Confiscación de los bienes de los manifestantes contra la guerra

Manifestantes contra la guerra de Irak, guerra desatada por la administración Bush y continuada actualmente por el gobierno de Obama, son arrestados en Washington en marzo de 2008.
Foto de JL Magana.
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El presidente Bush firmó dos órdenes ejecutivas [durante su mandato] que le permitieron al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confiscar los bienes de cualquier persona que se perciba -directa o indirectamente- como una amenaza para las operaciones [y agresiones militares] de EEUU en el Oriente Medio.

La primera de estas órdenes ejecutivas, titulada «Bloqueo de las propiedades de ciertas personas que amenazan los esfuerzos de estabilización en Irak» [1], firmada por Bush el 17 de julio de 2007, autoriza al Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Estado y el Secretario de Defensa, a confiscar los activos [bienes] de los ciudadanos [estadounidenses] y organizaciones estadounidenses que «directa o indirectamente» representen un riesgo a las operaciones [militares] de EEUU en Irak.

Las órdenes de Bush:

«He emitido una orden ejecutiva que bloquea las propiedades de personas que se determine que hayan cometido, o representen un riesgo significativo de cometer, un acto o actos de violencia que tengan el propósito o el efecto de amenazar la paz o la estabilidad de Irak o el gobierno de Irak, o de socavar los esfuerzos por promover la reconstrucción económica y la reforma política en Irak... que hayan ayudado considerablemente, o proporcionado apoyo financiero, material, logístico o técnico para -o bienes y servicios en apoyo de- tal(es) acto(s) de violencia, o cualquier persona cuyas propiedades e intereses en las propiedades sean bloqueados de conformidad con esta orden...»

La sección cinco de esta orden anuncia que «... debido a la capacidad para transferir fondos u otros activos instantáneamente, el aviso previo a tales personas sobre las medidas a tomar con ellas con arreglo a esta orden haría estas inútiles estas medidas. Por lo tanto determino... que no se necesita aviso previo sobre la programación o la determinación [del bloqueo de bienes]...»

El 1 de agosto Bush publicó otra orden ejecutiva similar, titulada «Bloqueo la propiedad de las personas que socavan la soberanía del Líbano o sus procesos e instituciones democráticas» [2]. Aunque el texto de esta orden es en su mayor parte idéntico al de la primera, la orden con respecto a El Líbano es más severa.

Aunque las dos órdenes pasan por encima del derecho constitucional al debido proceso que establece la ley, al otorgarle a la Secretaría de Hacienda la autoridad de confiscar las propiedades de esas personas que representen un riesgo de violencia, o de algún modo vago ayuden a la oposición a la agenda de EEUU, la orden del 1 de agosto está dirigida a cualquier persona que se determine que haya realizado o represente un riesgo significativo de realizar acciones -violentas o no violentas- que socaven las operaciones en el Líbano.

La ley también autoriza a congelar los activos «de un cónyuge o hijo dependiente de él» de cualquier persona cuyas propiedades se hallen congeladas. La orden ejecutiva sobre El Líbano también prohíbe el suministro de alimentos, abrigo, medicinas o cualquier ayuda humanitaria a aquellas personas cuyos activos hayan sido confiscados, incluyendo a los «hijos dependientes» antes mencionados.

Escrita de una manera vaga y peligrosamente abierta a cualquier interpretación, esta orden inconstitucional permite la selección arbitrariamente de cualquier estadounidense para despojarlo de todas sus pertenencias y exige ostracismo a la sociedad. Bruce Fein, abogado constitucionalista y ex funcionario del Departamento de Justicia en la administración Reagan, dijo de la orden: «Es tan general que te deja estupefacto. Nunca he visto nada tan amplio. Va más allá del terrorismo, de la búsqueda del uso de la violencia o de la amenaza de violencia para encoger de miedo o intimidar a una población».

En un editorial para el Washington Times, Fein dijo: «La persona sometida a una congelación de sus activos se ve reducida a la condición de leproso. Las sentencias de muerte financiera son impuestas por la Secretaría sin previo aviso u oportunidad de responder, el núcleo del debido proceso. Golpean como un relámpago. Cualquier persona cuyos activos sean congelados enfrenta inmediatamente una cuarentena absoluta.

La víctima no puede recibir ni sus benefactores proporcionar fondos, mercancías o servicios de ningún tipo. Un abogado no puede ofrecer sus servicios sin desafiar la orden de bloqueo de la Secretaría. Un médico tampoco puede prestar los suyos ante un paro cardíaco». Fein, agrega: «Al Departamento de Justicia habitualmente se le encomiendan las investigaciones de las órdenes ejecutivas para que haya coherencia con la Constitución. ¿Estará durmiendo el Fiscal General?» ( [3]).

Actualización de Matt Rothschild

Ésta es una noticia que virtualmente no fue a parar a ninguno de los principales medios de comunicación, que yo sepa. Cuando viajé por el país para dar conferencias el verano pasado y traje a colación el tema de esta orden ejecutiva, la gente no podía creerlo y se preguntaba por qué no había oído hablar de ella. Todavía me pregunto lo mismo.

A continuación, dos buenos lugares para ver temas relacionados con esta noticia:
– The American Civil Liberties Union
– The Center for Constitutional Rights