Buenas tardes amigas y amigos:

Si en nuestro país, Ecuador, las cosas se hicieran correctamente, de acuerdo con los cánones de la lógica y de la decencia, los autores del desaguisado que se pretende culminar hoy en Tababela bajo el disfraz de nuevo aeropuerto, hace muchos años, por lo menos siete, que hubieran terminado la única obra que con sensatez era posible: ampliar el actual aeropuerto Mariscal Sucre en sus dos cabeceras y construir una nueva terminal. Exagerando, no se habrían invertido más de 150 millones de dólares, a lo mucho 200, y estuviera en funcionamiento un aeropuerto de lujo y con todas las seguridades que las tecnologías contemporáneas pueden aportar. Pero no, la corruptela política que viene azotando a nuestra patria desde siempre, tenía que buscarle la quinta pata al gato para repletar sus bolsillos de dinero mal habido. Para eso se fueron a buscar a mafiosos internacionales que disfrazados, dizque de expertos en construcciones aeroportuarias, asunto que es absolutamente falso, pudieran servir de cómplices en el asalto a nuestros dineros públicos. Más de 10 años han pasado y ni de lejos puede observarse la culminación de tan desdichada obra, que pretende ser pasada ante los ojos indiferentes del pueblo ecuatoriano en una suma superior a los 700 millones de dólares, sobreprecio grotesco que tiene como propósito untar las manos sucias de cuanto delincuente político disfrazado de autoridad surge en el camino. La obra está botada y pese a que la empresa QUIPORT sigue cobrando en su favor los ingresos del actual aeropuerto Mariscal Sucre, se tragan esa plata y no invierten en nada. El Tribunal Constitucional hace más de un año que ordenó que esos ingresos que suman aproximadamente 50 millones de dólares al año, son públicos y debían estar en manos del municipio. Es más, el alcalde Barrera, en pomposa declaración, dijo que había abierto una cuenta para que los señores de la QUIPORT depositaran allí el dinero, lo que hasta ahora no se ha hecho y pone de manifiesto de cuerpo entero el desprecio que esa empresa tiene por nuestro alcalde. ¡Qué negocios manejarán entre manos para que los de la QUIPORT traten de semejante manera a quien se supone es la primera autoridad de la ciudad! Esta mañana, en las oficinas de la Contraloría, se efectuó la lectura del informe de esta institución sobre el denominado “nuevo contrato”; en uso de mi derecho ciudadano establecido en la Constitución y las leyes, me hice presente para enterarme de su contenido, pero, abusivamente, fui impedido de ingresar. Lo único que prueba esta actitud es el miedo pavoroso que con mi sola presencia se apodera del señor Barrera, alcalde de Quiport, quien, al igual que Moncayo y Vallejo, no dan la cara, porque conocen perfectamente que todos los contratos que han firmado están repletos de ilegalidades y configuran claramente el delito que se denomina peculado.

Toda la corrupta derecha política del país, que ha penetrado también al gobierno actual, se encuentra tras este turbio negociado y han puesto de manifiesto su dominio absoluto sobre todas las estructuras del estado para ponerlas incondicionalmente a sus órdenes. En estos diez años todas las autoridades y los medios de información colectiva han rendido pleitesía a los dueños del billete. Nada ha funcionado. Ni las tales Comisiones de Control Cívico contra la Corrupción, ni contralores, ni fiscales, ni procuradores, ni presidentes de la república, ni autoridades de aeronáutica, ni jueces, ni nadie, puede enfrentarse al omnímodo poder de la corrupción. La prensa libre y democrática se ha desvestido de cuerpo entero, demostrando que su concupiscente silencio siempre tiene un precio. Exigimos de la Contraloría General de la Nación que haga público en forma inmediata el contenido de su informe, el cual, no puede ser otro, que el de declarar la inconveniencia absoluta de este nuevo contrato, que aunque parezca imposible, es aún más corrupto y perjudicial a los intereses de Quito y la Nación que el anterior.

Hasta mañana.

Enrique Gallegos Arends