Las comunidades indígenas de siete entidades de México sufren los azotes de la enfermedad, la falta de educación y el hambre. Las condiciones de vida de estas comunidades indígenas mantienen una amplia brecha respecto de la población no indígena. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 77.7 por ciento de la población de los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) habla una lengua indígena. Es decir, los habitantes de las poblaciones más pobres de México pertenecen mayoritariamente a los pueblos indios. Esto representa 1 millón 553 mil 433 personas, de acuerdo con datos del Inegi.

Durante 2009 y 2010 el gobierno mexicano redujo hasta en un 50.7 por ciento las inversiones para beneficiar el desarrollo humano de las comunidades indígenas, comparado con la inversión de 5 mil 497 millones de pesos que realizó en este mismo sector durante 2008. Jesús Mena Vázquez, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, revela en su documento de trabajo Condiciones sociales de la población indígena e inversión federal en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, que la inversión en desarrollo humano (educación, salud y previsión social, entre otros) es la que ha mostrado mayor reducción. En cuanto a inversión en infraestructura e inversión productiva no se ha presentado un rezago tan significativo.

Las dependencias responsables de asignar y vigilar que los recursos destinados al sector de desarrollo humano sean suficientes son: el Instituto Mexicano del Seguro Social; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las responsables de inversión en infraestructura son: la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Energía. En el sector de inversión productiva las instancias responsables de la asignación de recursos son: el Fideicomiso Instituido con Relación a la Agricultura; Nacional Financiera; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Energía,; la Secretaría de la Reforma Agraria, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A decir de Jesús Mena Vázquez, cada una de estas dependencias debiera articular sus programas y amalgamarlos con los tres niveles de gobierno. Es decir, se requiere voluntad política de los gobiernos locales, estatales y federales para conseguir que los programas destinados a coadyuvar a las comunidades indígenas logren ser efectivos. La doctora Mirna Aragón, directora general de Planeación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) agrega que se necesita “armonización legislativa” para solventar los problemas que viven las comunidades indígenas de México.

Educación y campo, sectores debilitados

Entre 2000 y 2010 se redujo tan sólo 9 por ciento, aproximadamente, el rezago educativo en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano. Mirna Aragón, de la Cdi, destaca a la educación como el tema más importante que habría que atender, específicamente la calidad de los profesores. Abel Barrera Hernández, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincide en que hoy es incluso oneroso acceder a la educación pública. Los padres de familia tienen que sostener los centros educativos mediante cuotas y no hay profesores suficientes ni de calidad.

En entrevista con Contralínea, el antropólogo señala que otro sector en abandono es el campo. Se requiere mayor apoyo a la producción de maíz y frijol, pues actualmente muchos se han visto obligados a dejar este tipo de siembra por una ilícita, la de la amapola: “No es redituable ya sembrar maíz en la Montaña”. Estas actividades lo llevan a sentenciar que el saldo de la actual administración panista que está por concluir arroja “nulas expectativas a las nuevas generaciones”.

La inversión en salud ha mostrado algunas mejorías. El documento Condiciones sociales de la población indígena e inversión federal en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, de Jesús Mena Vázquez, señala que formalmente “el Estado mexicano provee cobertura casi universal tanto en educación básica (seis a 14 años) como en salud para los indígenas de estos municipios”. Sin embargo, no se puede asegurar una cobertura total para los ciudadanos mexicanos, indígenas o no indígenas.

De acuerdo con datos del censo 2010 del Inegi, hubo una disminución del porcentaje de personas que no se atienden medicamente. Por ejemplo, en Chiapas durante el año 2000 no se atendía el 22.10 por ciento de la población. Para 2010 sólo fue el 10.45 porciento. En Veracruz, del 5.03 por ciento en 2000 se redujo a 1.81 por ciento para 2010.

En cuanto a las condiciones básicas de vivienda, actualmente más del 93 por ciento de la población indígena de Nayarit no cuenta con un refrigerador, un electrodoméstico básico para la conservación de alimentos y la prevención de enfermedades causadas por descomposición; y más del 81 por ciento de las comunidades indígenas de Nayarit no cuentan con sistema de drenaje. Las condiciones de higiene con las que viven estas comunidades ponen en riesgo su salud y calidad de vida.

Hacia programas más efectivos

A decir de Abel Barrera, el gobierno mexicano aún tiene una agenda pendiente con los pueblos indígenas. Para conseguir mejores condiciones de vida e igualdad entre la población indígena y no indígena es necesario que se respete su patrimonio, sus territorios y su derecho a la libre determinación. El director de Tlachinollan, cuya labor de defensa de derechos humanos se realiza en una de las zonas más pobres de México, explica que “el modelo de desarrollo comunitario no necesita de proyectos privatizadores para explotar sus recursos” para ser exitoso.

La consulta a los pueblos indígenas y el respeto a su forma de organización son clave para promover el desarrollo de estos pueblos, insta la directora general de planeación y consulta de la Cdi. De acuerdo con su análisis, los programas federales que se han emprendido para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades han sido favorables, no obstante, necesitan ser mejor focalizados y requieren de una coordinación adecuada entre los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, programas que solventen problemáticas inmediatas o de corto plazo no serían la única solución. Jesús Mena, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, asegura que para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas se requiere una planeación a largo plazo, y mayor inversión en infraestructura para poder acceder a nuevos mercados y promover así actividades que permitan generar más y mejores ingresos para estas comunidades. Además, el éxito de los programas de gobierno depende de la evaluación que se haga de los mismos para redirigirlos hacia las nuevas necesidades de estos pueblos.

Programas como Procampo u Oportunidades no serían suficientes para las 125 comunidades indígenas con menor Índice de Desarrollo Humano en México, pues sus condiciones de vida aún no son favorables ni en alimentación, salud, educación y otras áreas. Abel Barrera sentencia que “se han negado las condiciones para vivir dignamente en esta región”.

Mariela Paredes
Fuente
Contralínea (México)