Mercado de bonos de carbono: la simulación

Iniciado en 2005, el mercado de bonos de carbono es incipiente en México, consideran especialistas. Actualmente, sólo 27 empresas venden las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera mediante proyectos ecológicos. En tanto que el país no está obligado a disminuir su contaminación, únicamente 45 empresas reportan sus emisiones de manera voluntaria.

Los ambientalistas observan que la compra y venta de bonos de carbono, que atenuaría el cambio climático, es un método “sólo de compensación”. Incluso, señalan que no hay mecanismos que regulen o vigilen que lo ganado por la venta de captura de contaminantes sea reinvertido en proyectos ecológicos y no signifique sólo un negocio.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) define a los bonos de carbono como los certificados de compra y venta de la reducción o captura de gases de efecto invernadero. En 2005, países desarrollados firmaron el Protocolo de Kioto y fueron incluidos en el Anexo 1, es decir, se comprometieron a reducir entre 2008 y 2012 su contaminación atmosférica en 5.2 por ciento, respecto a la emisión de gases en 1990. México lo firmó, no obstante lo hizo como país no alineado.

El Protocolo creó el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), único en el que participan países en desarrollo no inscritos en el Anexo 1. Su función, respecto de los países excluidos –apunta el artículo 12 del Protocolo de Kioto– es apoyar el desarrollo sostenible a través de proyectos y contribuir a los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En tanto, para los países incluidos en el Anexo 1, contribuirá a cumplir su compromiso de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.

Mientras los países en desarrollo ejecutan proyectos que mitigan su contaminación atmosférica y ponen en el mercado sus Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) o bonos de carbono, los países desarrollados las adquieren para cumplir con lo convenido en el Protocolo de Kioto. Aunque están obligados a generar más proyectos ecológicos en casa, la Unión Europea y Japón encabezan la lista de países compradores. En tanto, India y China son los mayores vendedores en el mercado del carbono.

A su vez, la Convención marco sobre cambio climático, firmada por México en 1992, apunta como objetivo lograr “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias peligrosas en el sistema climático”.

La Estrategia nacional de cambio climático México, publicada por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de la Semarnat en abril de 2007, señala que el país se encuentra en la quinta posición en reducción de emisiones, con 5 millones 900 mil de toneladas evitadas, y en la sexta en la cantidad de RCE, con 1 millón 400 mil.

Expone que, puesto que los países no podrán disminuir por sí solos más de 2 mil 500 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) –el Protocolo de Kioto establece que la reducción entre 2006 y 2012 deberá alcanzar los 5 mil millones–, las expectativas del mercado “son altas”, pues se prevé una demanda potencial de al menos 400 millones de toneladas reducidas por año de aquí a 2012.

En el documento Mercado de bonos de carbono y sus beneficios potenciales para proyectos en México, realizado en junio de 2005, la Secretaría de Energía identifica –con base en estimaciones del Instituto Nacional de Ecología– que el país tiene un potencial de reducción y captura de emisiones cercana a los 81 millones de toneladas de CO2, entre 2008 y 2012.

“En el mercado del MDL, ello podría traducirse en ingresos por más de 480 millones de euros anuales”. Añade que, de acuerdo con la firma noruega DNV, tan sólo la Comisión Federal de Electricidad puede tener un mercado de reducción de CO2 de 100 mil millones de dólares al año. Apunta que dichos ingresos promoverán el desarrollo de proyectos en los sectores energético, industrial, agrícola y forestal.

Compra-venta mundial

En 2003, la compra y venta mundial de bonos de carbono sumó 78 millones de toneladas de CO2; para 2005, aumentó a 799 millones de toneladas, con un valor de 9 mil 401 millones de euros, y en 2006 se comercializaron 1 mil 600 millones de toneladas por 22 mil 500 millones de euros. Durante ese año, los países europeos dominaron el mercado de carbono con 86 por ciento del total de compras.

Según el Fondo Mexicano del Carbono (Fomecar) –constituido por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)– cada tonelada de CO2, o bono de carbono, tiene un valor de 15 dólares.

Pese al crecimiento del mercado, en su reporte Presupuesto de Carbono 2007, presentado en septiembre de 2008, la organización Proyecto Global de Carbono apunta que los niveles de CO2 en 2007 crecieron 2.2 partes por 1 millón, por arriba del promedio registrado entre 2000 y 2007, de 2 partes por 1 millón. Por ello, en 2007 se contaron 383 partes por 1 millón de CO2, 37 por ciento más que en el inicio de la Revolución Industrial en 1750. “Esta concentración, advierte Proyecto Global, es la más alta registrada en los últimos 650 mil años”.

La organización explica que desde el año 2000 las emisiones de CO2 han aumentado cuatro veces más rápido que todo lo observado en la década de 1990, “aun con los esfuerzos por reducir las emisiones en los países que firmaron el Protocolo de Kioto”. Anota que las emisiones por combustibles fósiles y el uso de suelo alcanzaron los 10 billones de toneladas de carbón en 2007. “Todos estos cambios están acelerando los efectos del cambio climático que podrían llegar antes de lo esperado”. Para 2050 se prevé que la temperatura de la tierra habrá aumentado dos grados.

José Armando Alanís de la Rosa, subgerente de Mecanismos de Financiamiento y Demanda del Bosque, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), señala que este esquema de compensación busca mantener en un mismo nivel el grado de daño a la atmósfera: “El nivel de emisiones continúa alto y la reducción es baja. Es como comprar tiempo y después pensar en acciones que tengan un efecto en la reducción, es decir que eviten las emisiones”.

No obstante, considera que los bonos de carbono sí aminoran el cambio climático, pues permiten equilibrar emisión y disminución. Asegura que –aun cuando es un modo de compensación y hay quien considera que se deben tomar medidas más agresivas, pues sólo se posterga el problema– la compra y venta de bonos de carbono ha permitido el desarrollo de tecnologías limpias y que más proyectos ecológicos se realicen.

Los proyectos

El reporte México en el régimen internacional de cambio climático, publicado por la Semarnat en septiembre de 2007, anota que éste es el país no desarrollado que más reporta sus niveles de contaminación atmosférica, publicando Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Según el documento, en 2002, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reportó 643 millones 200 mil toneladas de CO2.

Durante 2000, México ocupó el lugar 13 en el nivel mundial con el 1.5 por ciento del total de emisiones, por arriba de Italia, Australia, Irán, Francia, Sudáfrica, Venezuela y España. De 1990 a 2002, las emisiones aumentaron 33.8 por ciento en el país. María José Cárdenas, coordinadora de la Campaña de Clima y Energía de Greenpeace, apunta que, aunque signó el Protocolo de Kioto, México no está obligado a reducir sus emisiones. Además, no cuenta con “una ley o programa que así lo obligue”.

La especialista considera que las medidas para reducir los niveles de contaminación en el aire no han logrado su propósito. En México, el sector que más emite gases de efecto invernadero es el energético, seguido por el de transporte. Además, factores como el cambio de uso de suelo y la deforestación imposibilitan un descenso del fenómeno.

Desde 2004, la Semarnat y la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable establecieron el Programa Voluntario de Contabilidad y Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que hasta 2007 fue suscrito por 45 empresas mexicanas, incluida Petróleos Mexicanos. Las compañías se comprometieron a contabilizar y reportar anualmente sus emisiones. Para 2005, éstas registraron emisiones por 89 mil toneladas de CO2, es decir, el 0.01 por ciento de lo observado en 2002. El documento anuncia que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pronto participaría del programa.

Hasta febrero de 2008 –según el portal de la Semarnat–, México tenía 189 proyectos de MDL aprobados o en espera de aprobación, con reducciones de CO2 por 11 mil 592 toneladas anuales: 88, en manejo de residuos en granjas porcícolas; 55, en manejo de residuos en establos de ganado vacuno; 14, en manejo de metano en rellenos sanitarios; 11, en cogeneración y eficiencia energética; ocho, en energía eólica; cinco, en hidroeléctricas; tres, en manejo de aguas residuales; dos, en emisiones fugitivas; uno, en incineración de trifluorometano (HFC-23); uno, en mitigación de dióxido de nitrógeno en la industria química, y uno, en transporte.

Las empresas extranjeras y filiales mexicanas beneficiadas con el mercado de bonos de carbono son: AG Cert International, de Irlanda; EcoSecurities, Biogas Technology y Sindicatum Carbon Capital International, de Inglaterra; Cargill International, Environmental Energy y CantorCO2e, de Estados Unidos; las españolas Gamesa Energía, Iberdrola Generación y el Fondo Español de Carbono, del Banco Interamericano de Desarrollo; Prototype Carbon Fund, del Banco Mundial; DENSO Corporation, de Japón, y South Pole Carbon Asset Management, de Suiza.

En tanto, sólo 27 empresas mexicanas ejecutan esta clase de proyectos para mitigar los efectos de la contaminación atmosférica: Granjas Aceves México, Grupo Porcícola Mexicano, Ampuero, Tecnología en Servicios Ambientales, Energía Láctea, Estudios y Técnicas Especializadas en Ingeniería, ENVIR EAU de México, Técnicas Avanzadas Medioambientales, Conservas La Costeña, Jugomex, Econergy México, Cemex, Cableados Industriales, Eurus, CFE, Parques Ecológicos de México, Eoliatec, Impulsora Nacional de Electricidad, Hidroelectricidad del Pacífico, Proveedora de Electricidad de Occidente, Administración y Servicios de Generación Eléctrica, Mexicana de Hidroelectricidad Casa Armando Guillermo Prieto, Minerales Monclova, Quimobásicos, Soluciones Químicas para el Campo y la Industria, y la línea de transporte Metrobús, del Distrito Federal.

No obstante, Cárdenas advierte que los proyectos del MDL deberían garantizar el desarrollo sustentable del país donde se realizan, pues se han convertido en “un negocio”. Observa que el mercado sería más efectivo si se orientaran mayores recursos al uso de tecnología para el aprovechamiento de energías renovables, pues el principal obstáculo es la restricción financiera.

La Conafor promueve la venta de bonos de carbono en proyectos forestales; sin embargo, Alanís de la Rosa advierte que, en el ámbito mundial, el MDL sólo tiene un proyecto de este tipo registrado: “Los costos son altos, pues son a largo plazo y generan muchos gastos, pero significa la preservación de los bosques y de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas y el pago a comuneros que, por sus acciones de conservación, son retribuidos”. El funcionario refiere que en México alrededor de 12 millones de personas viven en las áreas forestales; 5 millones de ellas son indígenas.

La activista de Greenpeace, María José Cárdenas, dice que el proceso para aceptar un proyecto es complicado, debido a la falta de información para que cualquiera pueda ingresar al mercado del carbono. Apunta que deben existir mecanismos de control para que los recursos sean invertidos en la preservación del medio ambiente: “Es difícil garantizar que los proyectos contribuyan al desarrollo sustentable”.

Sin embargo, indica que el MDL establece que, antes de aprobar un proyecto, es necesaria una consulta pública, además de exámenes sobre impacto ambiental. La ambientalista agrega que también es necesario incluir a los participantes sociales que pueden ser afectados por el proyecto, aunque “no hay manera de garantizar que sean beneficiados”.

Al respecto, Alanís de la Rosa expone que sucede como con un ingreso, pues es un bien dentro del esquema de negocios y se tiene la libertad de reinvertir como se quiera: “Teóricamente podrían reinvertir en otros proyectos ecológicos, pero también pueden ser ganancias del proyecto. El bono de carbono es un bien más que se comercializa. Sería importante que se invirtiera en acciones ecológicas, pues también significaría más ganancias”.

En 2006, Bancomext constituyó –en colaboración con la Semarnat y con el apoyo técnico del Banco Mundial– el Fomecar. Esto, con el objetivo de promover instrumentos de financiamiento, conforme al MDL, generando reducciones certificadas o bonos de carbono para que las empresas abatan costos financieros y generen ingresos adicionales anuales (300 y 400 millones de dólares).