El 30 de junio, los Departamentos del Tesoro y de Justicia de los Estados Unidos y el estado de Nueva York impusieron una multa récord de 8 970 millones de dólares al banco francés BNP Paribas, por no acatar los regímenes de sanciones unilaterales del gobierno norteamericano [estadounidense] contra diversos países. En el caso específico de Cuba, se acusa a esta institución bancaria, según el Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, de haber «procesado miles de transacciones con entidades cubanas, que totalizan más de 1 700 millones de dólares».

Esta multa, que constituye la mayor impuesta en toda la historia por el Gobierno de Estados Unidos por violaciones del bloqueo contra Cuba y de las sanciones vigentes contra terceros países, violenta las normas del Derecho Internacional y califica como una aplicación extraterritorial e ilegal de la legislación norteamericana contra una entidad extranjera.

En momentos en que se negocia un Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, cabe preguntarse si esta es la forma en que el gobierno norteamericano continuará tratando a sus aliados, y qué utilidad tienen los reglamentos y leyes antídoto europeos si no se aplican para proteger la soberanía y los intereses nacionales y de las entidades afectadas ante tales arbitrariedades.

BNP Paribas se une a la larga lista de entidades financieras, comerciales, económicas y de otro tipo, norteamericanas y extranjeras, que han sido objeto de medidas punitivas, en el contexto del recrudecimiento del bloqueo y, en especial, de la persecución financiera contra Cuba.

Con esta nueva multa, el gobierno del presidente Obama supera a todos sus predecesores, al acumular penalidades contra decenas de entidades que sobrepasan los 11 000 millones de dólares, aplicadas al amparo de los diversos regímenes de sanciones.

Una vez más, el Gobierno de Estados Unidos hace caso omiso al abrumador rechazo internacional a esta política criminal y fallida contra nuestra nación. Con acciones como esta ignora, además, los crecientes reclamos de distintos sectores de la sociedad norteamericana a favor de un cambio esencial en la política hacia Cuba.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba denuncia este atropello contra la soberanía de los Estados, las normas de libre comercio y del Derecho Internacional.

La Habana, 2 de julio de 2014