Lima, Perú. “Una reserva es una herramienta para proteger los derechos de estas poblaciones que se han visto obligadas a aislarse por una serie de vulneraciones que han sufrido, sobre todo en la Época del Caucho (comprendida entre los años de 1879 y 1912). Tenemos una deuda histórica con ellos”, dice a Tierramérica el director general de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos en el Viceministerio de Interculturalidad, Paulo Vilca.

La fiebre del látex (extraído de grandes árboles amazónicos de caucho) se extendió en las últimas décadas del siglo XIX y primera mitad del XX, y junto con la prosperidad a sus explotadores trajo enfermedades, muerte y exterminio a los indígenas, obligados a trabajar como esclavos.

Un pueblo en aislamiento voluntario es aquel que decide no tener ningún vínculo con la sociedad del país donde se encuentra por razones históricas, como aquel exterminio. Otra categoría la conforman los grupos con contacto inicial, que si bien han resuelto mantenerse aislados, establecen algún tipo de relación con el mundo exterior por razones concretas de su interés, como la atención en salud.

Sólo después de varios años de espera, una comisión multisectorial reconoció, en agosto de 2012, cinco reservas: la Isconahua, la Murunahua y la Mashco-Piro –las tres en la oriental región de Ucayali–, Madre de Dios –en la suroriental región homónima– y Kugapakori –Nahua– Nanti y otros, en la sureña Cusco.

En esta última se encuentran los pueblos Matsiguenga y Yora y también el Lote 88, un área con yacimientos de gas natural que forman parte del proyecto Camisea.

Pero las cinco aún están en trance de pasar de reservas territoriales a indígenas, una categoría creada en 2007 por la Ley 28.736, para brindar mayor protección a los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

Para que ese reconocimiento sea oficial, el Poder Ejecutivo debe promulgar un decreto supremo. El Viceministerio de Interculturalidad presentó en la primera semana de marzo pasado la propuesta que ahora evalúa la presidencia del Consejo de Ministros.

Así se habilitará la “categorización” de la reserva indígena, lo que equivale a delimitar el territorio necesario para dar más garantías a esas poblaciones que viven amenazadas en forma permanente, indica Vilca.

Según el abogado Julio Ibáñez, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, es necesario que las organizaciones indígenas formen parte de la comisión que evalúa estas solicitudes, para que los pueblos tengan “voz y voto”.

“Esto garantizaría que los derechos de indígenas en aislamiento o contacto inicial estén representados y protegidos por organizaciones verdaderamente representativas”, dice Ibáñez a Tierramérica.

Esa comisión está conformada por representantes del gobierno nacional, de los regionales y de las universidades, pero sin delegados indígenas.

Vilca señala que su dirección se encuentra elaborando la propuesta de una norma para incorporar organizaciones indígenas a la comisión.

Desde que se reactivó, a mediados de 2012, la comisión tiene varios temas pendientes, como evaluar solicitudes para reconocer otras cinco reservas que aguardan desde hace 10 y 14 años.

Vilca se apresta a elaborar un informe al respecto tras recibir, en diciembre de 2012, los expedientes de estos pedidos del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa).

El funcionario reconoce que el Estado no prestó atención suficiente a estas poblaciones, lo que ahora se intenta rectificar.

De las cinco reservas territoriales reconocidas, sólo Kugapakori-Nahua-Nanti tiene un puesto de control.

El Viceministerio anunció la firma de convenios con gobiernos locales y con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas para garantizar la protección de las otras reservas.

Mientras tanto, alrededor de ellas se ciernen amenazas de todo tipo: desde tala ilegal hasta explotación de petróleo.

La empresa Pluspetrol Perú Corporation intenta ampliar sus actividades del Lote 88, en el área de influencia de la reserva Kugapakori, donde se encuentran las comunidades en contacto inicial Santa Rosa de Serjali, Montetoni y Marankeato, y en la zona de amortiguación del Parque Nacional del Manu.

En 2010, el ente estatal que promueve las inversiones en hidrocarburos aceptó la solicitud de Pluspetrol, y ésta presentó los términos de referencia y un plan de participación ciudadana para modificar el Estudio de impacto ambiental, con el propósito de incluir las nuevas actividades.

En mayo de 2012, técnicos del Indepa y de la dirección de Vilca señalaron que las actividades de exploración pondrían en riesgo a los pueblos en aislamiento.

Por eso, los mecanismos de participación sólo podrían aplicarse a los tres asentamientos mencionados.

Pluspetrol insistió en preguntar a la dirección de Vilca si debía presentar un plan de participación ciudadana para informar de sus actividades a esos tres asentamientos en contacto inicial.

La respuesta, a fines de agosto pasado, señaló que no era necesario, a menos que la propia población lo requiriera, y que debía hacerse en coordinación con el Viceministerio, ya que se trataba de un procedimiento ad hoc.

La organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (Dar) cuestionó esa respuesta, pues abre la posibilidad de que se realicen talleres informativos en territorios que deben ser protegidos.

Vilca replicó que no es función del Viceministerio de Interculturalidad promover inversiones, “sino hacer que se respeten los derechos de los pueblos”.

Además, su equipo aún debe evaluar la modificación del Estudio de impacto ambiental para ampliar las actividades del Lote 88, y esa evaluación en este caso es vinculante.

Luego de una denuncia de actividades de Pluspetrol en el área de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, la empresa señaló que no seguiría con sus planes en la zona. Pero Dar y organizaciones indígenas creen que el panorama no está claro.

Tierramérica solicitó sus versiones a Pluspetrol y a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, pero no obtuvo respuestas hasta el cierre de esta edición.

Mientras se aclara el escenario, 1 millón de dólares aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo se utilizarán este año para brindar protección a las reservas indígenas, informa Vilca.

Milagros Salazar
Fuente
Contralínea (México)