Triquis: pobreza y violencia extremas (I)

Fotos: José Luis Santillán

Yosoyuxi, Copala, Oaxaca. La velocidad de la camioneta supera los 120 kilómetros en la modesta y sinuosa carretera que va de Juxtlahuaca a la región triqui. Un automóvil blanco la rebasa. En la siguiente curva, el vehículo ha desaparecido. El guía triqui no se asombra de la velocidad con que se desplazan los autos: “Podríamos ser emboscados”, explica.

La Sierra Mixteca de un lado. Sobre la carretera hay casas que lucen con las fachadas descarapeladas, agujeros de bala. No hay salida de emergencia ni escondite. De un momento a otro cualquiera podría ser atacado. La tensión que se despertó, desde noviembre de 2009, entre las organizaciones de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente sigue vigente.

Por eso la gente ha abandonado los cafetales, los platanares, las siembras. Los hombres ya no pueden trabajar en los campos de estas comunidades indígenas. Las armas no han desaparecido ni la división de los grupos ni el descontento. Todo permanece en tensa calma.

Decenas de personas han sido desplazadas de esta región y del centro ceremonial San Juan Copala. Hay quienes encontraron un espacio donde vivir en el plantón que permanece en el centro de la capital oaxaqueña, en municipios aledaños, en el distrito más cercano (Juxtlahuaca), incluso en la capital del país. Familias enteras se han disgregado. Orfandad, viudez y abandono marcan a las comunidades triquis.

Rafael González López, líder de Yosoyuxi, afirma que son más de 50 las personas asesinadas desde que se declararon en autonomía.

Recuerda la muerte de Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jyri Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, ocurridos en la emboscada a una caravana de paz el 27 de abril de 2010. Así como de uno de los principales impulsores del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Timoteo Alejandro Ramírez, y su esposa, el 20 de mayo del mismo año.

Aunado a la violencia e inseguridad, “aquí hacen falta aulas, trabajo, médico permanente, pero lamentablemente no llega el apoyo como se debe. Tampoco nos atrevemos a pedir el apoyo al estado”, indica.

El hombre indígena, que forma parte del movimiento autónomo que se comenzó a organizar en 2007, considera que todo lo que les hace falta es que las administraciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) asuman su papel.

Y es que, dice, “se nos ofrece traer recursos cuando se forman mesas de trabajo relacionadas con los temas de justicia; pero ellos no nos toman en serio, no cumplen sus promesas”.

En octubre de 2012, defensores de derechos humanos anunciaron que la administración de Gabino Cué Monteagudo informó que se giraron 12 órdenes de aprehensión en contra de los involucrados en el asesinato de la directora de Cactus y del observador finlandés, sin que hasta el momento se haya detenido a alguno de los responsables.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), esta comunidad indígena, compuesta por más de 800 habitantes, vive en un grado de marginación “muy alto”. Sin embargo, esos números oficiales no se refieren a otras problemáticas, como la incertidumbre, el hambre y el miedo que hay en la región.

Infografía:

Los desplazados

El cuerpo de su esposa lo libró de la muerte. A cambio, la vio morir junto con el bebé que llevaba en el vientre. Víctima de una emboscada, el 19 octubre de 2010, Jordán González Ramírez y sus hijos son una de las familias que viven desplazadas, originarias del municipio de San Juan Copala. El refugio lo encontraron aquí, en Yosoyuxi.

Tiene 32 años de edad. Es cabeza de familia de seis hijos y de su madre, de 73 años. Vive con la mitad de su cuerpo paralizado, semidormido o frío, como lo describe él. Viste pants y sudadera, calza huaraches, sus extremidades del lado derecho las cubre con un guante y un calcetín.

A Jordán le queda poco de lo que había construido para él y su familia. Dejó todo en Copala: su parcela, su casa y un carro que utilizaba como taxi y con el que daba sustento a los suyos. Ahora, él y sus hijos duermen en el piso de tierra de una casa prestada. No tienen ningún apoyo social porque tampoco cuenta con documentos personales y oficiales.

Hace 2 años fue beneficiario del gobierno perredista de Gabino Cué Monteagudo, que entregó a las familias desplazadas 140 mil pesos. Con esto han podido llevar los gastos de alimentación y vestimenta que han necesitado desde la entrega. Sin embargo, este apoyo está a punto de agotarse, y ahora lo que más le importa es recuperar las fuerzas para poder trabajar.

La misma situación la vive Guadalupe Martínez, quien relata en triqui que tuvo que salir de su casa porque su hija fue asesinada hace 3 años. Tuvieron que escapar del centro ceremonial de San Juan Copala el 8 de noviembre de 2009, cuando grupos armados comenzaron a incendiar las casas de adobe y láminas en las que vivían. Su cuñado Santiago Cruz también fue asesinado.

Filemón Sánchez, otro de los representantes de esta comunidad, explica que aquí “ya no hay tranquilidad, pero el problema más preocupante es el retorno de los compañeros hacia San Juan Copala, porque sufren de trabajo y escuela; es preocupante todos los días. Los gobiernos estatal y federal saben perfectamente quién está detrás de todo esto y no han movido ni un dedo para que los culpables de los delitos estén encarcelados, no queremos ni un muerto más.

“Lo que vemos es que el gobierno nos ve como cualquier cosa; para nosotros no es correcto todo esto. Por ello es urgente atender este asunto. Hay 700 personas desplazadas. Las autoridades sólo hacen promesas y no vemos resultados”, comenta el indígena triqui, simpatizante de la autonomía en la comunidad.