear un discurso propio para cada área social. En el caso educativo, sus planteamientos se concentran en una serie de aspectos repetidos en la región, en una especie de “Consenso de Washington en Educación”2. El conjunto de características comunes a las reformas propuestas por los neoliberales para la educación de América Latina se pueden resumir en el siguiente razonamiento: la crisis de calidad educativa se la identifica como crisis de “eficiencia, eficacia y productividad”, a ella se suma una “crisis gerencial” y juntas serían la muestra de que “el Estado es incapaz de brindar calidad educativa” porque “la masificación para universalizar la educación trajo también la caída de su calidad”. La solución está entonces en la “competencia”, para la que requieren de la descentralización y la privatización que lleve a la gente a “invertir en la educación de sus hijos”.

Este discurso se lo impulsó en las últimas décadas a partir de los proyectos de las Instituciones Financieras Internacionales y particularmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, las cuales reemplazaron en la orientación educativa (y social) a organismos internacionales especializados como la Unesco. Banqueros metidos a educadores.

Los análisis de los proyectos educativos, en el caso del Ecuador, así como de los propios documentos de evaluación del BID y el BM, permiten ver que los resultados no han logrado la eficiencia y mucho menos la calidad ofertada. De hecho, se puede señalar que:

“En pocas palabras, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo dieron nacimiento, dirigieron la ejecución y miraron pasivamente el fracaso de millonarias inversiones en educación, en complicidad con los círculos herodianos que no supieron orientar tan ingentes recursos hacia la construcción de una educación de calidad, especialmente para los grupos menos favorecidos.” 3

En la auditoría se analizaron tres créditos educativos y uno de ciencia y tecnología. Los créditos educativos corresponden a los Créditos: BID 834/SF-EC suscrito en 1990 para el proyecto PROMECEB; BID 1142/OC-EC suscrito en 1998 para el Programa “Redes Amigas”; y el crédito BM 3425/S-EC de 1992, dirigido al EB/Prodec.

En estos proyectos: “..cuyo norte final era generar estructuras educativas descentralizadas pedagógica, administrativa y financieramente, la política neoliberal es más clara. En efecto, separar al plantel central y a las instituciones educativas de una zona homogénea y-o geográfica del dominio del Estado, para trasladar su control a la comunidad y a los padres de familia, puede ser visto como clara estrategia tendiente a entregar la gestión y administración educativa a actores privados, más que al Estado.”4

Las intenciones de favorecer al sector privado se expresan además en la manera de contratar millonarias consultorías a organizaciones no gubernamentales para la capacitación docente, a imprentas particulares y constructores, dejando de lado instancias que poseía el Ministerio de Educación, al cual se debilitó de esta manera y con el proceso de compra de renuncias mal orientado que el mismo BM criticó.

El Programa de Ciencia y Tecnología que se financió con el crédito BID 874/OC-EC de 1996, es mucho más directo en la intención de facilitar recursos a la empresa privada para “innovación y modernización tecnológica”. El mismo crédito tiene como ente ejecutor a una fundación de derecho privado, FUNDACYT, la misma que se alimentó de los recursos estatales y a la que se le entregó la competencia de ejecutar la política de ciencia y tecnología del Estado.

Además de que los proyectos se impusieron al margen de la realidad del país, se caracterizan por una serie de imposiciones al país. Unas, de carácter económico, similares a otros créditos de la época, pero otras también en las que se desconoce la legislación nacional, se crea una institucionalidad al margen del sistema educativo existente, se imponen cambios legales, se cambian las condiciones laborales de los docentes al margen de la Ley y se impulsa una orientación ajena a los procesos de consulta y acuerdos nacionales. Todo esto refleja la ilegitimidad de la deuda externa, en este caso de la deuda multilateral entregada a educación.

La responsabilidad del BID y el BM en alguna medida es admitida en sus propios informes señalando la ineficiencia del crédito (PROMECEB), los reducidos avances (Redes Amigas) y hasta el haber terminado y cerrado el proyecto sin las obligatorias evaluaciones (EB/PRODEC). Las cifras del grado de aprendizaje de los alumnos de educación básica, hacia donde iban dirigidos estos créditos, ratifican que, al contrario de lo dicho en las calificaciones que estos bancos dan a los proyectos, de poco o nada sirvieron para los positivos propósitos que adornaron la firma de estos componentes de la deuda externa.

La Auditoría de los créditos mencionadosen este resumen se ha centrado en los indicios de ilegitimidad de préstamos para el área educativa y que tuvieron un fuerte impacto en las políticas educativas y en los cambios estructurales en el área educativa. Queda claro que no trajeron los beneficios ofrecidos y que, por el contrario, impulsaron una política educativa que afectó la vigencia del derecho a la educación y fragmentó al sistema educativo.

Las imposiciones en el área de la educación, la focalización como principio, transformar al derecho en un servicio pagado por los “clientes”, una descentralización que se acercó a la privatización, son parte de los resultados constantes en documentos oficiales de los propios proyectos y que confirman lo negativo de la aplicación del neoliberalismo en áreas sociales tan vitales para el desarrollo del país.

La perversa deuda externa y sus condicionantes además crearon un entorno de crisis y profundización de la pobreza, lo cual no puede dejar de ser examinado cuando se pretende analizar los resultados del aprendizaje en los y las estudiantes. Si a ello se suma que el hecho de que por décadas se priorizó el pago de la deuda antes que la inversión social, es indudable que aquí está una de las causas más importantes de la crisis del sistema educativo.

Salir del peso de la deuda significa salir también de la aplicación del neoliberalismo en educación, reexaminar las reformas administrativas y educativas impuestas desde esa óptica y desde los Bancos Multilaterales, buscar una educación que responda a nuestra realidad, a un Plan de Desarrollo del País y a los derechos en primer lugar de niños, niñas y adolescentes, junto a los derechos de docentes, padres y madres de familia.

Referencias

1. El texto es un breve resumen del Estudio del autor que, con el mismo nombre se encuentra en publicación como parte de los materiales de difusión de la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público –CAIC-. Cada proyecto mencionado ha sido analizado por separado y los informes de Auditoria son de acceso público en el Archivo Nacional.

2. ISCH L., Edgar (2001). Educación Democrática para enfrentar a la educación neliberal. Ibarra- Ecuador.

3. PALADINES, Carlos (2002). El impacto del neoliberalismo en la educación en el Ecuador. Archivo descargado de: www.mec.gov.ec en 2004. Pág. 9.

4. Íbid. Pág 11.

Édgar Isch L.