Parte I: Calderón se fue blindado

Felipe Calderón dejó un país inmerso en la violencia y la pobreza; pero, a diferencia de los mexicanos, él se aseguró un blindaje en materia económica y de seguridad. El 30 de noviembre de 2012, último día de su gobierno, publicó una modificación al reglamento del Estado Mayor Presidencial para aumentar su protección física. Aunado a ello, el erario le pagará una pensión de 215 mil pesos al mes.

“El pueblo de México ahora está obligado a pagar la protección del expresidente y su familia, no sólo con elementos del Estado Mayor Presidencial, sino también con armas, unidades, viáticos. Es lamentable que estemos en este nivel de impunidad y privilegios en un Estado como el nuestro”, señala el diputado federal por el Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila.

En entrevista con Contralínea, afirma que la disposición de Calderón es caprichosa, absurda e injusta: ubica a la familia del expresidente en una condición de privilegio frente a todas las familias mexicanas.

—¿Las modificaciones al reglamento del Estado Mayor Presidencial significan el miedo de Calderón?

—¡Claro! Por eso se hicieron unas horas antes. Son una burla al pueblo. Si el PRI [Partido Revolucionario Institucional] fuera congruente ya hubiera derogado esas disposiciones.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala en su artículo 11 que el jefe del Estado Mayor Presidencial tendrá la atribución de “autorizar, de acuerdo a los análisis de riesgo correspondientes, la ampliación de los servicios para garantizar la seguridad de los expresidentes de la República y de su familia, en cada caso particular” (sic).

El artículo 24 refiere que corresponde a la sección séptima –encargada de la protección a personas– planear, organizar, proporcionar y controlar los servicios para garantizar la seguridad inmediata de los expresidentes y sus familias,y proponer la asignación de efectivos y demás medios de seguridad.

Además, corresponde a esa sección “planear, organizar, proporcionar y controlar los servicios de escolta para proporcionar seguridad dinámica a las personas que por la importancia de su cargo, encomienda o situación, expresamente ordene el titular del [Poder] Ejecutivo federal”.

Sin embargo, el decreto establece que los expresidentes Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría mantendrán el mismo número de elementos del Estado Mayor Presidencial que tienen asignados para su seguridad y la de su familia.

En la Cámara de Diputados, Monreal Ávila presentó en diciembre de 2012 un punto de acuerdo para que se exhortara al nuevo titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a hacer una revisión del reglamento para después derogar el decreto.

No obstante, el pasado 9 de enero, la Comisión Permanente que preside la senadora priísta Hilda Estela Flores Escalera rechazó el punto de acuerdo.

En la discusión, los ánimos en el Congreso se exaltaron. “Las nuevas disposiciones en el reglamento del Estado Mayor Presidencial son una ofensa para la población. Calderón dijo que los muertos por la guerra contra el narco eran ‘daños colaterales’ con una frialdad impresionante. Se va ir a Harvard protegido, pero los mexicanos no sabemos hasta qué grado de parentesco están obligados los elementos del Estado Mayor Presidencial a prestar apoyo. No hacer el exhorto es permitir la intolerancia, el cinismo y la cerrazón”, señaló el diputado del Movimiento Ciudadano.

Al referirse a la familia de Calderón, cuestionó: ¿van a proteger a los hijos, la esposa, los hermanos, cuñados, sobrinos? ¿A quiénes protegerá el Estado Mayor Presidencial? ¿Y a las familias de los 100 mil muertos por qué no las protege el Estado Mayor Presidencial?

El diputado panista Carlos Alberto García González llamó a la Comisión Permanente para desechar el punto de acuerdo planteado por Monreal Ávila, con el argumento de que las modificaciones al reglamento del Estado Mayor Presidencial buscan la protección de los ciudadanos que han desempeñado leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República.

“En [el Partido] Acción Nacional estamos a favor de la existencia de las garantías para el ejercicio de un cargo público de alto riesgo. Debemos dar garantías de seguridad y protección; de lo contrario será evidente y hasta natural, que cualquier ciudadano se niegue, justificadamente, a ejercer un cargo sin el respaldo institucional que le asegure su integridad física y moral”, explicó García González. También aseguró que en diciembre de 2012 se encontró a Calderón en un centro comercial de Estados Unidos y éste sólo tenía a un elemento a cargo de su protección.

Ricardo Monreal explica a Contralínea que el punto de acuerdo que promovió fue rechazado debido a que es un problema de intereses, donde hay pactos de impunidad entre el PRI y el PAN.

En etrevista, el diputado priísta Manuel Añorve asegura que es un deber garantizar la seguridad de los expresidentes. “No podemos caer en debates políticos cuando los presidentes de la República tienen que tomar decisiones fuertes y difíciles que afectan a muchos, por ejemplo, en materia de seguridad, cuando se toman decisiones con una visión estratégica por parte de un presidente de la República, sobre todo cuando existe el combate a la delincuencia, necesariamente éste debe de salir con seguridad”.

Infografía:

Decreto, inconcluso

Jorge Luis Sierra, especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, explica que no es extraño que los cuerpos de seguridad de los expresidentes cuiden a sus familias; no obstante lo hacen por un tiempo limitado.

Pone como ejemplo al Servicio Secreto de Estados Unidos, el cual protege a las familias directas de los expresidentes: esposas e hijos menores de 6 años. A partir de una modificación que hicieron a su reglamento en 1997, la protección sólo dura 10 años a partir del fin de su mandato.

“En ese sentido, Bill y Hillary Clinton fueron los últimos presidente y primera dama, respectivamente, en recibir la protección vitalicia”, señala el investigador.

Sierra indica que en Colombia, donde podría haber grupos de la delincuencia organizada interesados en dañar a los exfuncionarios que los combatieron, la protección es exclusiva para los presidentes y vicepresidentes; en la legislación no se han contemplado a los expresidentes ni a sus familias.

“La protección que [se] aseguró Calderón no tiene ningún plazo, puede ser vitalicia. No hay ninguna cláusula o artículo dentro de las modificaciones que explique qué pasaría si el expresidente muriera.”

El especialista en Fuerzas Armadas observa una vulnerabilidad en esta situación: si el decreto no se modifica podría ocurrir que, en caso de que falleciera el expresidente Calderón, sus hijos con 50 o 60 años de edad podrían seguir recibiendo protección del Estado Mayor Presidencial.

“Es un decreto necesario, pero también es inconcluso, excesivo y con muchos vacíos legales que se tendrían que discutir.”

—¿A qué se deben estas modificaciones, precisamente el último día del presidente en el cargo?

—Tal vez las evaluaciones del expresidente y de su equipo de seguridad concluyeron que el riesgo que corre Calderón al dejar la Presidencia sigue siendo muy alto; por lo tanto, sería necesaria una cobertura. Sin embargo, si él pide la misma protección que tenía cuando era presidente, absorberá una cantidad importante de los recursos del Estado Mayor Presidencial y obligará a una expansión presupuestal.