Las sanciones económicas contra Cuba bajo la administración Obama

La llegada al poder del presidente Obama en Estados Unidos en 2008 marcó una ruptura de estilo respecto a la anterior administración Bush hacia Cuba. No obstante, salvo el levantamiento de algunas restricciones relativas a los viajes, las sanciones económicas siguen aplicándose, incluso de modo extraterritorial. He aquí algunos ejemplos recientes.

Durante su campaña electoral en 2007, el entonces candidato Barack Obama hizo una lúcida constatación sobre el carácter obsoleto de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Una vez elegido, declaró su voluntad de buscar “un nuevo comienzo con Cuba”. “Creo que podemos llevar la relación entre EE.UU. y Cuba en una nueva dirección y lanzar un nuevo capítulo de acercamiento que continuará durante mi mandato”, subrayó [1].

Obama había denunciado la política de su predecesor hacia Cuba, el cual había limitado fuertemente los viajes de la comunidad cubana de Estados Unidos. “Se trata a la vez de una cuestión estratégica y humanitaria. Esta decisión […] ha tenido un impacto profundamente negativo sobre el bienestar del pueblo cubano. Otorgaré a los cubanoamericanos derechos ilimitados para visitar a sus familiares y mandar dinero a la Isla”, se comprometió [2].

Obama cumplió su palabra. En abril de 2009 anunció el levantamiento de algunas restricciones que afectan a los cubanos que viven en Estados Unidos y que tienen familiares en la isla, que entró en vigor el 3 de septiembre de 2009. Desde entonces pueden viajar a su país de origen sin ningún obstáculo (en vez de catorce días cada tres años) y mandar remesas ilimitadas a sus familias (en vez de cien dólares al mes) [3].

Aplicación extraterritorial de las sanciones económicas contra Cuba

No obstante, Washington no ha vacilado en aplicar las sanciones económicas, incluso de modo extraterritorial, violando así gravemente el derecho internacional. En efecto, éste estipula que las legislaciones nacionales no pueden ser extraterritoriales, es decir aplicarse fuera del territorio nacional. Así, la ley brasileña no puede aplicarse en Argentina. Del mismo modo, la legislación venezolana no puede aplicarse en Colombia. Ahora bien, la ley estadounidense de las sanciones económicas contra Cuba se aplica en todos los países del mundo.

En efecto, en junio de 2012, el banco neerlandés ING recibió la más importante sanción jamás dictada desde el inicio del estado de sitio económico contra Cuba en 1960. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la institución financiera con una multa de 619 millones de dólares por realizar, entre otras, transacciones en dólares con Cuba, a través del sistema financiero estadounidense, entre 2002 y 2007 [4].

El Departamento del Tesoro también obligó al banco neerlandés a romper sus relaciones comerciales con Cuba y anunció que “ING aseguró a la Oficina de Control de Activos Extranjeros que había puesto fin a las prácticas que llevaron al acuerdo de hoy”. Así, Washington prohibió a un banco europeo toda transacción comercial con Cuba [5].

El gobierno cubano denunció esta nueva aplicación extraterritorial de las sanciones económicas, las cuales, además de impedir todo comercio con Estados Unidos (excepto las materias primas alimenticias), constituyen el principal obstáculo al desarrollo de las relaciones comerciales de Cuba con el resto del mundo. “El Gobierno de Estados Unidos sancionó unilateralmente al banco ING por tramitar, en conjunto con sus subsidiarias en Francia, Bélgica, Holanda y Curazao, transacciones financieras y comerciales de entidades cubanas, prohibidas por la criminal política de bloqueo contra Cuba”, subraya el comunicado oficial [6].

Adam Szunin, Director de la OFAC, aprovechó la ocasión para advertir a las empresas extranjeras que tienen relaciones comerciales con Cuba. Esta multa “debería servir como una clara advertencia a cualquiera que considere aprovecharse de evadir las sanciones de los Estados Unidos”, declaró, reafirmando así que Washington seguiría aplicando sus medidas extraterritoriales [7].

Otras empresas extranjeras también fueron sancionadas por sus relaciones comerciales con Cuba. Así, la multinacional sueca Ericsson, especializada en el campo de las telecomunicaciones, tuvo que pagar una multa de 1,75 millones de dólares por reparar, mediante su filial basada en Panamá, equipos cubanos de un valor de 320.000 dólares, en Estados Unidos. Tres empleados, implicados en el caso, también fueron despedidos [8].

El 10 de julio de 2012, el Departamento del Tesoro infligió una multa de 1,35 millones de dólares a la empresa estadounidense Great Western Malting Co. por vender cebada a Cuba, mediante una de sus filiales extranjeras entre agosto de 2006 y marzo de 2009. No obstante, el derecho internacional humanitario prohíbe todo tipo de embargo sobre las materias primas alimenticias y los medicamentos, incluso en tiempos de guerra. Ahora bien, oficialmente, Cuba y Estados Unidos jamás han estado en conflicto [9].

En Francia, Mano Giardini y Valérie Adilly, dos directores de la agencia de viajes estadounidense Carlson Wagonlit Travel (CWT), fueron despedidos por vender paquetes turísticos con destino a Cuba. La empresa corre el riesgo de recibir una multa de 38.000 dólares por estancia vendida, lo que suscitó la ira de algunos asalariados que difícilmente comprenden la situación. “¿Por qué Carlson no retiró del sistema de reservas los productos Cuba ya que no teníamos derecho a vender?”, preguntó un empleado [10].

Del mismo modo, es posible que CWT no sea autorizada a responder a los concursos de los viajes de la administración estadounidense, los cuales representan una parte sustancial de su volumen de negocios. La dirección de CWT se expresó al respecto: “En estas condiciones, tenemos que aplicar la regla estadounidense que prohíbe mandar a viajeros a Cuba, incluso para las filiales”. Así, una filial estadounidense basada en Francia está obligada a aplicar la ley estadounidense sobre las sanciones económicas contra Cuba, pisoteando la legislación francesa en vigor [11].

Google censurado y un presupuesto de 20 millones de dólares para la “democracia digital”

Más insólito, las sanciones económicas prohíben que los cubanos utilicen algunas funciones del motor de búsqueda Google, tales como Google Analytics (que permite calcular el número de visitas en un sitio web, así como su origen), Google Earth, Google Destktop Search, Google Toolbar, Google Code Search, Google AdSense o Google AdWords, privando así a Cuba de acceso a estas nuevas tecnologías y a numerosos productos descargables. La empresa estadounidense proporcionó una explicación mediante su representante Christine Chen: “Lo teníamos escrito en nuestros términos y condiciones. No se puede usar Google Analytics en los países sometidos a embargos” [12].

Al mismo tiempo, mientras que Washington impone a Google restringir el uso de sus servicios digitales en Cuba y prohíbe que La Habana se conecte a su cable de fibra óptica para Internet, el Departamento de Estado anunció que iba a dedicar, mediante la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la suma de 20 millones de dólares a “activistas de los derechos humanos, periodistas independientes y bibliotecas independientes en la isla”, con el fin de difundir, entre otras cosas, la “democracia digital” [13].

La administración Obama, lejos de adoptar “un nuevo comienzo con Cuba”, sigue imponiendo sanciones económicas que afectan a todas las categorías de la población cubana empezando por las más vulnerables o sea las mujeres, los niños y los ancianos. No vacila en sancionar a empresas extranjeras violando el derecho internacional al aplicar medidas extraterritoriales. También se niega a oír el reclamo unánime de la comunidad internacional que condenó en 2011, por vigésimo año consecutivo, la imposición de un estado de sitio anacrónico, cruel e ineficaz, que constituye el principal obstáculo al desarrollo de la nación.