Ayotzinapa: entre la incredulidad, la desconfianza y la simulación

No importa el día, la lluvia o el sol, nosotros continuaremos con nuestra exigencia que es y seguirá siendo la misma: presentación con vida de nuestros compañeros, y que sepa el gobierno que 2015 será nuestro año

Omar García, vocero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, 26 de diciembre de 2014

Han pasado 4 meses desde los hechos violentos de Iguala, Guerrero, del 26 y 27 de septiembre y, pese a los avances y las decenas de detenidos, sigue faltando de parte de las autoridades federales un esclarecimiento creíble de lo acontecido y la presentación con vida de los desaparecidos. Hace casi 2 meses, y coincidiendo con la jornada de movilización nacional e internacional del 6 de diciembre en apoyo a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se difundió por varios medios informativos y redes la noticia de que algunos de los restos óseos encontrados por la Procuraduría General de la República (PGR) en los alrededores de Cocula y que posteriormente fueron enviados a la Universidad de Innsbruck pertenecen a Alexander Mora Venancio. Más allá del halo de avance sustancial con el cual ciertos medios informativos y las autoridades quisieron revestir la noticia, la certeza del paradero de Alexander abre dos interrogantes impostergables: ¿dónde están los otros 42 normalistas secuestrados y desaparecidos desde el 26 de septiembre? Y, no menos importante y dolorosamente urgente, ¿cuál fue la historia de violencia y agravios que culminó en que de Alexander sólo se encontraron unos cuantos restos óseos? Para el caso de Iguala se cierne la sospecha de que Alexander tuvo una muerte atroz y brutal, como la de sus tres compañeros normalistas ultimados la noche del 26 de septiembre a manos de los policías municipales y como las de decenas de miles de mexicanos desaparecidos y asesinados por el crimen organizado y las fuerzas de seguridad corrompidas y coludidas con los grupos delictivos en el transcurso de estas dos últimas administraciones federales. Lo noticia sólo vino a ensombrecer y deteriorar aún más la prácticamente inexistente y precaria confianza que los padres de los normalistas y diversos sectores de la sociedad mexicana tenían hacia los procesos de indagación oficiales y las autoridades mexicanas.

Estado indolente

A la fecha y a pesar de la captura de decenas de personas involucradas en los asesinatos y desapariciones de Iguala, las acciones e indagatorias de las autoridades federales no han podido dar respuesta a los puntuales y legítimos reclamos de los padres: la aparición (con vida) de los normalistas, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a todos los responsables materiales e intelectuales (así como a aquellos que por omisión son parte de estos hechos). El actuar del Estado mexicano se explica considerando dos hechos. Primero, hay una falta de infraestructura (de recursos materiales y humanos) para la atención de las desapariciones: no hay ni aparatos legales idóneos ni organismos oficiales especializados. Pero, en segundo término y sobre todo, por una dudosa voluntad política que se ha manifestado en una cadena de hechos: la primera intención de atribuir un carácter local al caso y circunscribirlo al ámbito de las autoridades de Guerrero, la tardía atracción de la investigación por parte de la PGR, el intento de inculpar a los normalistas al vincularlos a un grupo rival de los Guerreros Unidos, la falta de información creíble, el tardío encuentro del Ejecutivo con los deudos, la presentación irregular e inconsistente de una versión de lo acontecido en Iguala con insuficiente y parcial evidencia (basada sobre todo en declaraciones).

Ayotzinapa recuerda y muestra fehacientemente una vez más los saldos y deudas pendientes que el Estado tiene con la sociedad y que son resultado de la violencia del sexenio anterior y lo que va de éste, los más de 100 mil asesinatos y las decenas de miles de desapariciones forzadas que no se han investigado y que están relacionadas con la política de seguridad oficial (particularmente con la “guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado). La relativamente reciente creación del Sistema Nacional de Atención de Víctimas ha sido una medida mediática que no ha dado respuesta creíble a los miles de familiares de las víctimas. Por otro lado, los hechos de Iguala muestran también que el Estado mexicano incumplió las recomendaciones que, desde 2011, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Desapariciones Forzadas, Ariel Dulitzky, había hecho. La visita a México en noviembre de 2014 del relator Dulitzky con relación al caso Iguala mostró que las autoridades federales, pese a que podrían tenerlos, por omisión y desidia política no cuentan: 1) con un marco jurídico adecuado para indagar los miles de casos de desapariciones forzadas; 2) tampoco tienen ni han generado un banco genético para la identificación de los desaparecidos y carecen de protocolos e infraestructura (organismos oficiales especializados) para dar atención a estos casos. Pese a la magnitud (estamos hablando de miles y miles de víctimas) y el carácter histórico estructural que han adquirido este tipo de crímenes (desde hace casi 1 década son una constante de la vida sociopolítica del país), la actual administración federal no ha reconocido en su justa dimensión ni atendido a cabalidad la gravedad de la situación.

Guerrero, reflejo estructural y nacional del agravio

Si bien Guerrero tiene una historia de violencia política y lucha particular, las desapariciones forzadas y los asesinatos de Iguala no son un caso aislado ni privativo de esa entidad federativa; por el contrario, se suman a las decenas de miles de desaparecidos y asesinados en el territorio nacional en los últimos 8 años. Las desapariciones y asesinatos no son nuevos en Guerrero: ya desde la Guerra Sucia y el terrorismo de Estado (a nivel federal y estatal) de la década de 1970 estas formas de violencia política se dirigieron a diversos grupos y organizaciones sociales, políticas e insurgentes (como las de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez) e implicaron centenas de desapariciones y asesinatos; posteriormente acontecieron [las matanzas de] Aguas Blancas y el Charco. Guerrero es un ejemplo acentuado de la vieja cultura política caciquil y represiva del antiguo régimen del Partido-Estado, muestra fehaciente de la marginación estructural de carácter socioeconómico que se funda en la desigualdad. Sin embargo, en el caso de Iguala además están presentes una serie de problemáticas nacionales que no se limitan a una región y que, desde hace años, definen la vida política del país: colusión de los grupos delictivos con autoridades y diversas fuerzas de seguridad, impunidad, negligencia oficial y desdén generalizado por los derechos y la seguridad del común de los ciudadanos.

Ausencia de la voluntad política

Una de las razones en que se funda la suspicacia y la ausencia de credibilidad hacia las autoridades federales con respecto del caso de Iguala remite a que hubo una serie de antecedentes claros. Muchos meses antes de los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, sectores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) vinculados a René Bejarano y miembros de organismos de derechos humanos relacionados con el obispo Raúl Vera denunciaron ante el gobierno federal la participación directa del exalcalde de Iguala en el asesinato de un síndico municipal y de tres miembros de la organización Unidad Popular, además del precedente de las muertes violentas en 2011 de dos estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

A esta indolencia frente a ese contexto de violencia política se sumó la inconsistente e irregular actuación del Estado mexicano una vez que, forzado por la presión social y mediática en México y el extranjero, atrajo el caso. El recuento de desencuentros y tensiones es largo:?la incorporación tardía de las autoridades federales y marcada por una falta de coordinación y tensión con las autoridades de Guerrero, la falta de información y de avances de las investigaciones a los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, posteriormente se intentó criminalizar a las víctimas al vincularlas de manera infundada al crimen organizado, el Ejecutivo federal tardó semanas en reunirse con los deudos, además de la presentación mediática de versiones dudosas y con múltiples inconsistencias (basadas sobre todo en el testimonio de algunos perpetradores y con muy poca evidencia física de soporte).

Conforme pasan los días y semanas, el Estado mexicano y sus instituciones encargadas del caso de Iguala han perdido legitimidad frente a los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos. Esta falta de credibilidad se extiende a grandes grupos de la sociedad y diversas organizaciones políticas y sociales. Con base en el sinuoso actuar de la PGR y los resultados parciales e inconsistentes de las indagaciones oficiales, hay una amplia percepción social de que el Estado esconde o guarda para sí información, surge la inquietud de que las respuestas dadas son forzadas e insuficientes y sólo buscan dar por concluido el caso. Por ello, los padres han reiterado que dejen trabajar al Equipo Argentino de Antropología Forense y han aseverado que sólo reconocerán los resultados de las indagaciones de dicho Equipo.

Suspicacia y desencuentro

De este modo, a poco más de 3 meses de los hechos de violencia de Iguala y pese a las decenas de personas detenidas por estar involucradas (material e intelectualmente) en las desapariciones y asesinatos, sigue sin saberse del paradero de los más de 40 estudiantes normalistas que fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Desde su inicio y a causa de diversas irregularidades e inconsistencias, las indagatorias oficiales (primero estatales y posteriormente federales) despertaron un halo de suspicacia e incertidumbre. No obstante, ahora, con la información difundida hace varias semanas por múltiples medios de comunicación acerca de que datos y evidencias clave (testimonios de normalistas y reportes provenientes de los aparatos de seguridad) deliberadamente fueron descartados y de que análisis científicos ponen en entredicho la versión difundida de la PGR (de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en un basurero de Cocula), se ha incrementado y generalizado en múltiples sectores de la sociedad la falta de credibilidad respecto a la capacidad y voluntad política de las instituciones federales de procuración de justicia para resolver el caso Iguala. Muy lejos está el Estado de dar una respuesta verosímil y satisfactoria a las tres demandas principales de los padres y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa: 1) presentación con vida de los estudiantes desaparecidos; 2) esclarecimiento creíble y fidedigno de los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala; 3) castigo a todos los responsables (materiales e intelectuales) de estos hechos, así como de aquellos que por omisión y/o negligencia hayan tomado parte. Los asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa son sólo la agreste punta de un iceberg colosal que demuestra que la impunidad y la negligencia son, desde hace décadas y particularmente con relación a la violencia hacia los sectores populares (estudiantes, maestros, campesinos e indígenas), una constante de la vida política y social del país. Conforme pasan las semanas y meses el Estado demuestra de facto que para él hay vidas que valen menos y son prescindibles.

Inicio viciado

El reclamo de que se incorporaron otras líneas de indagación en las investigaciones oficiales del caso Iguala no es una petición nueva, tiene antecedentes desde hace meses. Sin embargo, esta exigencia se ha incrementado significativamente desde la reciente difusión de información en torno a que no se estaba considerando, y de facto se omitía, evidencia relevante respecto al caso Iguala-Ayotzinapa. No obstante, ya desde los días posteriores al 26 de septiembre de 2014 los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, junto con organismos sociales (como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan), insistieron reiteradamente que dentro de las indagatorias oficiales no se estaba retomando información significativa relativa al caso. 1) Por un lado, se dejaban de lado los múltiples testimonios de los normalistas sobrevivientes y agredidos que vivieron y presenciaron los hechos, las declaraciones de aquellos que sufrieron en carne propia los agravios de las fuerzas de seguridad; 2) por otra parte, tampoco fueron incorporados como información pertinente para el esclarecimiento de los hechos los registros audiovisuales que estos mismos estudiantes lograron grabar con sus teléfonos celulares la noche de la agresión.

Dicha evidencia apuntaba y sugería que, más allá de la versión que públicamente ha postulado la PGR con relación al involucramiento único y exclusivo de autoridades municipales y grupos del crimen organizado en los hechos de Iguala, también habían sido participes (directa e indirectamente) otras instituciones de seguridad del Estado mexicano. Frente a este panorama surge una pregunta de respuesta obligada ¿En qué investigación seria y cabal se omite deliberadamente y sin explicación razonable videos de los acontecimientos y testimonios de las víctimas que sufrieron de manera directa las agresiones y la violencia? La carencia y falta de justa valoración de esta información clave no sólo manifiesta una actitud deliberadamente negligente y fuertemente sesgada, sino que, además el desdén e indiferencia oficial hacia los deudos de las víctimas contribuye directamente a propiciar situaciones de impunidad (en la medida en que se dejó de lado evidencia fundamental que contribuirá a la resolución del caso y quedó relegado el ejercicio de la justicia y el castigo de todos los responsables).

Una versión muy improbable de los hechos

Las críticas que ponen en entredicho la versión de la PGR sobre los hechos de Iguala tienen dos vertientes (complementarias entre sí) y ambas coinciden en apuntar la insuficiencia de información, evidencia material y pruebas que han mostrado las indagatorias oficiales en el transcurso de estos meses.

1) Una de las refutaciones, sostenida por los físicos Jorge Montemayor, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Pablo Ugalde, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, recalca que, conforme a lo que hasta ahora se sabe y se ha hecho público, no es posible que haya acontecido el asesinato e incineración de los estudiantes en el lugar señalado por la PGR; lo cual conduciría a abrir otras líneas de investigación y a la incorporación de otros datos y evidencias que a todas luces han sido minusvalorados. Con base en diversos análisis y explicaciones en torno a las condiciones físico-químicas necesarias para incinerar decenas de cuerpos (temperatura necesaria, insumos e infraestructura materiales requeridos para ese proceso de combustión, condiciones meteorológicas, entre otros), concluyeron que, contrario a lo sostenido por la PGR, no es físicamente factible que se hayan asesinado y calcinado a los normalistas en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre; y que, si efectivamente se asesinó y quemó a los jóvenes de esa manera, esto se llevó a cabo en otro lugar y con el sustento de infraestructura material adecuada como hornos especializados, como crematorios (La Jornada, 4 de enero de 2015).

2) El otro cuestionamiento se funda en información de una investigación periodística (Proceso 1989, 1990 y 1991) que, recurriendo a testimonios de los normalistas (sobrevivientes de los hechos de violencia) y a datos y reportes obtenidos de los órganos de seguridad e inteligencia del Estado mexicano como el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo de Chilpancingo, el C4, (Proceso 1989), señala tanto el involucramiento de otros actores institucionales (la Policía Federal y el Ejército) como el hecho de que autoridades de diversos órdenes de gobierno (estatal y federal) sabían en tiempo real lo que estaba aconteciendo en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa durante la noche del 26 de septiembre y no hicieron nada por evitarlo.

Esta información viene nuevamente a cuestionar y sembrar serias dudas sobre la versión de los hechos que ha difundido y defendido a capa y espada la PGR y vuelve a poner sobre la mesa el tema de cuál es la verdadera voluntad política del Estado mexicano para resolver el caso; el recuento previo apunta más bien a que la intención de las autoridades federales es dar carpetazo y cerrar el caso con miras a enterrar la crisis política en que se encuentra sumido el Estado desde fines de septiembre pasado. Asimismo y en un nivel mucho más amplio y general, plantea la inquietud de que, dado el involucramiento y participación directa e indirecta de actores e instituciones estatales en los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa y las circunstancias de impunidad que han rodeado el caso Iguala, el Estado mexicano y sus instituciones no son capaces ni de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ni de impartir justicia y castigar hechos criminales. En el contexto de un Estado cómplice, negligente y que fomenta de facto la impunidad, los padres y compañeros de los normalistas, junto con amplios sectores de la sociedad, han exigido y pedido que también se lleven a cabo investigaciones independientes y externas (como las que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense) y que intervengan organismos internacionales (como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en la búsqueda de los desaparecidos y la resolución del caso.