Los tradicionales políticos no entienden que “no se puede separar a la ciudadanía de la política ni de los partidos políticos, porque ellos son la expresión de la ciudadanía”.
Luego que terminara el periodo para presentar oficialmente las impugnaciones a los a aspirantes a ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cpccs, que obtuvieron mejor puntuación; el jueves 4 de marzo, en el Consejo Nacional Electoral CNE, se realizó la audiencia para que impugnantes como impugnados presenten pruebas en contra o de descargo, para finalmente conocer a los miembros del nuevo organismo de control.
A la audiencia llegó el ex postulante a la Cpccs, Cristian Cruz, ex militante de Sociedad Patriótica, que fue descalificado por descubrirse que presentó certificados falsos, supuestamente emitidos por la OCLAE, así como también un certificado del CONADIS con un supuesto 81% de discapacidad auditiva y visual, sin previa calificación de los galenos. Pero también está la contradicción en su edad: según los informes médicos de la fundación Vista para Todos, él tiene 33 años, mientras que el afirmó que tenía menos. Estas mentiras fueron suficientes para su descalificación, a pesar de la defensa pública y oficial que hiciera el asambleísta naranja Andrés Paéz.
Este hecho de tratar de incidir mediante “recomendaciones” escritas ante el CNE se califica como un delito, y a pesar de su pleno conocimiento, los medios de comunicación se callaron y, haciéndole el juego, difamaron a organizaciones sociales con trayectoria y al honor de un candidato.
La oposición a esta elección, medios y varios asambleístas encabezados por Andrés Páez, han criticado duramente al proceso desde que se dieron a conocer los nombres de los ganadores, sin embargo, no reparan en que la Constitución, así como la Ley, a la que nadie se opuso, mencionan claramente que los miembros del Cpccs serán representantes de la ciudadanía, o sea, quienes estén vinculados a los sectores sociales, y de acuerdo al reglamento, luego de un justo y democrático “concurso de méritos y oposición”, calificado así por distintos sectores, fueron esas personas las que ingresaron. Entonces fue claro que se aplicó el Art. 11 de la Constitución.
Lo que se demuestra es que partidos como el del señor Páez, están a punto de extinguirse precisamente porque no tienen vinculación a los sectores populares, y siempre han sido nada más que empresas electoreras. Por ello no aceptan la legitimidad de gente que ha estado vinculada a organizaciones como la FEUE, la FESE o el Frente Popular.
Al respecto, Luis Villacís Maldonado, director Nacional del MPD, aclaró que “como partido político no hemos tenido ninguna participación en este proceso de elección del Consejo de Participación Ciudadana. El MPD no ha patrocinado ni intervenido en la elección de David Rosero. De allí que rechazamos frontalmente las afirmaciones del asambleísta, quien sí trató de que otro aspirante al Consejo de Participación, Christian Cruz, ingrese, algo que es calificado como un delito el tráfico de influencias”.
Según el presidente del CNE, Omar Simon, “en el proceso de selección para integrantes del Cpccs se calificó la pertenencia a una organización social, control social y no se calificó la militancia o ex candidatos de los partidos políticos”.
Para Páez no es clara la elección del Cpccs porqué se calificó la vinculación real con la sociedad, ya que él como digno representante de la oligarquía rancia del país, dueño de dos títulos y una maestría de la Universidad Católica, es catedrático de la misma, además expositor de varios seminarios elitistas, fue delegado a otros países por la ID y representante ecuatoriano en eventos internacionales por el Congreso anterior, son experiencias que no están vinculados con el sector popular, al igual que sus protegidos y allegados, por lo tanto no calificarían.
Algo que se debe rescatar es la participación importante de los distintos sectores de la ciudadanía en la conformación del Cpccs; sea o no partidario, se cuenta entre los nuevos consejeros a un ecuatoriano indígena, mujeres, según comentan también partidarios de Alianza País y dos que fueron representantes estudiantiles de la FEUE. Y haciendo eco de varios comentarios, se espera que la actuación de estos miembros esté estrechamente ligada a la Constitución y al bienestar de la sociedad, exigir que este organismo fiscalice la rendición de cuentas de los alcaldes y prefectos del país, así como de las demás autoridades públicas y den una solución y una sanción justa a los miles de casos que corrupción que quedaron en la impunidad por la falta de competencia de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, como parte del Quinto Poder.
La ciudadanía también debe estar clara que políticos como Andrés Páez, y representantes de los gobiernos que hicieron tanto daño a los sectores populares, aparecen a la palestra y critican con argumentos sin valor moral, peor legal, el proceso y a los ganadores o a parte de ellos, que son líderes natos; satanizan a la política y son parte de ella, que estigmatizan a los líderes sociales porque nunca fueron parte del proletariado ni elegidos como tal, y callan que “no se puede separar a la ciudadanía de la política ni de los partidos políticos porque ellos son la expresión de la ciudadanía”. Además ¿qué culpa tiene la ciudadanía que la ID no tenga organizaciones sociales?
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